¿Por qué Cuba es el país con más presos políticos en el continente? Expertos explican

El 10 de diciembre de 2023 se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Cuba tuvo un aporte fundamental en la redacción del documento publicado en 1948, pero en las últimas seis décadas, el tema de los DD.HH. en la isla dio un giro de 180 grados. 

La investigadora Hilda Landrove, ha explicado que, en Cuba, «el término llegó a convertirse en un tabú. Quien se identificara con los derechos humanos era, por definición, un “enemigo de la Revolución”».

Por su parte, Gabriel C. Salvia, director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) y compilador del libro 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miradas desde Cuba, dijo a Martí Verifica que en la actualidad «el gobierno de Cuba, a través de su constitución, código penal y leyes especiales, criminaliza el ejercicio de los derechos humanos, y al mismo tiempo su sistema de justicia no es independiente del poder político».

Salvia concluyó que, «por tal motivo, no es de extrañar que sea el país de América Latina con mayor cantidad de personas presas por motivos políticos».

Raudiel Peña Barrios, abogado del Centro de información legal Cubalex, con maestrías en Derecho Constitucional y Administrativo y en Ciencia Política, respondió a esta redacción que en Cuba, «al ser un Estado autocrático, se criminaliza cualquier forma de disidencia u oposición políticas».

En declaraciones a Martí Verifica, Fernando Almeyda, asesor jurídico de Prisoners Defenders (PD), coincide con otros entrevistados en que «la naturaleza del Estado cubano es consustancial con los presos políticos». Exiliado en Serbia, Almeyda agregó que «suele hacerse referencia al régimen cubano como dictadura, pero eso no es del todo preciso, el término es mucho peor. Se trata de un estado totalitario en su variante comunista».

Según este abogado y activista, los estados totalitarios son la antítesis de los que adoptan el modelo democrático: «no se erigen para garantizar derechos, sino para violarlos». En adición, los estados totalitarios comunistas toman una serie de derechos -generalmente básicos-, intentan asegurarlos y «obligan a la ciudadanía a elegir entre comer o pensar; los mantienen bajo chantaje y engaño al tiempo que los obligan por necesidad a bajar la cabeza».

«Al final, los derechos individuales no existen en la concepción de estos Estados, sólo la noción de permisos o de asuntos burocráticos (...) Por lo tanto, ante aquellos individuos o grupos que levantan la cabeza, ya sea para pensar, criticar o poner en duda al Estado, lo que les espera es la violencia, sea a través de las armas y los golpes o a través del aparato judicial; en esta “pax romana”, las víctimas no existen, se les silencia, se les mata o se les borra. Es normal para cualquier estado totalitario, dictatorial o autoritario tener presos políticos, uno no existe sin el otro», expresó. 

¿Qué es un preso político? 

No existe un consenso sobre quiénes son considerados «presos políticos». Organizaciones de derechos humanos establecen distintos criterios, pero no a partir de una definición directa del derecho penal, como señaló la directora en funciones de Human Rights Watch para las Américas, Tamara Taraciuk. 

No obstante, sí existen convenciones generales entre los organismos y estándares internacionales sobre las detenciones arbitrarias y las fallas en el debido proceso.

De acuerdo con Taraciuk, para poder «determinar la arbitrariedad de un proceso penal hay que evaluar si hubo acceso a las debidas garantías judiciales y derecho a la defensa». Además, la investigadora destaca tener en cuenta la independencia de los jueces, la proporcionalidad de las penas, que el delito esté tipificado y se apliquen las penas según las legislaciones vigentes. «Es clave ir más allá de los conceptos y determinar si el proceso penal y la detención fueron ilegítimas o arbitrarias. Ese es el corazón de la cuestión», concluyó. 

Edgardo Riveros, abogado experto en Derecho Internacional y académico de la Universidad Central de Chile, explicó que sí hay algunas ideas generales para reconocer a alguien que está bajo la prisión política: «Es aquella persona que está privada de libertad en razón de su adhesión, de su pensamiento político. No hay, para él, una situación de un delito común». «Una persona que está privada de su libertad única y exclusivamente a raíz de su pensamiento», precisó. 

La doctora en Derecho y académica del Centro de Derechos Humanos UDP, Judith Schönsteiner, agrega que «hay otro [aspecto] que incluye también aquella prisión que, por los pensamientos políticos de la persona encarcelada, es más gravosa o tiene peores condiciones de detención que por comisión del mismo delito».

En el caso de las definiciones por parte de organismos internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no tiene un concepto específico de qué es un «preso político»; aunque según  sus informes publicados se trata de personas «que sólo habrían manifestado disconformidad» con algún régimen y, por ello, «habrían sido privadas de la libertad».

Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa considera preso político a una persona privada de su libertad personal: «si la detención ha sido impuesta en violación de una de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos (CEDH), en particular la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión e información, la libertad de reunión y asociación; si la detención ha sido impuesta por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito; si, por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas con el delito del que la persona ha sido declarada culpable o del que se sospecha; si, por motivos políticos, es detenido de manera discriminatoria respecto de otras personas; o, si la detención es resultado de un proceso claramente injusto y esto parece estar relacionado con motivos políticos de las autoridades».

En América, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA)  ha certificado listas de personas en condición de presos políticos, siguiendo estos criterios:

1. La persona fue privada de libertad de forma arbitraria. 

2. La persona fue detenida sin que hubiese incurrido en actos de violencia durante el hecho por el que fue detenida.

3. La persona fue privada de libertad por motivos políticos para ser neutralizada por lo que significa o representa a nivel individual.

4. La persona fue detenida por pertenecer a un grupo u organización que el Gobierno quiere neutralizar.

5. La persona fue detenida para crear una narrativa oficial que justifique fallas del Gobierno.

Yaxys Cires Dib, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), precisó a Martí Verifica que para su labor se basan en un «marco conceptual sobre el tema, que plantea que un preso lo es por motivos políticos y de conciencia cuando “la prisión castiga el ejercicio de cualesquiera de los derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”».

De acuerdo con Cires, también abogado, «esta consideración es válida incluso cuando el delito imputado es considerado común, pero la motivación real de la prisión sea política, o cuando, por razones políticas, se viole el debido proceso». 

El término «preso político» no coincide necesariamente con el de «preso de conciencia». Este último fue definido por Amnistía Internacional (AI) como una persona encarcelada por su raza, religión, color de piel, idioma, orientación sexual o credo, siempre que no haya incurrido en la violencia o en algún delito establecido en el código penal del país. Esta definición es mucho más amplia y no necesariamente se considera como un opositor político.

Johanna Cilano, investigadora regional de AI, declaró a Martí Verifica que «los últimos años, y especialmente tras las protestas pacíficas celebradas en toda la nación el 11 y 12 de julio de 2021, las autoridades cubanas, con el presidente [Miguel] Díaz-Canel a la cabeza, han intensificado una política de represión, aplicada durante décadas, que criminaliza la protesta pacífica y encarcela y maltrata a personas cubanas de toda condición sólo por expresar sus opiniones. Desde Amnistía Internacional hemos dado cuenta de ese incremento de la represión, que incluye a centenares de personas detenidas y procesadas según dan cuenta organizaciones como Justicia 11J».

Cilano, advirtió que «sin poder acceder al país, y dado el estrecho control que las autoridades cubanas continúan ejerciendo sobre la abogacía y la judicatura, Amnistía Internacional se encuentra con graves obstáculos para documentar los casos de las personas encarceladas únicamente por motivos políticos, y por tanto es muy probable que haya muchos más casos de presos y presas de conciencia de los que nuestra organización ha podido documentar». 

¿Cuántos presos políticos hay en Cuba y bajo qué cargos fueron encarcelados? 

Varias organizaciones independientes, defensoras de los derechos humanos en Cuba, tienen subregistros del número de presos políticos actualmente en la isla. Los listados están en constante actualización y se elaboran a partir de las denuncias de las víctimas y familiares, reportes de medios de prensa, informes de ONG y de activistas en la isla. En algunos casos las cifras difieren en el total, pero todas rondan alrededor de los mil prisioneros políticos.

Según un informe reciente de la organización de derechos humanos Prisoner Defenders (PD), con sede en Madrid,  en Cuba habría un total de 1062 presos políticos. 

Estas personas, agrega PD, sufren «condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos». 

Según la organización, «sólo en los últimos 6 meses hemos confirmado en Cuba y añadido a nuestra lista 96 nuevos presos políticos, 16 nuevos cada mes».

PD denunció que, de la lista actual, «224 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 209 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno». La ONG especificó, además, que hay en el país 118 mujeres  y 34 menores que están encarcelados o están siendo procesados por motivos políticos. 

Por su parte, el Grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J, organización que desde el estallido social de julio de 2021 ha documentado «la respuesta estatal a manifestaciones públicas de distinta tipología, en el espacio público y en centros de detención», reporta las «detenciones de 1887 personas, de las cuales 793 continúan en prisión».

Yaxys Cires, del OCDH, dijo a Martí Verifica que «desde el punto de vista cuantitativo, hoy hay más de mil prisioneros políticos y de conciencia en Cuba debido al desencanto creciente en la población cubana con respecto al régimen. En la medida en que crece el descontento, mayor es la represión. La prisión siempre será una de las respuestas de quienes han optado por acallar cualquier protesta antes que resolver los problemas nacionales».

Venezuela y Nicaragua, detrás de Cuba entre los países con más presos políticos en     Latinoamérica

Según reportó a finales de noviembre, la organización no gubernamental Foro Penal, que lidera en Venezuela la defensa de estos casos y cuya lista de procesados es avalada por la Organización de Estados Americanos (OEA), existe en el país sudamericano un total de 275 presos políticos (147 efectivos militares y 128 civiles). El total de privados de libertad incluye a 256 hombres y 19 mujeres, todos mayores de 18 años de edad.

En Nicaragua, después de desterrar a más de 200 disidentes este año, la mayoría prisioneros políticos, el régimen de Daniel Ortega emprendió una nueva oleada de detenciones. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, denuncia que subió el número de opositores y críticos del gobierno sandinista que se encuentran en las cárceles de ese país centroamericano. 

Hay 91 personas reconocidas como presas políticas a la fecha: 17 mujeres y 64 hombres (incluyendo 10 presos políticos detenidos previo a 2018). Un total de ocho (8) personas ingresan a la lista, según reportó el Mecanismo en un informe con cifras hasta octubre, cuyos datos son de referencia para  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Presos políticos en Cuba: principales cargos utilizados para condenarlos

Yaxys Cires apunta que el «régimen cubano tiene un amplio abanico de tipos penales o delitos para encarcelar a cualquier ciudadano. Entre las causas que más destacan están: desacato, desorden público, propaganda enemiga, atentado y sedición. Pero recordemos que muchos de los detenidos en 2021 fueron acusados de “propagación de epidemias”». 

Por su parte, Raudiel Peña Barrios dijo a Martí Verifica que el armamento legal del Estado cubano «es esencialmente, el Código Penal de 2022 en el que están tipificados varios delitos que permiten criminalizar la oposición política y al activismo y el periodismo independiente».

El experto apuntó que «los principales delitos comunes que se emplean contra los disidentes son la resistencia, el desacato, el atentado, el desorden público, la propaganda enemiga (este estaba en el Código Penal anterior de 1987 y ahora se llama propaganda contra el orden constitucional) y la propia sedición. La sedición se ha usado desde 1959 varias veces. Por ejemplo, Hubert Matos fue acusado de sedición. Pero luego de los hechos de julio de 2021 se retomó para sancionar a manifestantes. Es decir, se usó para sancionar a personas que se manifestaron pacíficamente».

En tanto, Johanna Cilano señaló que «Amnistía Internacional ha alertado sobre el uso sistemático de leyes penales para criminalizar la protesta. Especialmente el nuevo Código Penal mantiene disposiciones que se utilizan para silenciar la disidencia como los delitos de desacato, resistencia o desórdenes públicos, y corre el riesgo de consolidar aún más unas limitaciones arraigadas a la libertad de expresión y de reunión. Coloca un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades».

¿Están en estado de vulnerabilidad y desprotección los presos políticos y sus familias?

El abogado Fernando Almeyda advierte que «la situación emocional [de los presos políticos y sus familiares] es la peor posible, absolutamente desesperante». Señala que «el éxito de las acciones jurídicas o cívicas en defensa de los presos está notablemente reducido por la política de mano de acero del régimen cubano, quien ve como una muestra de debilidad hacer cualquier acto que no sea la consecución del régimen represivo».

El asesor jurídico de Prisoner Defenders, explica que en esa organización trabajan en intentar reducir o minimizar «la crueldad de la pena o intentar atacar la arbitrariedad notoria de la Seguridad del Estado; en tratar de lograr que existan documentos y obtener información sobre la situación de un detenido o desaparecido, e intentar no prolongar indefinidamente su prisión, o reducir la condena o qué está no sea de privación de libertad y tratar de interrumpir las acciones de torturas y malos tratos, así como también abogar por que cesen en algún grado la intensidad de las violaciones de Derechos a estos y sus familiares».

Según el defensor de DD.HH., otro factor que impone un límite no es sólo el carácter anti-derechos del Gobierno cubano, sino también la voluntad política y jurídica de la comunidad internacional: «el régimen de La Habana evita emplear el asesinato (salvo último recurso) contra la sociedad civil que se le revela, en cierto sentido no lo necesita, tiene una amplia baraja de recursos a su disposición que, además, incluye la violencia física, pero no es solo que no la necesite, sino que no le conviene, y el porqué no le conviene está en relación con la postura de la Comunidad internacional», apuntó Almeyda.

¿El Estado cubano oculta la existencia de presos políticos? Evidencias de desinformación sobre el tema

En marzo de 2016, durante una conferencia de prensa en La Habana a propósito de la visita del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, Raúl Castró en respuesta a una pregunta de CNN sobre los presos políticos, dijo visiblemente irritado: «Dame una lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos».

«Si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos», aseguró el general de Ejército, que entonces ostentaba la presidencia.

Después de la conferencia, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, informó que Estados Unidos había mostrado a las autoridades cubanas varias listas de presos políticos, pero las respuestas fueron que «los prisioneros se encuentran detenidos por otros delitos».

El actual gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, también negó que en Cuba haya presos políticos, durante un encuentro que sostuvo a inicios de diciembre de 2021 con integrantes de la Caravana de Pastores por la Paz en La Habana. Aseguró ante el grupo de religiosos estadounidenses que «no hay presos políticos en Cuba» y que las «personas pueden manifestarse libremente» en contra de la revolución. Esto también es FALSO.

Díaz-Canel reprodujo esa narrativa desinformadora unos meses después de la represión y el encarcelamiento de cientos de manifestantes durante las históricas protestas antigubernamentales de julio de 2021.

Más recientemente, como parte de la propaganda para apoyar a la delegación oficial de Cuba en el IV Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrado en Ginebra a mediados de noviembre de 2023, la Cancillería cubana afirmó en redes sociales: «No existen presos políticos. Nadie es condenado por su posición política».  Esto, como ya se ha analizado en este texto, es FALSO. Puede conocer sobre otras desinformaciones del Gobierno cubano en EPU 2023 en este otro chequeo de Martí Verifica.

¿Pese a negarlos, el régimen cubano utiliza a los presos políticos en su beneficio?

La Habana ha realizado cinco liberaciones masivas de presos políticos desde la conquista del poder por Fidel Castro (1959), siempre en contextos convenientes para mejorar la opinión internacional sobre su régimen. Este es un resumen de las excarcelaciones masivas de opositores cubanos:

Diciembre/1962. Tras el desembarco por bahía de Cochinos en abril de 1961 de la Brigada 2506, el entonces asesor de la Casa Blanca, James Donovan, y el fiscal general de EE. UU., Robert Kennedy, negociaron con el régimen de La Habana la liberación de 1.203 integrantes de la Brigada. El intercambio costó unos 2,5 millones de dólares por los primeros 60 liberados y otros 25 millones más «en medicinas y alimentos de niños por el resto», según la prensa estatal cubana citada por VOA. 

1978. Con la llegada al poder en enero de 1977 del presidente estadounidense James Carter, se firmó un acuerdo estableciendo la Sección de Intereses de EE. UU. en La Habana y de Cuba en Washington, DC. Luego, entre los meses de octubre y diciembre del siguiente año, el gobierno de Fidel Castro liberó a unos 3.600 presos políticos.

1984. Este año, el reverendo evangélico y luego candidato demócrata a la presidencia de EE. UU. Jesse Jackson, gracias a su cercanía con las autoridades cubanas, logró en junio la liberación y traslado a Washington de 26 presos políticos. The New York Times reportó entonces que tras la gestión de Jackson retornaron 22 ciudadanos estadounidenses que permanecían presos en la isla por supuestos delitos «relacionados con drogas».

2010-2011. 75 presos políticos (activistas de derechos humanos, periodistas independientes e intelectuales cubanos) que habían sido detenidos en 2003 durante la llamada Primavera Negra, fueron puestos en libertad tras la mediación de la Iglesia Católica y el Gobierno español con el régimen cubano.

2015. En enero de este año, el presidente Barack Obama logró durante el deshielo de las relaciones bilaterales con Cuba, la liberación de 53 presos políticos. Anteriormente,  habían sido liberados, Alan Gross -contratista del gobierno de EE. UU. -,  y el agente de la inteligencia estadounidense Rolando Sarraff Trujillo, quienes fueron canjeados por cinco espías cubanos integrantes de la Red Avispa.

También se han dado otras liberaciones de presos políticos a solicitud de mandatarios extranjeros, como  Pierre Trudeau (padre del actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau), del presidente francés François Mitterrand y del líder de la Junta de Galicia (España), Manuel Fraga Iribarne. Los prisioneros políticos liberados salen bajo una «licencia extrapenal», y tienen restringida la libertad de movimiento dentro de la isla. En el caso de exiliarse, muchas veces se les impide retornar a su país.

¿Influye la comunidad internacional en la liberación de los presos políticos cubanos?

Gobiernos democráticos, personalidades e instituciones, como el Parlamento Europeo, han denunciado en diversas ocasiones la existencia de presos políticos en Cuba y pedido su liberación inmediata.

Sin embargo, el jurista Fernando Almeyda advierte que en medio de conflictos armados como los que están ocurriendo en Ucrania y entre Israel y Palestina; y conflictos de carácter étnicos o nacionales en todo el mundo, «las violaciones activas o pasivas de los derechos humanos por parte de los Estados pueden llegar a criterios complejos».

En opinión del asesor de PD, «un preso político resulta un escándalo, pero mientras hay vida se puede luchar u obtener mejoras, y esa es la óptica que ha tomado la comunidad internacional frente a Cuba. La prioridad es que no escale la situación, que no se convierta en genocidio o que no se empiece a asesinar sin más a las personas, pero carecen del consenso para ir mucho más lejos, porque hay situaciones que llaman su atención inmediata y su mayor firmeza, y no es para menos».

Según Almeyda, «el régimen cubano sabe esto y se camufla muy bien a través de su entramado laberíntico de normas; aunque, a decir verdad, a nadie engaña, pero su supuesta cobertura de legalidad le da herramientas a sus aliados para defenderlo».

También señala que prima el principio de no injerencia en los asuntos internos de otro Estado, e influye la supuesta disposición del régimen frente a la comunidad internacional para «dialogar y resolver el problema». En su opinión,  aunque «se sepa que es una actitud falsa, también es una cuestión de principios diplomáticos internacionales».

Además, Almeyda hizo referencia a otro elemento para el análisis de la permanencia de presos políticos en la isla: «la falta de esperanza y empatía de la sociedad civil cubana con las víctimas, que hoy en día está más ocupada en no ser una víctima o en resolver sus problemas o intereses personales que en solidarizarse con la causa de otros, y eso nos hace perder mucha fuerza».

Casos de presos políticos

De acuerdo con el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxys Cires, «Cuba vive desde hace dos años un proceso que llamamos “vaciamiento de oposición y de sociedad civil”».

El defensor de derechos humanos explica que, con ese proceso, «el régimen busca truncar la existencia de liderazgos políticos democráticos que conecten con la mayoría desencantada, así como quedarse como único interlocutor con la comunidad internacional. La amenaza de cárcel o exilio ha sido uno de los principales instrumentos represivos empleados por la policía política para llevar a cabo este vaciamiento; la realidad es que no ha dudado en emplear cualquiera de las dos “alternativas”, incluso con crueldad». 

«El abominable encierro de tantas personas que no cometieron delito, sino que ejercieron sus derechos naturales, incluso estando muchos de ellos muy enfermos en prisión, evidencia el concepto tan deshumanizante sobre la persona y la política que tiene la élite cubana», concluyó Cires.

Por su parte, Johanna Cilano subrayó que Amnistía Internacional «tiene hoy cinco personas [cubanas] nombradas como presas de conciencia —encarceladas por sus creencias religiosas, políticas o de otra índole sin haber recurrido a la violencia ni propugnado su uso. Ellos son: José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel “Osorbo” Castillo Pérez, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro».

Según precisó, estos son casos representativos de presos de conciencia, «sólo son una minúscula fracción del número total de personas que probablemente merecen ser adoptadas como tales, pero sirven para resaltar algunos de los patrones de abusos de las autoridades cubanas y la política de represión que se ha aplicado durante décadas».

Johanna Cilano subrayó que estos cinco casos «muestran la continua práctica de restringir ilegítimamente la libertad de expresión y asociación».

El llamado de Amnistía Internacional, explica su investigadora regional, «es a poner en libertad inmediata e incondicional a todos los presos y presas de conciencia, encarcelados exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y revocar sus condenas; garantizar que, hasta su puesta en libertad, los presos y presas de conciencia están protegidos frente a la tortura y otros malos tratos y se les permite acceder a sus familiares, a un abogado o abogada de su elección y a atención médica adecuada, así como que el trato que reciben es conforme con las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela); y a garantizar el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación en Cuba, también para quienes manifiestan su disidencia, su oposición o su activismo, y derogar toda la legislación que limite indebidamente estos derechos».