¿Cuba avanza en la protección de los derechos de las mujeres? De lo que dijo Díaz-Canel a la realidad

El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró en redes sociales, el 7 de junio de 2023, que «Cuba sigue avanzando en la protección de los derechos de las mujeres», a propósito de la presentación del sitio oficial Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG). 

Esta afirmación es ENGAÑOSA, porque a pesar de los «avances» que describe el régimen en materia de género, hay una serie de problemas actuales omitidos por el oficialismo y temas relevantes para la protección de los derechos de la mujer que no están en la agenda gubernamental. Además, el Estado cubano sólo admite como interlocutor válido a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), mientras posterga las principales demandas de la sociedad civil sobre el asunto.

En el país, la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) excluyó del actual cronograma legislativo, que se extiende hasta 2028, la discusión sobre una ley integral contra la violencia de género; según reportes independientes aumentan los feminicidios; no hay refugios para mujeres víctimas de violencia, se criminaliza el activismo feminista independiente del Estado y hay más de 70 presas políticas, de acuerdo a registros de organizaciones de derechos humanos.

El portal web del OCIG, promocionado por Díaz-Canel, es un proyecto bajo la responsabilidad de la FMC, la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) y el Centro de Estudios de la Mujer (CEM), tras años de reclamos por parte de la sociedad civil que exige la publicación y actualización de estadísticas oficiales sobre brechas y violencia de género en el país.

«Se aspira a que el Observatorio se convierta en un instrumento relevante para dar seguimiento e impulsar la implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM)», según aparece en un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sin embargo, la plataforma feminista Alas Tensas advierte en un informe: «la salida de este Observatorio [de la FMC] no es casual, pues se debe en un primer caso a la presión que hemos hecho las activistas feministas cubanas, los observatorios y las plataformas de mujeres, sobre el tema de la violencia de género en Cuba. También por el aumento de los feminicidios en la isla y las denuncias en las redes sociales. Y por supuesto, porque está andando el proceso de la CEDAW [Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en la ONU], donde hay compromisos que ellos han firmado y tienen que responder medianamente bien para cuidar su imagen internacional».

Uno de los aspectos más cuestionados por las activistas feministas cubanas, es la metodología que usa el Observatorio para contabilizar los feminicidios: sólo cuenta los casos en los que el agresor tiene una sentencia firme. «Así, esta metodología se revela obsoleta e insuficiente para afrontar la contabilización de feminicidios y analizar la violencia machista de manera global, así como para atender a los principios de justicia, reparación y prevención».

¿Cuáles son los «avances» que exhibe el Gobierno cubano en materia de género?

En el noveno informe periódico que Cuba presentó en diciembre de 2022 a la CEDAW, se asegura que hay un trabajo sostenido de las instituciones del Estado para lograr la protección de los derechos de las mujeres y la equidad de género en el país.  

La mayoría de los esfuerzos descritos son en el plano institucional, con la aprobación de normas y regulaciones que reconocen derechos, como la «Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar», publicada en Gaceta Oficial No. 101 Extraordinaria (2014) y el Decreto Ley 56/2021 «De la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias»; y en materia de formación y capacitación profesional.

Entre los «avances» que el Estado se atribuye también se mencionan: el acceso a educación igualitaria en todos los niveles de enseñanza, incluida la Educación Superior, el acceso de las mujeres a cargos públicos en el país, entre ellos en las políticas y las instituciones jurídicas; el Programa Nacional de Educación y Salud Sexual, que coordina el Cenesex como entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública. Estos resultados que describe el Gobierno cubano -aunque se han sostenido-, no son recientes, se implementaron hace muchos años en el país. 

Por otro lado, se destaca el «fortalecimiento» del «Programa de Atención Materno Infantil», como una «prioridad en el sector de la Salud», a pesar de que en los últimos años se registra un incremento de la Tasa de Mortalidad Infantil: 7.6 por cada mil nacidos vivos (2021), 7.5 (2022) y de 7.9 (de enero a junio de 2023), esta última la más elevada en décadas. Sobre la mortalidad materna, el Minsap informó que «durante 2021 ocurrió un incremento desproporcionado, en la que incidió la pandemia de COVID-19, y se registró una tasa de 176,6 por 100 mil nacidos vivos». Al cierre de 2022, la tasa de mortalidad materna total fue de 40,9 por 100 mil nacidos vivos.

También las autoridades cubanas presentan como «resultado» la participación de las mujeres en la vida económica del país, que se manifiesta en indicadores como la tasa de actividad económica (53,2 %), y las garantías a licencia de maternidad. 

No obstante, la investigadora cubana Hilda Landrove en el artículo «Brechas de género en Cuba: lo que no recogen las estadísticas oficiales», publicado en elTOQUE, señala que «la información que brindan las instituciones gubernamentales es escasa y está marcada por la necesidad de demostrar el avance del Gobierno en temas de género. Desde la sociedad civil se producen algunas estadísticas, limitadas por las condiciones del contexto, pero reveladoras de la gravedad de los problemas».

Exponemos algunos ejemplos de violencia de género en el país, mientras Díaz-Canel asegura que «Cuba sigue avanzando en la protección de los derechos de las mujeres».

Aumento de feminicidios en el país: 2023, el peor de los últimos 5 años

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), reportan 76 femenicidios en Cuba en lo que va de año, diez de ellos ocurrieron en el mes de octubre. Según OGAT y YSTCC, Matanzas es la provincia donde más casos de feminicidios se han contabilizado en 2023. Las cifras representan un subregistro ante la ausencia de datos oficiales actualizados y con una metodología acorde a los estándares internacionales en este sentido.

El 2023 está siendo el año con más reportes de violencia machista en Cuba desde que el observatorio independiente comenzó a registrar los casos en 2019. En seis meses se han superado las cifras de feminicidios de los años anteriores.

Catorce organizaciones independientes realizaron el pasado enero un tercer llamado de alerta para que se declarase en el país el Estado de Emergencia por violencia de género, sin embargo, el reclamo tampoco recibió ninguna respuesta del Gobierno. Los anteriores fueron lanzados en 2021 y 2022.

Ley contra la violencia de género se postergó hasta después de 2028

En noviembre de 2019,  40 activistas cubanas solicitaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), una ley integral contra la violencia de género. La petición fue respaldada en el espacio público con más de 900 firmas.

Sin embargo, la norma jurídica que demandan no está contemplada en el Programa Legislativo del Parlamento, a ejecutarse hasta 2028.

Las feministas cubanas advierten en la solicitud sobre la necesidad de «un instrumento que, en su integralidad, permita y exija a otras normas el reconocimiento y atención a la violencia de género».

En el país tampoco hay establecidos refugios para víctimas de violencia de género. Se activó una línea de atención a víctimas y sobrevivientes, que debía brindar acompañamiento y asesoría especializada (aunque uno de los problemas precisamente era que no estaba atendida por especialistas) y funcionó poco tiempo, según reportes ciudadanos. 

Criminalización del activismo

Aunque en el último  informe de Cuba a la CEDAW se destaca el acceso de las mujeres a cargos públicos y el ámbito político en el país, se omite la criminalización de las activistas que no forman parte del aparato gubernamental o que se oponen abiertamente al Partido Comunista.

Según el informe “Otro año sin justicia (2023)”, del Grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J, permanecen detenidas, al menos, 71 mujeres disidentes, activistas y defensoras de derechos humanos.

En las protestas antigubernamentales de julio de 2021 –conocidas como 11J– fueron encarceladas al menos 228 mujeres, y de ellas permanecen privadas de libertad 57, según los datos recopilados por la organización.

De esas prisioneras políticas: 19 son madres, 22 son afrodescendientes, una es una mujer trans y 16 son activistas o defensoras de derechos humanos (incluida la libertad religiosa), de acuerdo al citado informe. La violencia estatal también ha alcanzado a madres, esposas, hermanas de manifestantes.

«La violencia contra las mujeres en la política no es un hecho aislado en Cuba. Ni siquiera se puede decir que se trata (solo) de una práctica ampliamente tolerada por el Estado (…), pues es justamente el Estado cubano el principal perpetrador de la violencia contra las mujeres», subraya en un artículo Camila Rodríguez, directora de Justicia 11J.

Organizaciones internacionales de derechos humanos también advierten sobre la constante persecución política en la isla de activistas, artistas y periodistas independientes.

La Alianza Cubana por la Inclusión (ACI), presentó en 2022 el informe «Toda violencia es política: Guía sobre la violencia política contra las mujeres en Cuba», que recoge testimonios de 62 mujeres de la isla pertenecientes a grupos defensores de los derechos humanos, organizaciones políticas de la oposición y de la sociedad civil.

La investigación arrojó que el 96.8 % de las entrevistadas se considera expuesta a la violencia política solo por el hecho de ser una mujer activista; el 93.8 % identificó que enfrentó violencia psicológica, seguido de un 43.8 % que vivió violencia física.

Por su parte, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba identificó diferentes formas de violencia política con sesgo de género en Cuba, entre ellas, la represión a personas en situación de vulnerabilidad como madres solas.

«Las demandas del movimiento feminista han sido ignoradas»

La periodista y reconocida activista cubana Marta María Ramírez, declaró a Martí Verifica que en el país no hay políticas públicas efectivas sobre el tema de género con un enfoque de transformación estructural. También advirtió que, según los subregistros de organizaciones independientes, al menos una niña, Maydeleisis Rosales Rodríguez, «está desaparecida hace más de dos años, y la policía no ha hecho nada para buscarla, cuando es un derecho que tiene su familia».

«No hay protocolos específicos para las desapariciones de mujeres y niñas en las que puede mediar la violencia de género», puntualizó Ramírez.

Además, alertó que aunque no hay cifras oficiales disponibles, las activistas independientes notan «un aumento de las familias monomarentales, con una feminización de la pobreza importante».

«La prensa oficialista ha mencionado el aumento de los embarazos en la adolescencia. Fue vergonzosa la manera en que el Parlamento culpabilizó a las adolescentes que tuvieron embarazos en este último periodo, y las calificó como “afrodescendientes, pobres y de espacios rurales”. El Estado se quitó toda la responsabilidad y la depositó en manos de niñas», critica Marta María Ramírez, para quien las autoridades no proponen una estrategia intersectorial que disminuya esa vulnerabilidad.

La comunicadora y activista cuestionó que tampoco haya datos públicos sobre la violencia sexual en el país. Ramírez denunció que «el #MeToo Cuba ha sido acallado por las autoridades», e hizo referencia al «depredador sexual Fernando Bécquer», cuyo caso expuso al menos tres deudas importantes del Gobierno cubano con las víctimas de violencia machista: acceso seguro a la justicia, acompañamiento y reparación.

Ramírez advirtió, además, que no hay una Ley de identidad, no hay atención diferenciada ni programas interseccionales para atender las brechas socioeconómicas que aumentan la vulnerabilidad de las personas de la comunidad LGBT+.

«Todas las demandas que ha tenido el feminismo en Cuba, el incipiente movimiento feminista, las feministas autónomas, han sido ignoradas. Y para colmo, hemos recibido la represión del Estado. Tenemos compañeras en el país que están haciendo el trabajo del Estado, acompañando a mujeres y personas en situaciones de violencia machista. ¿Entonces, de qué responsabilidad, de qué protección está hablando ese señor [Miguel Díaz-Canel]?», concluyó.