Pena de muerte en Cuba: ¿qué dice la ley y por qué es una amenaza al disenso político?

Funcionarios cubanos del Ministerio del Interior (Minint) y del sistema judicial, recordaron el 24 de abril de 2024 en la televisión estatal, la existencia de las condenas a cadena perpetua y muerte, y sugirieron que podrían aplicarse tras manifestaciones masivas en la isla. 

El programa televisivo fue emitido pocas semanas después de las manifestaciones del 17 y 18 de marzo, la jornada de protestas más multitudinaria desde julio de 2021. Como hace tres años, el detonante fue la persistente crisis económica, cuyas expresiones más graves son los apagones, la escasez de alimentos y medicinas, en un clima de violaciones a los derechos humanos en la isla y de falta de libertades políticas y civiles.

En este contexto, las autoridades recordaron el arsenal legislativo del que dispone el régimen del Partido Comunista para intentar acallar el disenso y la manifestación. 

Otto Molina Rodríguez, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, dijo que en redes sociales se llama a alterar el orden público, agredir a la Policía y las instituciones públicas. Para este último caso, amenazó con aplicar el delito de sedición, y «si el crimen se comete en situaciones excepcionales, desastres o afecta a la seguridad del Estado», podrían dictarse condenas de 30 años de privación de libertad, privación perpetua y pena de muerte. 

Aunque la pena capital está en moratoria desde 2003, las autoridades cubanas no han dejado de recordar que es un recurso a la mano. 

¿Qué dice el Código Penal cubano sobre la pena de muerte?

Tas la aprobación del nuevo Código Penal (CP) cubano en mayo de 2022, ascendieron a 24 los delitos sancionables con la pena de muerte -cuatro más que en la normativa de 1987-. La mayoría poseen un marcado carácter político.

Sobre el CP, vigente desde el 1 de diciembre de 2022, en sustitución del de 1987, el abogado Eloy Viera Cañive declaró: «lejos de haber eliminado la posibilidad del uso de la pena de muerte, la concentra fundamentalmente en aquellos delitos relacionados con el “terrorismo” o la seguridad del Estado».

No se condena con la pena máxima las agresiones sexuales (incluyendo la pederastia con violencia y violación, como recogía el Código anterior), la corrupción de menores y el robo con violencia. En cambio, de las 24 figuras delictivas del Código penadas con la muerte, 14 son delitos contra la «seguridad del Estado».

Estos son los delitos para los que se prevé la pena de muerte en el nuevo Código Penal cubano:

1. Actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado. (Artículo 112).

2. Promoción de acción armada contra Cuba (Artículo 113).

3. Servicio armado contra el Estado (Artículo 114).

4. Ayuda al enemigo (Artículo 115).

5. Espionaje (Artículo 116).

6. Delitos contra el orden constitucional (Artículo 119).

7. Sedición (Artículo 121).

8. Usurpación del mando político o militar (Artículo 123).

9. Sabotaje (Artículos 125-126).

10. Actos hostiles contra un Estado extranjero (Artículo 128).

11. Genocidio (Artículo 134).

12. Mercenarismo (Artículo 135).

13. Crimen del apartheid (Artículo 136).

14. Otros actos contra la seguridad del Estado (Artículo 142).

15. Actos cometidos con armas o artefactos explosivos o mortíferos, agentes químicos o biológicos u otros medios o sustancias (Artículo 151-154).

16. Toma de rehenes (Artículo 155).

17. Actos contra las personas internacionalmente protegidas (Artículo 156).

18. Actos contra la seguridad de la navegación marítima (Artículo 157).

19. Actos contra la seguridad de la aviación civil y los aeropuertos (Artículo 161).

20. Otros actos que atentan contra la seguridad aérea y marítima (Artículo 162).

21. Actos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental o insular (Artículo 166).

22. Otros actos de terrorismo (Artículos 169-170).

23. Delitos relacionados con las drogas ilícitas o sustancias de efectos similares (Artículo 235).

24. Asesinato (Artículo 334).

Yaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), expresó su preocupación ante el nuevo Código Penal. «Si ellos pueden considerar que hay acciones violentas, muchas veces provocadas por la policía política, como ocurrió el 11 de julio, están las circunstancias que permiten a un sistema judicial manipulado y controlado por ellos, considerar que se pueda aplicar incluso la pena de muerte», señaló.

El abogado Eloy Viera Cañive, coordinador de elTOQUE Jurídico, advierte además, que «el nuevo código es ilustrativo de la lógica del régimen de emplear la pena de muerte para disuadir a quienes intenten adversarle, adversar al poder, o poner en riesgo su estabilidad, pero no la entienden de igual forma como un mecanismo para defender a los ciudadanos de los poderes o las extralimitaciones e incluso del sadismo de los funcionarios estatales». 

«Es muy llamativo que el nuevo Código Penal reconozca, por ejemplo, la pena capital como sanción posible a aplicar en la mayoría de los delitos contra la seguridad del Estado y también la considere como una sanción posible a aplicar en el delito de asesinato, pero no contemple la posibilidad de aplicar la pena de muerte a los funcionarios que cometan el delito de tortura y que producto de esas torturas se produzca la muerte de la víctima», señaló el abogado. 

Viera Cañive alerta que «la tortura solamente puede ser cometida por funcionarios estatales, por representantes del Estado, eso de acuerdo con la lógica del nuevo Código pues no merece la pena de muerte, a pesar de provocar alevosamente la muerte de un ciudadano que sí puede enfrentarse a la pena capital por adversar al propio Estado», explicó. 

La tortura se incluyó como un delito castigado con cadena perpetua en el Código Penal cubano tras la ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por parte del Gobierno cubano. 

En tanto, el Comité contra la Tortura solicitó a Cuba «investigar de modo pronto, independiente, y exhaustivo, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables del uso excesivo de la fuerza y malos tratos ocurridos durante las protestas sociales del 11 de julio de 2021». La ONG Prisoners Defenders también publicó en mayo de 2023  un informe sobre la tortura en Cuba en el que se documentan patrones de violaciones en presos políticos. 

Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el aumento del número de delitos que se pueden castigar con la pena de muerte en Cuba es «un importante retroceso en los derechos de los acusados de delitos y de los privados de libertad» y «supone una violación directa del derecho a la vida».

¿Cómo ha sido el uso de la pena de muerte en la historia de Cuba?

La Asamblea Constituyente de 1901 estuvo a un voto de abolir la pena de muerte y se prohibió aplicarla «por delitos de carácter político» (Artículo 14). 

La Constitución de 1940 vetó este tipo de condena en su artículo 25 excepto en casos de traición militar y graves hechos de terrorismo y «pistolerismo».

Con la llegada de Fidel Castro al poder después de 1959, se restableció la pena de muerte e incluso se legitimó con efectos retroactivos, como recurso del nuevo gobierno contra personas, presuntamente vinculadas a Fulgencio Batista. 

Al frente de los fusilamientos cometidos en la guarnición de La Cabaña, se encontraba el guerrillero argentino Ernesto «Che» Guevara. 

«¿Fusilamientos? Sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba», reconoció Guevara en discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964. 

La organización Archivo Cuba documentó 3051 ejecuciones por fusilamiento más de 60 años de castrismo.  

Caso Ochoa: ¿fue un «asesinato judicial para silenciarlo»?

El 13 de julio de 1989, el Héroe de la República de Cuba y general de División Arnaldo Ochoa Sánchez, fue ejecutado en La Habana junto al coronel Antonio de la Guardia Font, el capitán Jorge Martínez Valdés y el mayor Amado Padrón Trujillo, acusados de alta traición y lesiones graves «al prestigio de la Revolución y su credibilidad internacional». Fidel Castro confirmó la sentencia y decidió no indultar a los condenados

Los acusaron en un juicio emitido por la televisión nacional tras una minuciosa edición, de «actos hostiles contra un Estado extranjero», una supuesta operación de narcotráfico con el Cartel de Medellín, tráfico ilegal de cocaína, diamantes y marfil; entre otros delitos.

El delito de tráfico de drogas imputado a los acusados, según el artículo 190 del Código Penal cubano vigente en 1989, no estipulaba la pena de muerte. La sanción máxima era de 15 años de privación de libertad. Sí contempla la pena de muerte, en cambio, el delito de «actos hostiles contra un estado extranjero». Ochoa fue finalmente fusilado el 13 de julio de 1989 junto a Padrón, Martínez y de la Guardia.

La llamada Causa Número 1 de 1989, llevó además a la cárcel a una docena de oficiales del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas.

«Fue un asesinato judicial, y un asesinato judicial solamente se justifica para silenciar a alguien», dijo el jurista Miguel Fernández-Díaz. «A los que creían que estaban trabajando para el Comandante en Jefe les perdonaron la vida. Pero a los que sabían a ciencia cierta que estaban trabajando para el Comandante en Jefe, a esos había que silenciarlos», añadió.

Tres jóvenes fusilados: ¿«mensaje rápido y contundente»?

En abril de 2003 se aplicó por última vez la pena de muerte en Cuba. 

Tras un juicio sumario fueron fusilados los jóvenes Lorenzo Copello, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez, quienes intentaron desviar hacia Miami una lancha de pasajeros en La Habana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el carácter sumarísimo del juicio y violaciones del debido proceso. 

«Los casos más sonados de ejecuciones, y me refiero por ejemplo a los que ocurrieron como resultado de los juicios revolucionarios en los primeros años después de 1959, o quizás la que aconteció en 2003 con los secuestradores de la lanchita de Regla, fueron ejecuciones que se materializaron casi inmediatamente después del juzgamiento de las personas. La utilización de procesos sumarísimos acompañados de los fusilamientos –eran personas que se juzgaban en tres días y eran fusiladas en esos mismos tres días– son demostrativos de la necesidad del Poder cubano de contar con una herramienta de terror a la que poder echar mano siempre que tengan necesidad de enviar un mensaje rápido y contundente», considera Viera Cañive. 

Fidel Castro defendió los fusilamientos de 2003 en televisión nacional. «La Revolución Cubana fue puesta en el dilema de proteger la vida de millones de compatriotas, sancionando con la pena capital, legalmente establecida, a los tres principales secuestradores de una embarcación de pasajeros. Estimulados por el gobierno de Estados Unidos que trata de alentar el potencial delictivo de carácter común para asaltar barcos o aeronaves con pasajeros a bordo, poniendo en grave peligro la vida de estos, creando condiciones propicias para una agresión a Cuba, desatando una ola de secuestros, ya en pleno desarrollo, ¡que había que parar en seco!», afirmó. 

Ramona Copello Castillo, madre de Lorenzo Enrique Copello Castillo, declaró a la prensa internacional. «Él [Fidel Castro] mandó a matar tres gentes, que ni hicieron terrorismo, ni pusieron bombas, ni mataron a nadie, ni asesinaron a nadie».

«La pena de muerte ha sido utilizada por el régimen de La Habana como un recurso de persuasión, más que como un recurso para administrar realmente justicia. Una de las principales oposiciones que enarbolan los críticos o detractores de la pena de muerte es que es una sanción que no tiene reversión, y por tanto es muy complicada su justificación después en los casos de errores judiciales, errores que en muchos casos se reconocen o determinan años después de impuesta la sanción y por tanto que no tienen solución después de fallecida la persona», explicó Viera Cañive. 

Pena de muerte: ¿una amenaza como herramienta de represión?

En la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada en Chile en 2013, Raúl Castro dijo: «Nuestras leyes permiten la pena de muerte. Está suspendida, pero ahí está de reserva. Porque una vez la suspendimos y lo único que hicimos con ello fue estimular las agresiones y los sabotajes contra mi país». 

Diez años después, en julio de 2023, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, aseguró que la pena de muerte en el nuevo Código Penal vigente en Cuba está estipulada como mecanismo de «defensa» al Estado y la «tranquilidad ciudadana».

Durante su intervención ante el parlamento, Remigio recordó que, aunque hace más de dos décadas que no se aplica la pena de muerte en el país, la ley está «ahí» para cuando sea necesario. «No hay una declaración oficial al respecto, pero todo este tiempo transcurrido es una especie de moratoria no declarada», dijo y aclaró que «eso no quiere decir que no exista». 

Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, explicó entonces a Martí Noticias que «la pena de muerte, aunque está conmutada desde 2008, es como la espada de Damocles, el efecto ejemplarizante que ha usado el grupo político en el poder desde 1959. El hecho de que la intervención de Remigio se transmitiera por la televisión es una amenaza contra toda la ciudadanía, una advertencia de que la tienen como recurso en caso de que atenten contra ellos». 

Más recientemente, en marzo de este año, en el programa de propaganda oficial en televisión Con Filo, publicó imágenes del juicio contra el general Arnaldo Ochoa para hablar sobre el exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

El programa televisivo acusó de «contrarrevolucionario» al también ex viceprimer ministro cubano. Michel Torres Corona, el presentador del espacio televisivo, citó al Che Guevara para indicar que quien vive por encima de sus posibilidades debe ser «perseguido y aniquilado», en referencia a Gil, a quien también calificaron de «traidor», reportó Árbol Invertido. 

¿Hacia un mundo libre de pena de muerte? 

La Declaración de Estocolmo fue primer manifiesto abolicionista internacional sobre la pena de muerte, promovida por Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos advierte que la condena a muerte «es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante».

La Federación Internacional de Derechos Humanos pide la abolición universal ante cualquier delito y en cualquier circunstancia. Advierte que la pena de muerte en general se pronuncia tras juicios injustos y su aplicación a menudo tiene carácter discriminatorio 

Más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica: Canadá (1998), Bélgica (1996), Suiza (1992), Alemania (1987), Australia (1985), Noruega (1979), Dinamarca (1978), Finlandia (1972), Suecia (1972), Austria (1968), Islandia (1928), etc. 

Y en la mayoría de los países latinoamericanos también la proscriben, incluyendo aliados de Cuba, como México, Bolivia, Nicaragua, y Venezuela. 

«La imposición por el Estado de la pena de muerte, el más severo e irreversible de los castigos, es profundamente difícil de conciliar con la dignidad humana y con el derecho fundamental a la vida», declaró en febrero de 2023, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 

Türk recordó que durante muchos años las Naciones Unidas se han opuesto a la pena capital en todas las circunstancias, y afirmó que hasta que todas las naciones hayan abolido la pena de muerte, «se habrá completado el camino hacia la defensa de la dignidad humana».

En abril de 2022, al rendir cuentas ante la Convención en Ginebra, Suiza, la delegación oficial de Cuba condicionó la eliminación de la pena capital a un cambio en las relaciones con Estados Unidos.

«La decisión tendría que estar vinculada al cese de la política de hostilidad y agresión practicada contra Cuba por el Gobierno de Estados Unidos», declaró el régimen de Miguel Díaz-Canel. 

Sin embargo, el subteniente de la Policía Yoennis Pelegrín Hernández, responsable de la muerte Diubis Laurencio Tejeda el 12 de julio de 2021, durante las protestas ocurridas en el barrio de la Güinera, del municipio habanero Arroyo Naranjo, continúa impune, contó a Diario de Cuba un familiar del fallecido, un año después de los hechos.