
Con desinformación, Granma y el Tribunal Supremo lanzan amenazas por mendicidad en Cuba
Una vez más la prensa oficial y una institución estatal omiten apuntar a las causas estructurales que han provocado el aumento de la pobreza en el país —que no es cuantificada oficialmente —; desinforman sobre la supuesta “asistencia social” del Estado a las personas vulnerables; responsabilizan a las familias; y amenazan con el uso de normativas jurídicas mientras no se plantea ninguna respuesta ante el empobrecimiento masivo, según advierten especialistas y organizaciones independientes.
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En el artículo publicado en Granma se asegura que la mendicidad es incompatible con el proyecto social cubano, señalando que el Estado ha trabajado para erradicarla. Sin embargo, expertas como Alina Bárbara López y Elaine Acosta González advirtieron que este tipo de afirmaciones ocultan las causas estructurales de la pobreza en Cuba y desinforman sobre las reales condiciones de vida de los ciudadanos.
Expertos, como Pedro Monreal, también sostienen que la pobreza extrema y la mendicidad en Cuba son el resultado de políticas fallidas, como la disfuncionalidad del sistema laboral y de pensiones.
El economista Mauricio de Miranda Parrondo, también subraya que la mendicidad es un reflejo de la pobreza extrema y el resultado de políticas públicas ineficaces.
“La mendicidad no es compatible con el proyecto social cubano” es un titular publicado por el diario Granma, medio oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), para presentar un artículo de Isabel Acosta Sánchez, magistrada del Tribunal Supremo Popular (TSP), en el que se hace una velada amenaza a personas involucradas en hechos de este tipo.
La publicación de la nota en el diario de mayor circulación en el país, ha generado polémica y rechazo. La profesora, ensayista e historiadora cubana Alina Bárbara López Hernández señaló en redes sociales que “tal afirmación es una mentira desfachatada”.
“Al grupo de poder le molesta la 'fea publicidad' que dan al gobierno los mendigos y personas hambrientas que pululan en nuestras calles. Sin embargo, son los máximos culpables de esta situación. Diseñaron el desastre. Tengan al menos el valor de reconocerlo”, agregó López Hernández, Doctora en Ciencias Filosóficas.
El citado texto, publicado el 5 de marzo en el periódico Granma, y que ha sido señalado por otros expertos como “indignante y vergonzoso”, es una versión de un artículo anterior publicado por la magistrada Isabel Acosta Sánchez, en la web oficial del TSP.
Según se asegura en el texto, “la mendicidad es un flagelo que el Estado cubano se empeñó en eliminar desde el triunfo revolucionario, creando oportunidades de trabajo digno para todos”. Es una afirmación FALSA, como el propio titular del texto, en el que se advierte que “es una práctica que puede insertarse en diferentes tipos penales”.
Una vez más la prensa oficial y una institución estatal omiten apuntar a las causas estructurales que han provocado el aumento de la pobreza en el país —que no es cuantificada oficialmente —; desinforman sobre la supuesta “asistencia social” del Estado a las personas vulnerables; responsabilizan a las familias; y amenazan con el uso de normativas jurídicas mientras no se plantea ninguna respuesta ante el empobrecimiento masivo, según advierten especialistas y organizaciones independientes.
NO “hay vida digna para todos” en Cuba
Una investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) —realizada en todas las provincias del país—reveló que en 2024 la pobreza extrema afectó, al menos, al 89 % de la población encuestada.

Elaine Acosta González, socióloga e investigadora asociada al Cuban Research Institute, de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), denunció en redes sociales el artículo publicado en Granma, porque “como si se tratara de un decreto, la magistrada (...) declara la incompatibilidad de la mendicidad con el proyecto social cubano. Sin aclarar de qué se trata en la actualidad dicho proyecto, camufla y esconde las causas estructurales del empobrecimiento cada vez mayor de la población cubana y las escasas oportunidades para vivir una vida digna y contar con un trabajo decente. Todo eso, para terminar, criminalizando la mendicidad”.
Acosta González, también doctora en Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad de Deusto (España), y directora del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos Cuido60, declaró anteriormente a Martí Verifica sobre la mendicidad que, “en el caso cubano, la compleja crisis estructural y sistémica explica, en buena medida, el aumento de las personas en esta situación de calle, debido —entre otras razones— a la disminución de la participación del Estado en la protección social. También incide la agudización de la crisis migratoria, las crisis del sistema escolar y de salud; el empobrecimiento creciente y generalizado; la crisis estructural de la vivienda que ha padecido Cuba a lo largo de muchos años”.
La experta afirma que la situación está “concatenada con la crisis de los derechos sociales y políticos en Cuba. No es posible que se solucione si no existe participación política, libertad de expresión, para poder efectivamente modificar esas vulneraciones de derechos”.
Por su parte, el Doctor en Economía, Pedro Monreal, ha aclarado que “en Cuba, la pobreza, vulnerabilidad, (...) no es un principalmente hoy un infortunio por edad, enfermedad, o circunstancia familiar, sino el resultado de un mercado laboral y de un sistema de pensiones completamente disfuncionales”.
Casi la mitad de los pensionados cubanos se encuentra en “situación de vulnerabilidad” con un ingreso igual o inferior a la mínima de 1.528 pesos, según datos oficiales.
Varios investigadores aseguran que gran parte de ese grupo conformado por 1 millón 821 mil jubilados y pensionados, vive en la pobreza o en la más extrema dependencia familiar. Sobre la crisis de pensiones en Cuba puede conocer más aquí.
Mendicidad vs. fracaso institucional
Monreal también señaló en redes sociales, respecto a la narrativa oficial que se pretende imponer con el artículo analizado, que “el problema no es pregonar que la mendicidad no sea 'compatible' con algo que llaman 'proyecto social cubano', sino que no se reconozcan sus causas internas, ni el fracaso institucional en ese tema. Pudiera derivarse de la falta de reconocimiento oficial de la pobreza en Cuba”.
Según el economista, “la mendicidad es una vertiente específica de la 'normalización' del empobrecimiento masivo que impulsó el programa del 'ordenamiento' y el tratamiento del problema no debe consistir en un enfoque reduccionista para castigar legalmente aristas de la mendicidad”.
Sobre la advertencia penal de la magistrada del TSP, Monreal dijo que “ciertamente deben reprimirse actividades ilegales asociadas a la mendicidad (corrupción de menores, trata de personas, etc.), pero es inapropiado vender la idea de que la mendicidad es principalmente el resultado de la maldad de 'personas inescrupulosas'. Las acciones legales por sí solas no resuelven ni las causas de la mendicidad, ni restauran la dignidad de los mendigos, ni los reinsertan socialmente en los casos en que ello fuese posible”.
De acuerdo con el experto, “la visión presentada por la magistrada del Tribunal Supremo reitera la carencia de autocrítica oficial por los problemas actuales del país y acude a la ficción oficial de que el Estado crea 'oportunidades de trabajo digno para todos'”.
Desmantelamiento de la asistencia social en Cuba
Tras la publicación en Granma, la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández denunció que “la condición de pobreza extrema que conduce a la mendicidad (...)fue cuidadosamente diseñada en Cuba a partir de políticas decretadas desde los más altos niveles políticos”.
López Hernández recordó que cuando Raúl Castro fue nombrado en 2008 como presidente del Consejo de Estado y de Ministros, enfatizó en la necesidad de recortar gastos y “gratuidades indebidas”.
De acuerdo la académica residente en la isla y acosada por la policía política, “bajo la consigna 'sin prisa pero sin pausas', pronto se constató que la prisa se dirigía más a transformar al modelo social que al económico. Para pagar la deuda externa, el Estado recortó gastos drásticamente. Las medidas adoptadas por entonces afectaron a las personas y familias más pobres: cierre de 24.000 comedores obreros; aumento de la edad de jubilación en cinco años para hombres y mujeres; suspensión del derecho al almuerzo de los estudiantes que no estuvieran becados en los centros de educación superior. Se apreció asimismo la disminución sostenida de inversiones en sectores de impacto social directo, como Salud y Educación, que decrecieron en la misma medida en que aumentaban las inversiones en los sectores del turismo e inmobiliarias”.
Según subrayó la historiadora cubana “entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2.2% a 0.3%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5,3% a 1,6%”.
Además, “la ley de presupuesto para 2011 evidenció el marcado deterioro de indicadores asistenciales entre 2009 y 2010. El número de beneficiarios se redujo un 61 % en comparación con el 2005, y como porcentaje de la población total pasó del 5,3 % al 2,1 %. En el propio 2010 se recortaron 237 millones de pesos por 'depuración de beneficiarios', apuntó.
“El colofón de este desmontaje fue la reciente extinción del Instituto Nacional de Seguridad Social, anunciada el 17 de diciembre de 2024, hace menos de cuatro meses, por el mismo periódico que hoy publica esta mentira”, concluyó López Hernández.
“Irresponsabilidad política y falta de sensibilidad por las penurias”
Mauricio de Miranda Parrondo, Doctor en Economía Internacional y Desarrollo, declaró en redes sociales tras la publicación en Granma que “la existencia de la pobreza crítica y de la mendicidad son la demostración fehaciente de hasta qué punto ese proyecto social ha sido abandonado”.
Según el economista cubano y profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia), “la señora magistrada en tono claramente amenazante condena a quienes han llegado a ser tan pobres que se ven en la necesidad de mendigar en las calles. Ni a ella ni a quienes dirigen el Granma —lo cual nos lleva al mismísimo CC [Comité Central] del PCC —parece importarles que el problema no es el supuesto carácter delictivo de la mendicidad. El problema es la terrible realidad de que la extrema pobreza de cada vez más cubanos ha llevado a algunos al desespero de la mendicidad”.
El experto cuestionó, además: “¿Es que acaso no padecen pobreza crítica la mayor parte de ancianos que perciben unas pensiones de jubilación que no les alcanzan ni para comprar la mitad de un panel de huevos? (…) Y mientras tantos ancianos cubanos han sido obligados a la mendicidad debido al empobrecimiento causado por las políticas fallidas del Gobierno cubano con la complicidad de una vergonzosa caravana de alabarderos y sicofantes; mientras tantos jóvenes abandonan el país por falta de esperanzas; la burocracia que actúa como dueña de todo, escenificó uno de los más vulgares actos de irresponsabilidad política y falta de sensibilidad por las penurias que sufre el pueblo en el reciente Festival del Habano, al tiempo de que el país se derrumba en medio de la desidia y la incompetencia”.
De Miranda Parrondo concluyó que en Cuba “no habrá solución a la crisis económica si no somos capaces de democratizar la sociedad y cuando hablo de democracia no me refiero solo a un tema electoral, aunque también. Me refiero a que la sociedad sea plenamente responsable por los destinos del país”.
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