¿En Cuba los jueces son «servidores públicos» o del Partido Comunista?

El presidente del Tribunal Provincial Popular (TPP) de La Habana, Yojanier Sierra Infante, dijo el 13 de febrero, durante  una reunión nacional del sistema de justicia (VIDEO, min. 1.19), que «en Cuba los jueces somos servidores públicos».

«¿Y qué significa ser servidor público? Que lo más importante en la justicia no somos nosotros: es el justiciable, y es el pueblo al cual le prestamos servicio (...) [,] usted trabaja para servirle a otro, usted tiene que incorporar elementos de que esa persona es la que evalúa verdaderamente cómo usted hace el  trabajo, y si tiene satisfacción o no en lo que a usted le corresponde en materia de justicia», aseguró Sierra Infante en el Palacio de la Revolución durante el encuentro del Tribunal Supremo Popular al que asistió el  gobernante Miguel Díaz-Canel.

Tras consultar a expertos y revisar la documentación existente sobre el tema, así como otras declaraciones de Sierra Infante y distintos funcionarios judiciales, determinamos que su afirmación es ENGAÑOSA.

En un video revelado en 2022 por Diario de Cuba (DDC), el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, fue captado afirmando que en la isla los jueces son «de la Revolución y del Partido [Comunista]».

El abogado Eloy Viera dijo a Martí Verifica que «no puede hablarse de servicio público cuando el presidente del Tribunal Supremo en un marco cerrado donde se dicen las cosas de verdad, reconoció que los jueces eran militantes y brazo ejecutor del Partido».

«En ese mismo video reconoció que puede haber algún “gallo tapado”, pero en su mayoría los jueces estaban integrados [al sistema político e ideológico]. Porque ese es un requisito para ser juez en Cuba», agregó el jurista y analista político.

Según, el doctor en Ciencias Jurídicas, Julio Fernández Estrada, en declaraciones a DDC, lo que muestra el material grabado en 2018 es la subordinación de los órganos de justicia al poder y la ideología en Cuba, algo «insólito en cualquier país donde exista división de poderes e independencia judicial».

Fernández Estrada concluyó que se trata de «un video histórico que demuestra que no hay justicia independiente en Cuba, por tanto, no hay Justicia, no hay Estado de Derecho. Es imposible que exista después de ver esto que, además, no es una cosa extraordinaria. Es el día a día de la administración de la Justicia en Cuba».

La declaración de Remigio Ferro, se contradice con esta información expuesta por el Estado cubano en un documento oficial sobre «la relación con la prevención y gestión de los conflictos de intereses»:

«Como principios, vinculados al tema de intereses se destacan: impartir justicia con total independencia, libre de influencias ajenas al contenido del proceso judicial que se tramita, y pronunciarse en cada caso, sobre la base de la valoración de los juzgadores en cuanto al asunto que se decide (…)».

«No se trabaja con la división de poderes», como reconocen las autoridades

Miguel Díaz-Canel admitió en declaraciones públicas en septiembre de 2022: «se habla mucho de la división de poderes (…) En Cuba no se trabaja con la división de poderes. Se trabaja con la Unidad de Poder, a través de órganos que tienen funciones diferentes».

Raudiel Peña Barrios, abogado del Centro de información legal Cubalex, dijo a Martí Verifica que, «técnicamente» los jueces en Cuba son funcionarios públicos, «aunque todos sepamos las violaciones que cometen mientras laboran como tales».

El experto, con maestrías en Derecho Constitucional y Administrativo y en Ciencia Política, explicó que «la principal violación [que pueden cometer los jueces] durante el ejercicio de sus funciones es no hacer valer la independencia judicial. Es decir, los jueces solo le deben obediencia a la ley, y sin embargo en Cuba obvian ese principio y se subordinan a las indicaciones que provienen del poder ejecutivo o, lo que es casi lo mismo, la élite del PCC».

Fernando Almeyda, asesor jurídico de la organización de derechos humanos Prisoners Defenders (PD), coincide en que la afirmación del presidente del tribunal capitalino «no es del todo precisa, porque [los jueces] son funcionarios, pero el Estado cubano es regido por una Constitución que establece la subordinación a un Partido y por tanto a una casta política que no rinde cuentas a la sociedad civil. En este sentido lo “público” no responde en realidad al interés público, sino al interés del Partido Comunista de Cuba (PCC)».

El abogado y activista también comentó a Martí Verifica que la conservación del cargo de Sierra Infante «responde a la fidelidad a los intereses del PCC, por lo que tanto, sus actos como sus declaraciones deben ir en esa línea; y es interés del PCC dar la imagen de imparcialidad de las instituciones que controla».

¿Jueces del Partido Comunista?

La Constitución cubana (2019) establece en el Artículo 5 que «el Partido Comunista de Cuba (…) es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado».

Por otro lado, según el Artículo 120 de la carta magna, «la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye». Este precepto constitucional aparentemente señala el carácter popular de la función judicial en el país, pero no es lo que ocurre en la práctica.

José Luis Toledo Santander, Premio Nacional de Derecho 2023, que otorga la oficialista Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), durante los debates previos a la aprobación de la carta magna de 2019 defendió ante el Parlamento que el Partido Comunista es superior a la Asamblea Nacional y a la Constitución misma. 

La supuesta independencia y vocación de servicio público de los jueces cubanos también se contradice con el Código de Ética Judicial de Cuba. Dicho documento  instituye como obligación de los funcionarios «actuar en la tramitación de los procesos judiciales y en la vida cotidiana con apego a nuestras raíces históricas, lealtad a la Patria y a la Revolución Socialista y defender sus principios, la identidad, los símbolos patrios y la obra revolucionaria cubana»; así como «ser fieles a los principios éticos emanados de la historia de la nación cubana, del Partido Comunista de Cuba y de las ideas de Martí, Fidel y Raúl [Castro]».

Fernando Almeyda señala que través de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), «el Partido Comunista tiene la capacidad de nombrar y revocar directamente a todos y cada uno de los miembros y funcionarios de Tribunal Supremo Popular» y otros relacionados con la aplicación de la ley, según el Artículo 109 de la Constitución cubana.

El abogado también señala que «en el sistema judicial cubano [Ley 140/2021 De los Tribunales de Justicia] tanto para ser juez profesional como para ser juez lego, se exige el requisito de poseer “alta” moral, con respecto a todo lo referente a criterios éticos, políticos e ideológicos -es un asunto que maneja el PCC-; además es necesario poseer “prestigio público”, que igualmente se remite al criterio del PCC».

De acuerdo con Almeyda, «el problema radica en que «a través del PCC se contamina y parcializa todo el sistema en favor de una casta». 

Los «servidores públicos» defendieron al régimen en juicios del 11J

Sobre los juicios realizados a manifestantes de las protestas antigubernamentales de julio de 2021 (11J), Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, declaró a elTOQUE: «fueron lo más triste que se pudo ver en la vida. Los bajaban de los carros empujándolos, esposados de manos y pies, las madres lloraban; estaba militarizado todo. Los fiscales responden a ellos; los jueces responden a ellos, hasta nuestros abogados son estatales, no independientes (...) La jueza lloró después de dictar las condenas (...) [porque] sabía que era una injusticia.»

El programa Represores cubanos, auspiciado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), divulgó en febrero de 2023 los expedientes de cuatro jueces responsables de las sentencias de hasta 12 años de privación de libertad contra siete manifestantes de las protestas en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas.

«Estos jueces son Joel Quinta Arango que fue el juez ponente y las demás integrantes del tribunal Damaris Sanabria Padrón, Dairely Peña González y Dialina Hernández Cuesta», indicó Rolando Cartaya, especialista del proyecto de la FDHC.. Detalles en esta nota de Martí Noticias. 

«Estos jueces y fiscales se suman a los más de 100 que están en nuestros expedientes como represores de cuello blanco. Estas personas saben que están cometiendo un delito de prevaricación al sancionar a estos muchachos a penas tan injustas, tan altas, tan desproporcionadas solamente por manifestarse en las calles», comentó Cartaya.

El juez cubano Maikel Santana Cabrera, presidente de la Sala Cuarta de lo Penal del Tribunal Popular Provincial de La Habana, también fue vinculado en enero de 2022 con varias acciones judiciales contra manifestantes del 11J. Su nombre es parte de varios documentos judiciales revelados por el medio independiente YucaByte tras las protestas de julio de 2021.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en 2022, sobre los procesos judiciales tras las protestas: «De acuerdo con información disponible, la mayoría de estas personas detenidas estarían bajo el régimen de prisión preventiva, en contraposición con los principios internacionales de su aplicación. Además, los procesos judiciales se basarían en tipos penales abiertos y cargos penales infundados y desproporcionados. De igual forma, se tiene información de afectaciones al debido proceso, como la restricción de acceso a expedientes penales o copias de las sentencias, y ausencia de defensa técnica adecuada y de contacto con representantes legales». 

Fidel Castro, «padre espiritual» del juez Yojanier Sierra 

En abril de 2023 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública entregó al Tribunal Provincial Popular (TPP) de La Habana, por tercer año consecutivo, el certificado de Distinguido Nacional, informó Yojanier Sierra Infante, presidente del órgano judicial en la capital. 

Según el reporte de medios estatales «el Tribunal de La Habana mantuvo una intensa labor en la impartición y administración de justicia, el enfrentamiento a ilegalidades, hechos contrarrevolucionarios y la superación profesional ante la aprobación de nuevas leyes».

En una entrevista con un periódico estatal, Sierra Infante reveló quién es su paradigma al trabajar como «servidor público»: «Yo acostumbro a estudiar a Fidel [Castro], es una especie de padre espiritual en el que encuentro soluciones y respuestas; sobre todo busco en su legado cómo actuar ante hechos, decisiones y oportunidades que se me presentan». 

Tras las protestas de julio de 2021, las organizaciones de derechos humanos Cubalex y Justicia 11J también comenzaron a identificar jueces y fiscales que participaron en los juicios contra manifestantes por motivos políticos. Entre los nombres aparece el de Yojanier Sierra Infante. 

En un reporte de Granma, diario del PCC, el presidente del tribunal habanero aseguró que en los juicios relacionados con las protestas «las decisiones se basaron en la carga probatoria». Esta afirmación ha sido cuestionada por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales. 

Un exfiscal cubano entrevistado por la CIDH, en un análisis sobre la «ausencia de autonomía de los poderes públicos, incluido el Poder Judicial y la Fiscalía», declaró: 

«Antes de mandar el expediente al tribunal, el asunto tiene que revisarlo la fiscal jefa municipal y la provincial, con aprobación del Partido con carácter previo, porque en la fiscalía municipal existe una secretaria del núcleo del Partido con la que hay que colegiar las decisiones, especialmente los casos políticos (casos en los cuales el Partido muestra interés por los implicados, imputados, acusados). De esta manera, desde el punto de vista político, se prejuzga el fallo por los acuerdos que se dictan en esta fase por medio de la actuación decisiva de instructores policiales que saben de qué forma y qué prueba deben admitirse y practicarse para guiar la decisión final, aportando en exclusivo los elementos incriminatorios para que resulte condenado».

Si bien la legislación cubana coincide parcialmente con lo afirmado por Yojanier Sierra en cuanto al supuesto servicio público que brindan jueces y fiscales, en la práctica judicial de la isla, durante décadas de régimen del Partido Comunista, ha sido puesto en primer lugar el mandato de servir al «Estado socialista», por encima del interés ciudadano. Por esta razón nuestro equipo considera que lo dicho por Sierra Infante es ENGAÑOSO.