Mensaje viral sobre «nuevas normas» para controlar comunicaciones es FALSO, pero el régimen cubano sí vigila

Una alerta sobre supuestas «nuevas normas de comunicación» que serían implementadas, entre las que se incluyó grabar «todas las llamadas telefónicas», así como «monitorear» las redes sociales, circuló entre cubanos en junio de 2023, principalmente a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.

Aunque el Gobierno cubano tiene un cuerpo normativo que autoriza el monitoreo del uso de Internet por sus ciudadanos, y prevé sanciones para quienes incurran en las contravenciones que establece, el mensaje que se viralizó recientemente es una desinformación que ha circulado en otras ocasiones en distintos países hispanoamericanos.

A raíz de su aparición entre los ciudadanos de la isla, el Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP) desmintió el mensaje. Mediante su cuenta de la red social X (antes Twitter), el Tribunal Supremo comunicó que el escrito es «falso».

Según la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN), el mensaje cita «un Decreto Ley 346, artículo 2607; cuando, realmente, la única normativa de ese tipo con esa numeración se refiere al Presupuesto del Estado [cubano] en el año 2017».

Dicho documento legal contiene un artículo único, que dispone hacer modificaciones al artículo 8, Apartado 2, primer párrafo, de la Ley No. 122 «Del Presupuesto del Estado para el año 2017», de 27 de diciembre de 2016, agregó la ACN.

Se trata de una cadena falsa que lleva moviéndose al menos desde 2017 en México, de donde se propagó a otros países con pequeñas variaciones del mensaje para modificar el contexto en que resurge.

Así, se difundió en Argentina durante la cumbre del G-20 en 2018 y nuevamente en 2019; en España apareció en marzo y en noviembre de 2020, a propósito del estado de alarma por la pandemia de la COVID-19; y en octubre de 2022 la información fue nuevamente desmentida, en esa ocasión por el proyecto de verificación «Detector de mentiras», de la cadena Univision en Estados Unidos. Este bulo también se ha reportado en Ecuador y Colombia, entre otros países de habla hispana.

Cuba controla las comunicaciones y la libre expresión en Internet

Aunque el mensaje específico que verificamos es FALSO, el régimen de la isla sí dispone de normas para legalizar el monitoreo y control de las comunicaciones de los ciudadanos que considere de su interés, incluido el Internet, principalmente en las redes sociales.

En 2019, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel firmó el Decreto-Ley 389, que permite a las autoridades la «vigilancia electrónica o de otro tipo», la «escucha y grabación de voces», intervenir comunicaciones de cualquier tipo, incluido el «acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos», sin que un juez autorice antes la invasión a la privacidad de los ciudadanos.

La ONG Centro de información legal Cubalex, advirtió entonces que, a pesar de que la norma supuestamente se aplicaría en el caso de investigaciones sobre «delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en defensa de los intereses nacionales», en el contexto cubano «se puede predecir que quienes están en la mira son los miembros de la oposición e instituciones de la sociedad civil».

También el Decreto-Ley 370 sobre «la informatización de la sociedad en Cuba», vigente desde 2019, permite imponer multas respecto a publicaciones en Internet que impliquen: «difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas».

Al respecto, Proyecto Inventario registró la imposición de 72 multas a 61 personas en 9 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

Un informe de 2022 de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, señala otras implicaciones del 370: «El activista cubano Juan Luis Bravo fue sancionado con dos años de prisión por negarse a pagar la multa. También las publicaciones en redes sociales fueron utilizadas para abrir causas penales que derivaron en reclusión domiciliaria. Ese ha sido el caso de las activistas Tania Bruguera y Carolina Barrero, quienes fueron acusadas de instigación a delinquir por algunas publicaciones en redes sociales».

Por otro lado, según una investigación de Proyecto Inventario, entre julio de 2021, cuando ocurrió el estallido social del 11J, y mayo de 2022 la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) bloqueó el envío de SMS con palabras claves como «Díaz-Canel Singao», «dictadura», «protesta», «manifestación» y «SOSCuba».

El Gobierno cubano publicó, el 17 de agosto de 2021, el Decreto-Ley 35 y otras normas de menor rango para regular el uso de telecomunicaciones y anunciar la respuesta estatal ante «incidentes de ciberseguridad».

Establece que los usuarios de telecomunicaciones en Cuba tienen la obligación de impedir la difusión de «informes o noticias falsas»; prohíbe usar estos servicios de una manera que afecten a «la seguridad colectiva», «el bienestar general», o «el respeto al orden público», entre otras categorías imprecisas.

La organización internacional Human Rights Watch denunció que estas normativas «restringen gravemente la libertad de expresión online y constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios».