
No, en Cuba NO “hay más libertad de expresión que en EE.UU.”, como afirman en la Mesa Redonda
La afirmación de que en Cuba hay más libertad de expresión que en Estados Unidos es falsa porque, en la isla, el gobierno controla los medios de comunicación, persigue y censura a periodistas y disidentes, y existen leyes restrictivas que limitan la libre difusión de opiniones contrarias al régimen.
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En Cuba, la libertad de expresión está severamente restringida por el gobierno, que controla los medios, censura a periodistas y persigue a quienes critican al régimen.
Organizaciones como Freedom House, Human Rights Watch y Artículo 19, entre otras, denuncian que Cuba sigue siendo un país con serias violaciones a la libertad de expresión, siendo uno de los más restrictivos a nivel mundial.
El Doctor en Ciencias Jurídicas Jacinto Valdés Depena Vivanco, profesor universitario e “investigador” de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, aseguró el 3 de marzo en el programa de la televisión estatal Mesa Redonda, que en la isla “hay más libertad de expresión que en EE.UU”. La afirmación es FALSA.
La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a las personas expresar sus ideas, opiniones y creencias sin temor a represalias o censura por parte del Estado, individuos o instituciones. También está relacionada con el acceso a la información y la pluralidad de opiniones a través de diversos medios, por lo que abarca otras libertades específicas, como la de prensa y manifestación.
Su fundamento jurídico está protegido por tratados internacionales como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (que Cuba no ha ratificado ni sus dos Protocolos Facultativos); el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El modelo de gobierno de partido único en Cuba, se sostiene en el control estatal de todos los medios de comunicación y la prohibición de reconocer legalmente a la prensa independiente.
Además, las autoridades censuran los contenidos críticos y han perseguido, encarcelado y desterrado a periodistas independientes, activistas y ciudadanos que expresan opiniones contrarias al régimen impuesto, tanto en medios no controlados por el Partido Comunista de Cuba (PCC), como en redes sociales y espacios públicos.
Aunque la Constitución de Cuba, aprobada en 2019, supuestamente garantiza el derecho a la libertad de expresión, en la práctica existen serias restricciones y leyes que penalizan la difusión de información en redes sociales y se han utilizado para detener a opositores, periodistas, activistas y voces disidentes.
Cuando las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, los manifestantes fueron reprimidos y se encarcelaron a más de mil personas, según los subregistros de organizaciones de derechos humanos.
Cuba, también ha sido señalada por organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House y Artículo 19, entre otros, por violaciones a la libertad de expresión y los derechos humanos.
En el caso de Estados Unidos, la Primera Enmienda de la Constitución protege la libertad de expresión, de prensa, de religión y de reunión. Esta enmienda establece que el gobierno no puede restringir el derecho de las personas a expresar sus opiniones, excepto en circunstancias muy específicas, como incitación a la violencia o difamación.
La libertad de expresión es un derecho fundamental protegido constitucionalmente en EE.UU., con una amplia diversidad de opiniones y medios de comunicación, mientras que en Cuba, está fuertemente restringida por un gobierno autoritario que controla los medios y castiga las críticas hacia el régimen.
Sobre EE.UU., la prestigiosa organización Freedom House menciona que sus instituciones democráticas “han sufrido erosión” en años recientes, pero continúa considerando que “es una república federal” con una “una sólida tradición de estado de derecho, sólidas libertades de expresión y creencia religiosa, y una amplia gama de otras libertades civiles”.
Cuba, entre los países con menos libertad, según Freedom House
Según el informe “Freedom in the World 2024” de Freedom House, presentado recientemente, Cuba continúa siendo clasificada como un país “No Libre”, tras obtener una puntuación de 1 sobre 40 en derechos políticos y 11 sobre 60 en libertades civiles.
En tanto, Estados Unidos aparece como un “país libre” con una puntuación de 34 sobre 40 en derechos políticos y 50 sobre 60 en libertades civiles.
El informe también señala que Cuba tiene uno de los entornos mediáticos más restrictivos del mundo. Según denunció la organización, el trabajo de los medios y periodistas independientes se ha visto aún más obstaculizado tras la aprobación del nuevo Código Penal en 2022 y la nueva Ley de Comunicación Social en 2023.
El régimen monitorea de cerca y criminaliza a quienes percibe como disidentes dentro de la ciudadanía, añade Freedom House.
En cuanto a la libertad en internet, el informe “Freedom on the Net 2024” de la misma ONG, indica que Cuba es el país peor valorado de la región, con una puntuación de 20 sobre 100. En el documento, se advierte que el régimen impuso severas sanciones penales relacionadas con actividades en línea. Por ejemplo, en abril de 2024, Mayelín Rodríguez Prado fue condenada a 15 años de prisión tras haber publicado en Facebook imágenes de una protesta ocurrida en agosto de 2022.
El activista Yoandi Montiel (El Gato de Cuba), un influencer con miles de seguidores en YouTube y TikTok, también fue condenado a 5 años de cárcel en 2022 por criticar al gobierno en redes sociales.
Cuba y las libertades de expresión y prensa: ¿qué dicen las organizaciones internacionales?
Un informe publicado en 2024 por la oficina regional de la ONG Artículo 19, expone por qué “Cuba es el régimen totalitario más longevo de las Américas y a escala mundial sólo es superado por Corea del Norte. Es un país en el que no se permite ejercer los derechos humanos y se restringe inexorablemente la libertad de expresión”.
De acuerdo con la organización, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, “ejercer el periodismo independiente está prohibido en Cuba, solo se permite la propaganda y comunicación oficial en los medios que controla el Partido Comunista”.
En el informe “Violentar, Reinventar y Resistir. El ejercicio de la libertad de expresión en Cuba”, Artículo 19 registró “de enero a junio de 2024, un total de 229 agresiones en contra de personas periodistas independientes y activistas en Cuba (…) Los agentes de la seguridad del Estado continúan siendo los principales actores encargados de violentar”.
La ONG también ha denunciado que el Estado cubano controla los medios de comunicación de “propiedad socialista” y los utiliza para hacer propaganda y desinformar.
En el ranking anual de los países con menos libertad de prensa en América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Cuba es ubicada cada año en los peores puestos de la región. La situación en la isla se considera “muy grave”.
Para la vicepresidenta de RSF, Edith Rodríguez Cachera, en el caso de Cuba “se tienen en cuenta el deterioro y la práctica inexistencia de la libertad de prensa”.
Rodríguez Cachera ha explicado que, si bien no se registran asesinatos de periodistas, “es un país sin pluralidad informativa, sin nada que se parezca a un periodismo libre; un país que ejerce un control férreo sobre las comunicaciones, sobre Internet y que tiene una especialidad propia que es enviar a los periodistas al exilio, acosarlos mediante la Seguridad del Estado, intimidarlos y atropellarlos”.
Astrid Valencia, investigadora de Amnistía Internacional, también escribió en X que “las autoridades cubanas le temen tanto a la libertad de prensa que detienen injustamente a periodistas. Sin libertad de prensa se reduce la auditoría y escrutinio de quienes ostentan el poder, por eso, la estrategia de los Estados que violan derechos humanos es silenciar al mensajero”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también manifestaron, el pasado febrero, su preocupación por “la persistencia de acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y prensa independiente”.
En un comunicado, la CIDH y la RELE urgen “al Estado a cesar el hostigamiento, así como a respetar y garantizar la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”. De acuerdo con la nota, “periodistas y medios de comunicación independientes enfrentan un entorno hostil, con restricciones legales y prácticas represivas por informar críticamente sobre el Gobierno. Esto incluye multas y sanciones, asedio y vigilancia policial en sus residencias, detenciones, e interrogatorios intimidatorios”.
En informes de Human Rights Watch también se denuncia la falta de libertad de expresión en la isla; así como en varios reportes del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
El Departamento de Estado de Estados Unidos también criticó las “severas restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa” en la isla, en su informe sobre Derechos Humanos en el mundo, presentado el 22 de abril de 2024.
Derecho a la información vs. control estatal en Cuba
Varios periodistas han asegurado que, durante los interrogatorios, fueron amenazados con ir a prisión por el artículo 143 del Código Penal vigente desde diciembre de 2023, incluido en la figura delictiva “Otros actos contra la seguridad del Estado”, reportó el medio independiente elTOQUE. Dicha legislación establece penas de entre cuatro y diez años de cárcel para quien, “por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
En mayo de 2023, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó la Ley de Comunicación Social, la primera creada en Cuba desde el triunfo de la revolución de 1959 para los medios de comunicación.
José Raúl Gallego Ramos, periodista cubano y doctor en Comunicación por la Universidad Iberoamericana (México), declaró a Martí Noticias tras la aprobación de la normativa: “El principal problema de esta ley y de todas las que hagan, es que no cuestionan el orden establecido (que es el problema). Al contrario, lo apuntalan. Más allá de que esta ley no reconozca al periodismo independiente (...) el problema principal está en que sigue siendo pensada para sostener al sistema y reconoce al PCC como rector de la comunicación social”.
La carta magna aprobada en 2019 recoge que los medios nacionales “son de propiedad socialista” y “no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”. El Artículo 28 de la Ley de Comunicación Social, también dicta que los medios “son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.
Esta ley omite todo un ecosistema de medios digitales surgidos al margen y en varios casos en abierta oposición al PCC, que han ganado reconocimiento entre las audiencias cubanas y entre sus colegas del hemisferio.
Por su parte Ted Henken, profesor titular de Sociología en el Baruch College (CUNY, Estados Unidos), afirmó en declaraciones a Martí Verifica que “esa ley no es para facilitar la comunicación social, sino para dar más herramientas al Estado [cubano], al Partido y a la Seguridad del Estado, de presionar, sancionar, encarcelar o exiliar a los comunicadores que no siguen las reglas del juego que ellos quieren poner”.