Laura Pujol Torres, directora general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), aseguró en la televisión nacional el 31 de enero, en referencia a cambios recientes relacionados con pasaportes: «Nuestro objetivo es viabilizar la visita o el retorno a la patria de todos los que lo deseen, en cumplimiento de las normas migratorias».

La afirmación de la jefa consular del Minrex es FALSA, pues encubre la política estatal de negar a varios cubanos su derecho a regresar, una violación de sus derechos humanos que tiene motivaciones políticas.

Además, omite varios casos recientes de cubanos que intentaron entrar a su país natal y las autoridades se lo impidieron, así como otros que han sido desterrados arbitrariamente. Opositores, activistas de derechos humanos, artistas y periodistas independientes, tienen vetado el ingreso a Cuba, a pesar de que esto contraviene las normas internacionales.

«Se trata de una afirmación falsa por parte de esta funcionaria del Minrex, la misma institución que en marzo de 2021 ordenó mi destierro y dio una conferencia de prensa para alegar que yo era una “amenaza para la seguridad nacional”. Aunque cumplía todos los requisitos legales para mi ingreso al país, se me negó por motivos políticos. Desgraciadamente es una práctica sistémica que tiene décadas: no fui la primera ni la última», declaró a Martí Verifica la periodista cubana Karla Pérez.

A la joven reportera se le negó el regreso a la isla tras concluir estudios en Costa Rica, donde había continuado su formación luego de ser expulsada de una universidad cubana por discriminación ideológica. En el aeropuerto internacional de Panamá, cuando hizo escala su vuelo hacia La Habana, un funcionario cubano comunicó que ella tenía prohibida la entrada a su país, y se le impidió continuar su viaje. Desde entonces, es una refugiada política en Costa Rica.

¿Quién se beneficia (más) con las nuevas medidas?

Laura Pujol Torres hizo su declaración desinformadora en el programa Mesa Redonda, de la televisión estatal, y fue citada por el medio oficial Cubadebate. La funcionaria de la Cancillería cubana habló de las medidas anunciadas en mayo de 2023, y publicadas en la Gaceta Oficial 48.

Dichas medidas modificaron el reglamento de la Ley Cubana de Migración para establecer:

-Reducción del arancel consular, en particular el de los cubanos que residen en los Estados Unidos.

-Extensión de la validez del pasaporte, de seis a 10 años. (Excepto en el caso de los menores, que se establece en cinco años, teniendo en cuenta los cambios de la fisionomía en esa edad).

-Eliminación de la prórroga del pasaporte cada dos años y disminuir el costo de los pasaportes en los consulados.

- Necesidad de portar el pasaporte cubano también para aquellas personas que habían emigrado antes de 1971.

¿Esto beneficia a «todos» los ciudadanos emigrados, incluso a quienes tienen prohibida la entrada a su país por disentir pacíficamente de las políticas del Partido Comunista de Cuba?

El activista cubano Magdiel Jorge Castro dijo a Martí Verifica que, «si realmente el objetivo del Gobierno cubano fuera viabilizar el regreso de todos los nacionales que deseen al país, dejarían de utilizar la Ley Migratoria como método de chantaje político, no solo contra disidentes que han sido imposibilitados de abordar aviones con destino a aeropuertos de Cuba, sino también contra médicos a los que se les impide el retorno por ocho años, como castigo por abandonar misiones oficiales».

«Lo que hemos visto en los últimos años es un crecimiento exponencial de los desterrados y exiliados, algunos de ellos sacados directamente de las prisiones con destino a Nicaragua, unido a un proceso de amedrentamiento con amenazas directas de consecuencias legales contra otras figuras visibles de la oposición que se encuentran en el exilio», añadió el activista.

A finales de 2022, Magdiel Jorge Castro recibió de autoridades locales la orden de abandonar Bolivia, donde residía. Se trató de una concesión del presidente Luis Arce al régimen cubano, en represalia por los pronunciamientos del activista a favor de los derechos humanos en Cuba. El joven salió del país sudamericano en enero de 2023, y se refugió en Uruguay.

Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU, en inglés), explicó a la Voz de América por qué el Minrex anunció en 2023 cambios migratorios exigidos durante muchos años por parte de la diáspora:

«No es ningún secreto que el Gobierno cubano quiere aprovechar los recursos económicos de los emigrados –particularmente las remesas y los viajes a la isla–, que sirven como una especie de salvavidas para un gran número de familias residentes en Cuba».

Según el antropólogo, aunque la narrativa oficial insiste en un supuesto «acercamiento» con los cubanos que viven fuera del país, esto significa «en la práctica, potenciar al máximo los viajes de la comunidad cubanoamericana y el envío de dólares y mercancías a la isla para paliar la seria escasez de comida, medicinas, combustible y otros artículos de primera necesidad para la inmensa mayoría de la población cubana».

Cubanos que «desean» regresar a la isla, pero no se lo permiten

El 24 de diciembre de 2022 le prohibieron a Omara Ruiz Urquiola, por cuarta vez, abordar un avión en Estados Unidos para regresar a su país. Las autoridades del régimen de La Habana informaron a la aerolínea norteamericana que la profesora y activista no tenía permitido entrar, pese a que lo había intentado durante meses, para acompañar a su madre que permanecía sola en Cuba.

Omara viajó a EE. UU. para tratar un padecimiento oncológico, y tenía todas las condiciones legales para retornar a la isla, donde reside.

«Yo seguiré [intentando volver] mientras respire», aseguró entonces la profesora de arte expulsada del Instituto Superior de Diseño (ISDI) por motivos políticos.

Omara, hermana del doctor en Ciencias Biológicas y ambientalista Ariel Ruiz Urquiola –también hostigado por la policía política cubana–; participó en las acciones de protesta del Movimiento San Isidro (MSI), en noviembre de 2020, junto a otros activistas de derechos humanos, periodistas y artistas independientes.

Aunque no existe un registro público, sí se pueden encontrar casos de muchos cubanos que, durante los últimas seis décadas, han sufrido el destierro: la curadora de arte y activista Anamely Ramos; el novelista y periodista cubano Amir Valle; la historiadora de arte y activista Carolina Barrero; el artista visual Hamlet Lavastida; el novelista y periodista Carlos Manuel Álvarez y el opositor José Díaz Silva, son sólo algunos nombres recientes de una amplia lista.

¿Qué leyes internacionales se violan con los destierros y prohibiciones de entrar a Cuba?

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados define el destierro como la pena de expulsar a alguien de un territorio.

El Artículo 9 de la Declaración de Derechos Humanos establece que nadie podrá ser desterrado arbitrariamente. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su Artículo 12 que «nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país».

La Convención Americana sobre Derechos Humanos indica que «nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo».

El régimen de La Habana niega las acusaciones de violar derechos humanos, en particular las relacionadas con las prohibiciones de entrar a la isla por motivos políticos. Ernesto Soberón, jefe de Asuntos Consulares de la cancillería cubana, aseguró en una entrevista publicada en septiembre de 2021 que es «mínimo» el número de cubanos que está en esa condición debido a supuestas «situaciones de seguridad nacional».

«Esto es un delito de lesa humanidad, retratado. No hay ninguna justificación legal para desterrar a una persona de Cuba. Absolutamente ninguna. No existe ni en los cánones cubanos ni internacionales», ha explicado el jurista cubano Eloy Viera Cañive.

El director de elTOQUE Jurídico aclaró que «lo único que sustenta un destierro en Cuba hoy es la ausencia total del imperio de la ley. (…) Se produce porque hay un poder en Cuba que puede hacerlo».

El nuevo Código Penal cubano, al igual que el anterior, define el destierro como «la prohibición de residir en un lugar determinado», impuesta en «aquellos casos en los que la permanencia del sancionado en un lugar (…) resulte socialmente lasciva».

La sanción, que va desde uno hasta diez años, sólo puede ser aplicada si la persona fue previamente juzgada o condenada con cárcel o multa.

Las autoridades cubanas recurren a una interpretación arbitraria de la Ley de Migración, que dispone la prohibición de entrada a Cuba de cualquier ciudadano «declarado indeseable o expulsado».

«Tampoco es intención del Gobierno cubano modificar el uso político de la Ley Migratoria, porque en caso contrario hubieran invitado a voces disidentes a la última Conferencia de la Nación y Emigración [organizada por el régimen] el año pasado», advirtió el activista Magdiel Jorge Castro.

«Cuba: no más destierros»

Luego de que le impidieran a la periodista Karla Pérez regresar a Cuba, la activista Salomé García Bacallao, creó desde el exilio la petición «Cuba: No más destierros».

El texto publicado en la plataforma Change.org, con más de 6 700 firmas, exigió: «que nos sea restituido de manera incondicional e irrevocable el derecho a circular libremente, a salir y retornar a Cuba conservando íntegramente nuestra ciudadanía, y que el Estado cubano garantice compensación por todo bien o derecho perdido o dañado en virtud de los principios del derecho internacional y de justicia restaurativa»,

García Bacallao informó a través de sus redes sociales que la petición dirigida a las autoridades cubanas que violan el derecho a entrar y circular libremente en el país, recibió una respuesta de la Comisión de Peticiones (CP) del Parlamento Europeo.

«La CP ha examinado su petición y la ha declarado admisible, ya que el asunto que usted plantea entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea. Por ello, he pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto (...) y enviaremos su petición para información a la Comisión de Asuntos Exteriores», respondió entonces Dolors Montserrat, presidenta de la CP ante la solicitud enviada por García Bacallao.

En América Latina, al menos 1163 personas sufren penas arbitrarias de destierro. La mayoría de las víctimas procede de Cuba, Nicaragua y Venezuela, según una investigación de Distintas Latitudes.

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