10 desinformaciones del Estado cubano en su Examen Periódico Universal de DD.HH. en la ONU

Durante el IV Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que estipula que cada Estado Miembro de la ONU se someta cada 4 años y medio a un análisis de su ejecutoria, la delegación oficial cubana expuso el 15 de noviembre en Ginebra (Suiza), un discurso en ocasiones manipulador y desinformador. Martí Verifica identificó diez frases de diferentes representantes del régimen de La Habana que indistintamente son FALSAS o ENGAÑOSAS.  

1- Sí hay prisioneros políticos en Cuba

En el contexto del EPU, y como parte de la propaganda para apoyar a la delegación oficial en la ONU, la Cancillería cubana afirmó en redes sociales: «No existen presos políticos. Nadie es condenado por su posición política».  Esto es FALSO

Sólo desde las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Política Justicia 11J, ha documentado las detenciones por motivos políticos de 1878 personas, de las cuales 787 continúan en prisión.

Martí Verifica seleccionó tres casos entre más de mil personas sancionadas que, de acuerdo con evidencias visuales, testimonios de familiares y organizaciones internacionales no cometieron los delitos que se les imputaron. 

-Yoan de la Cruz, de San Antonio de los Baños: sentenciado a 6 años de privación de libertad por filmar las protestas y transmitirlas por Facebook. Fue acusado por presuntos delitos de Desacato y Desorden Público.

-Walnier Luis Aguilar, del barrio La Güinera: fue inicialmente sancionado por el supuesto delito de sedición a 23 años de privación de libertad que luego fueron rebajados a 12. Walnier tiene discapacidad intelectual. Según declaraciones de su familia las pruebas presentadas a su favor fueron desestimadas.

-Brusnelvis Cabrera, también residente en La Güinera, ni siquiera estuvo presente en las protestas. En el juicio, su madre presentó fotografías probando que se encontraba en otro lugar cuando ocurrieron las manifestaciones, pero estas tampoco fueron tomadas en cuenta. Fue sentenciado a 15 años de cárcel, por supuestamente incitar a las personas a manifestarse.

Organizaciones de derechos humanos como Cubalex y Prisoners Defenders (PD) cuestionan regularmente la legitimidad y transparencia de los procesos judiciales contra presos políticos en Cuba. PD asegura haber probado en varias ocasiones que el régimen «fabrica» pruebas de manera constante, acusación que es respaldada por los testimonios de personas cercanas a los detenidos.

Más de 144 Estados hicieron recomendaciones durante el Examen Periódico Universal de Cuba, con énfasis en temas relacionados con el respeto a los derechos humanos, como la necesidad de liberar a los presos de conciencia y defender las libertades fundamentales.

2- En las cárceles cubanas no se «garantizan los derechos de todas las personas»

También es FALSA esta afirmación de un representante del régimen cubano en el IV Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos: «En Cuba, los establecimientos penitenciarios y lugares de detención son instituciones donde se respetan y garantizan los derechos de todas las personas».

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en 1958 en Cuba había unas 10 prisiones para una población de 6 millones de habitantes. El OCDH ha registrado 293 centros penitenciarios para una población de alrededor de 10,6 millones de personas, indican cifras oficiales citadas por Diario Las Américas. Las cárceles se multiplicaron por 20.

El régimen cubano declaró por única vez en 2012 queexistían en la isla 57 337 reclusos. Según esta cifra oficial citada en un informe del Institute for Crime & Justice Policy Research (Londres), Cuba sería el 5to país con mayor tasa de población penal del mundo.  

Sin embargo, de acuerdo a datos recopilados por Prisoners Defenders habría más de 90 000 personas encarceladas en Cuba. 

«Cuba tendría la población carcelaria más alta del mundo. Estas cifras ya las hemos verificados, hay 797 detenidos por cada 100 mil habitantes, lo cual significa un 7,94 por ciento de la población que se encuentra en la cárcel», aseguró Sébastien Touze, vicepresidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. 

Prisoners Defenders también denuncia que los prisioneros políticos y de conciencia en Cuba, no tienen “sin supervisión judicial alguna, en violación de la ley internacional y el debido proceso”. El régimen de La Habana niega la existencia de presos políticos en el país. 

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas denunció (Informe Octubre 2023) que «el día a día de los reclusos cubanos está marcado por difíciles condiciones de vida, así como por arbitrariedades y vejaciones de diversa índole». 

El Centro contabilizó en octubre, «153 hechos relacionados con violaciones de derechos a personas privadas de libertad, 23 incidentes más que los documentados en septiembre. Los abusos se produjeron en todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, siendo La Habana (40), Camagüey (19) y Mayabeque (17) los territorios con los mayores hechos acumulados».

Las principales denuncias de organizaciones cubanas e internacionales, familiares de detenidos y medios independientes son: la deficiente alimentación en las prisiones de Cuba, desatención de la salud de los prisioneros, abusos policiales y abusos sexuales, aislamiento indebido, restricción de las visitas familiares y religiosas, incomunicación, entre otros.  

Human Rights Watch (HRW) señaló en un informe: «La negativa del Gobierno cubano a permitir el acceso de organizaciones de derechos humanos y humanitarias a sus prisiones demuestra la falta de una mínima transparencia (…) y demuestra una profunda falta de preocupación por el bienestar de dichos presos». 

En el Índice de Libertad Freedom in the World también se denuncia que los encarcelados por las protestas antigubernamentales del 11J «han sufrido torturas y tratos degradantes mientras estuvieron bajo custodia y sufrieron violaciones del debido proceso durante los juicios posteriores».

Por otro lado, según un registro de Archivo Cuba -que no incluye los últimos 2 años-, en cárceles cubanas han muerto en huelga de hambre más de 14 prisioneros políticos.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel mantiene la prohibición de acceso a las prisiones de observadores de derechos humanos y del derecho humanitario, tanto de organizaciones nacionales como  internacionales.

3- Es ENGAÑOSO que Cuba avanza en la protección de los derechos de las mujeres

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla mencionó en su discurso en Ginebra como avances del Gobierno en este periodo «un programa nacional para el adelanto de la mujer» y «una estrategia integral para la prevención de la violencia de género» en el país.

En Martí Verifica hemos chequeado antes frases similares y explicamos que, a pesar de los «avances» que describe el régimen en materia de género, hay una serie de problemas actuales omitidos por el oficialismo y temas relevantes para la protección de los derechos de la mujer que no están en la agenda gubernamental. 

Además, en este tema el Estado cubano sólo admite como interlocutor válido a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), mientras posterga las principales demandas de la sociedad civil sobre el asunto.

En el país, la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) excluyó del actual cronograma legislativo, que se extiende hasta 2028, la discusión sobre una ley integral contra la violencia de género; según reportes independientes aumentan los feminicidios (según un subregistro de organizaciones independientes: 76 en lo que va de año); no hay refugios para mujeres víctimas de violencia, se criminaliza el activismo feminista independiente del Estado y hay más de 70 presas políticas, de acuerdo a registros de organizaciones de derechos humanos. Puede leer un análisis completo del tema AQUÍ. 

4- Es FALSO que hay libertad de expresión en Cuba 

Uno de los voceros del Estado cubano en el EPU, Yuri Pérez Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de La Habana, afirmó en la ONU que en la isla «están reconocidos constitucionalmente los derechos a la libertad de expresión, de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos (...)».

Si bien es cierto que la legislación cubana recoge estos derechos, en la práctica son vulnerados sin consecuencias por diversas instituciones y funcionarios del régimen.. 

De las palabras del funcionario, Martí Verifica se va a centrar en una de las aristas de lo mencionado: es FALSO que hay libertad de expresión en Cuba. 

Por ejemplo, como se analizó en otro chequeo al discurso público de nuestra unidad de verificación, la nueva Ley de Comunicación no reconoce a los medios de comunicación independientes, aunque el presidente Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios saben de su existencia y han mostrado interés oficial por desarticularlos.

La normativa omite todo un ecosistema de medios digitales surgidos al margen y en varios casos en abierta oposición al Partido Comunista de Cuba (PCC), que han ganado reconocimiento entre las audiencias cubanas y entre sus colegas del hemisferio. Más detalles AQUÍ. 

Además, como se advierte en una publicación de elTOQUE «la libertad de expresión en Cuba está limitada (...) en el gobierno un poder judicial que no es independiente ni imparcial, permite que se entablen procedimientos penales para prevenir, disuadir o castigar la expresión de opiniones discrepantes (...) El Gobierno mantiene en pie una férrea estructura legal, burocrática y administrativa, engrasada por años de uso, para silenciar a los opositores al gobierno, categoría en la cual se encuentran las personas que intentan informar sobre la realidad cubana». 

Martí Verifica también analizó en otro texto, que el régimen de la isla dispone de normas para legalizar el monitoreo y control por motivos políticos de las comunicaciones de los ciudadanos que considere de su interés, incluido el Internet, principalmente en las redes sociales.

En 2019, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel firmó el Decreto-Ley 389, que permite a las autoridades la «vigilancia electrónica o de otro tipo», la «escucha y grabación de voces», intervenir comunicaciones de cualquier tipo, incluido el «acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos», sin que un juez autorice antes la invasión a la privacidad de los ciudadanos.

También el Decreto-Ley 370 sobre «la informatización de la sociedad en Cuba», vigente desde 2019, permite imponer multas respecto a publicaciones en Internet que impliquen: «difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas».

Human Rights Watch denunció que varias normativas del Gobierno cubano relacionadas con las comunicaciones «restringen gravemente la libertad de expresión online y constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios».

Por su parte, Article 19, ONG de referencia en libertad de expresión, concluyó que «Cuba, es una “democracia de papel” que violenta la libertad de expresión».

5- Sí hay detenciones arbitrarias: «son testimonio de las violaciones a los derechos humanos en Cuba»

Durante el EPU 2023, el jefe del Cuerpo de investigación penal especializado en delitos comunes del Ministerio del Interior (Minint), Luis Emilio Cadaval, aseguró que «la ley prohíbe las detenciones arbitrarias y establece las condiciones para la detención de una persona». 

El centro de información legal Cubalex aclaró, tras la afirmación del funcionario, que «las detenciones arbitrarias son testimonio de las violaciones a los derechos humanos en Cuba». 

La organización de derechos humanos señaló que desde 2022 hasta la fecha su equipo ha recogido los siguientes incidentes:

- 906 detenciones arbitrarias, lo que equivale a más de una detención por día

- 466 personas detenidas arbitrariamente, de ellas 159 son mujeres, 306 son hombres y 1 persona de género no binario

- 44 desapariciones forzadas, personas en paradero desconocido por más de un día

Cubalex, advirtió que estas cifras constituyen un subregistro basado en las publicaciones que monitorean sistemáticamente en redes sociales y medios independientes. Por otro lado, la ONG detalló que «durante las detenciones son recurrentes las amenazas de privación de libertad, golpizas y prácticas de tortura, como encerrar a los detenidos en patrullas a altas temperaturas con ventanas cerradas o apretar excesivamente las esposas».

Según el OCDH, «sólo en octubre se registraron al menos 325 acciones represivas contra activistas, de las cuales 108 fueron algún tipo de detención y 217, otros abusos»

6- Desinformación sobre protestas del 11J

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo en su discurso durante el EPU 2023 que «Cuba ha sido y es víctima de sostenidas campañas mediáticas y comunicacionales, dirigidas a proyectar una imagen absolutamente falsa sobre los derechos humanos».

El canciller añadió que «este modus operandi fue implementado, con particular intensidad, en 2021, cuando se intentó forzar una situación desestabilizadora, combinando medidas extremas de asfixia económica con acciones sofisticadas de manipulación, desinformación y operaciones de guerra no convencional o cognitiva, generadas desde territorio y plataformas tecnológicas estadounidenses»

Esta ha sido una reiterada narrativa desinformadora del régimen cubano para justificar las causas y lo que ocurrió en el país durante las históricas protestas antigubernamentales de julio de 2021. En este VIDEO de Martí Verifica también se analiza el tema. 

En un informe de Amnistía Internacional (AI) que «las protestas del 11J fueron un grito desesperado por el cambio en el país». Las manifestaciones «respondieron no solamente a la escasez de alimentos, objetos de higiene personal y medicinas, los constantes apagones y falta de electricidad, sino también respondieron a las restrictivas medidas que había tomado el gobierno para “controlar” los contagios de Covid-19, y a la histórica política de represión del Estado, que ha violentado por décadas la libertad de expresión y reunión pacífica», agregó Amnistía. 

Por su parte, Human Rights Watch señaló en un informe publicado en el primer aniversario de las protestas que «el régimen cubano ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos en respuesta a las protestas masivas de julio de 2021 con el aparente objetivo de castigar a los manifestantes y disuadir futuras protestas». 

Martí Verifica sugiere la lectura del Informe Un año sin justicia, en el que Justicia 11J y Cubalex, en el que se hace un análisis completo en relación a las protestas.   

7-  No existen fuentes de información veraz para familiares de detenidos

Luis Emilio Cadaval afirmó en otra declaración: «En todos los centros de detención existen registros automatizados, lo que permite a los familiares o cualquier interesado conocer en qué instalación y bajo qué cargos se encuentra la persona que se presume detenida». Esto es FALSO.

Al menos en 2012 las prisiones cubanas contaban con el Sistema Autorizado de Control del Recluso (SACORE). Sin embargo, no encontramos datos públicos que confirmen si aún es utilizado, si funciona correctamente o si todos los centros de detención del país lo emplean. Una tesis de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), del mismo 2012, explicó que los funcionarios penitenciarios encontraban difícil su manejo y que el sistema no tenía las funcionalidades necesarias.

Varios testimonios de familiares de presos políticos o detenidos confirman que sus seres queridos estuvieron en desaparición forzada y que en los centros de detención a los que alude Cadaval no les brindaron la ayuda solicitada. El 16 de julio de 2021, la organización Prisoners Defenders (PD) emitió una denuncia a favor de 187 personas desaparecidas tras las protestas del 11J.

«En ninguno de los casos se había dictado una detención con los requisitos necesarios, información de paraderos e información formal por escrito a los familiares y allegados de su situación penal y física», aseguró PD.

La ONG pidió también que los detenidos tuvieran acceso a visitas y a una defensa jurídica. El 15 de julio de 2021 el Comité contra la Desaparición Forzosa de las Naciones Unidas inició una acción urgente para que el Gobierno esclareciera el destino de los detenidos.

8- No hubo «un amplio reconocimiento internacional a la promoción y la protección de los DDHH» en Cuba, como afirmó Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel posteó en X que la presentación de Cuba ante el examen había sido «exitosa». No podemos definir qué Díaz-Canel considera como éxito, pero sí que 144 delegaciones le hicieron recomendaciones al Gobierno cubano en materia de derechos humanos. Actualmente, la ONU reconoce a 193 Estados miembros que pueden hacer recomendaciones. El Gobierno cubano elige qué recomendaciones aceptar, cuáles no y otras en las que tomará nota.

En el momento en que Díaz-Canel publicó su mensaje, aún no estaba listo el resultado del EPU. Si tomamos en cuenta este dato, no hay manera de saber si la evaluación de un país será positiva o negativa hasta entonces.

Dicha evaluación consiste en un reporte del Grupo de Trabajo encargado de revisar la situación de derechos humanos en la Isla y en la decisión del resultado. El informe del Grupo de Trabajo será presentado el viernes 17 de noviembre de 2023.

9- Canciller celebra «avances» en materia de legislación penal, mientras Amnistía advierte sobre «panorama aterrador» 

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla también aseguró en su discurso que se «ha avanzado significativamente en materia de legislación penal».

Sin embargo, entre las 144 recomendaciones que varios Estados emitieron al régimen en materia de derechos humanos, como parte del Cuarto Ciclo del EPU, diez países pidieron la derogación o enmiendas al nuevo Código Penal de Cuba (Ley 151 de 2022), que entró en vigor el 1 de diciembre del pasado año.

En un informe de Amnistía Internacional de diciembre de 2022, se advierte que «el nuevo Código Penal cubano presenta un panorama aterrador para 2023 y años posteriores».

AI denunció que esta legislación podría «consolidar aún más unas limitaciones arraigadas a la libertad de expresión y de reunión, y presenta un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades»

Por su parte, Justicia 11J, señala que «el Código Penal es una de las herramientas utilizadas por el régimen del Partido Comunista de Cuba para acallar las voces disidentes. Desde la entrada en vigor de la legislación el pasado diciembre, se ha evidenciado el cierre del espacio cívico y arreciado el control sobre el discurso crítico de la ciudadanía». 

La organización reportó que entre diciembre de 2022 y el 26 de abril de 2023, documentó «10 casos en que fueron privados de libertad activistas u opositores por intentar ejercer su derecho a la libertad de expresión y de manifestación (...) Y, entre mayo y julio, ocurrieron otras 10 encarcelaciones; pero en los últimos dos meses, bajo el amparo del Código Penal, han sido detenidas 5 personas más, ascendiendo a 25 la cifra de cubanos víctimas de arrestos con motivaciones políticas»

El doctor en Ciencias Jurídicas, Julio Fernández Estrada, señaló sobre lo dicho por el canciller que «el caso del debido proceso, es un ejemplo claro de cómo se puede manipular en ese discurso [de Bruno Rodríguez] (...) porque en la situación jurídica anterior al 2019, el debido proceso no aparecía regulado en la Constitución y ahora sí, lo que sucede es que en la práctica el debido proceso que está en la Constitución es llevado a las brasas que le convienen al Gobierno y Estado cubano».

De acuerdo con el jurista y profesor, «en los hechos de 2021 [protestas y represión] se ha demostrado que ese debido proceso que ahora tiene algunas garantías expuestas en la legislación cubana, no son una camisa de fuerza para el Estado cubano, que ha hecho lo que ha querido (...) y esas nuevas normas son violadas por ellos».

10-  ¿El Gobierno cubano permite la tortura?

El funcionario cubano Yuri Pérez Martínez también aseguró que, en el país, estaban «totalmente prohibidas las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes». Una frase que es ENGAÑOSA.

La Ley del Código Penal prohíbe explícitamente los hechos de torturas, tratos crueles y degradantes cometidos por funcionarios del Gobierno y sus auxiliares. Sin embargo, una enorme cantidad de testimonios ciudadanos e informes de organizaciones internacionales confirman que agentes del Estado en posiciones de poder sí torturan. 

Un reporte de Prisoners Defenders, publicado el 30 de mayo de 2023, logró documentar múltiples y reiterados casos de tortura en la Isla. PD entrevistó a 181 presos o ex presos políticos, de los cuales el 100 % fue torturado. Entre la muestra se encontraban menores de edad como Jonathan Torres Farrat, sobreviviente a 15 tipos de tortura distintos.

Entre los tipos de torturas más comunes estaban la «Humillación, degradación y maltrato verbal», «Privación de comunicación con familia, defensa y allegados», «Privación del sueño intencional», «Privación de líquidos y/o alimentos», «Atención médica: privación sistemática entre los presos políticos» y «Trabajos forzados no propios de su condición de procesado o condena penal».

Y no solo los detenidos en centros penitenciarios padecen estos tratos crueles. Periodistas y activistas independientes sufren igualmente torturas. Uno de estos es el uso de las llamadas «patrullas-horno» como método de coacción. Este método consiste en dejar por varias horas a una persona en una patrulla de policía bajo el sol y con las ventanas cerradas.

El empleo de este tipo de tortura puede ocasionar en sus víctimas sensación de asfixia, desmayos, irritación cutánea, vómitos, deshidratación, entre otros síntomas.