Derecho a la información vs. control estatal en Cuba: ¿qué plantea el anteproyecto de ley y qué advierten expertos?

El proyecto de ley de la «Transparencia y el Acceso a la Información Pública» fue publicado el 27 de mayo de 2024  en el sitio oficial del Parlamento cubano. 

Varias organizaciones aseguran que la futura implementación de esta disposición, sin una reforma significativa y la inclusión de mejores prácticas internacionales, continuará restringiendo el acceso a la información en un entorno de mayor desinformación y control estatal. En ese sentido, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, alertó sobre «las notables vacancias y limitaciones que exhibe el Proyecto».

La normativa vio la luz en noviembre del año anterior en el sitio oficial del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), el órgano encargado de presentarlo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) -parlamento-. 

Aunque la prensa estatal aseguró que las autoridades cubanas someterían el anteproyecto a consulta popular, el abogado Eloy Viera Cañive cuestiona ese proceso ya que «no hay grandes cambios entre el borrador publicado por el Citma y el presentado ante la ANPP».

También el Observatorio Legislativo Cubano denunció que la supuesta «consulta popular» no significa que los criterios de la ciudadanía se tengan en cuenta. Según el observatorio, la centralización del control en el Ministerio del Interior (Minint), la exclusión de órganos clave del Estado de la obligación de transparencia, y la criminalización de los medios independientes son algunos de los principales obstáculos para una verdadera apertura informativa en el país.

¿Qué contiene ese proyecto de ley ?

La normativa establece «los mecanismos que garanticen el acceso de la ciudadanía a la información de la Administración Pública; y la protección de la información que ponga en riesgo la defensa y seguridad nacional e integridad de las personas, generada por el Estado, el Gobierno, y otros sujetos obligados». 

La Ley regularía «la transparencia y el derecho de acceso a la información pública; así como establece las obligaciones que deben cumplir sus responsables», y se aplicaría «a las personas naturales y jurídicas que prestan servicios públicos o reciben financiamiento u otros beneficios de igual naturaleza». Además establece cuáles son las excepciones al derecho de acceso a la información pública. 

Puede revisar el anteproyecto AQUÍ. 

¿Cuáles fueron las críticas de la sociedad civil al anteproyecto? 

1. Pauta un concepto restrictivo de información pública: define de manera limitada qué constituye información pública, restringiéndola a la que poseen o custodian los sujetos obligados, sin considerar que todas las actividades sean de interés público. Esto contrasta con los estándares internacionales que promueven la máxima publicidad de la información.

2. Falta al principio de máxima publicidad: a diferencia de los estándares internacionales, la ley no establece el principio de máxima publicidad, lo que significa que no se garantiza la accesibilidad de toda la información de interés público, ni se obliga a justificar las razones para solicitar información. La Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información crítica que el proyecto no contempla este principio esencial.

3. Excluye Órganos clave del Estado: ni los órganos judiciales, ni la Asamblea Nacional del Poder Popular, ni el Consejo de Estado están obligados a transparentar información bajo esta ley. Esto limita significativamente el alcance de la transparencia gubernamental, ya que deja fuera a las instituciones más poderosas y representativas del país.

4. Potencia el control centralizado del Minint: el Ministerio del Interior tiene la autoridad para clasificar y desclasificar información, lo que le otorga un control excesivo sobre qué información puede ser pública. Esta centralización del control en una entidad asociada con la seguridad del Estado pone en duda la independencia y objetividad del acceso a la información. 

5. Criminaliza a los medios independientes: esto se refuerza con La ley de Comunicación Social y los decretos leyes No. 35 y 370 que promueven sanciones contra medios independientes y periodistas que operan fuera del control estatal. Esto crea un ambiente restrictivo para la libertad de expresión y el acceso a la información, impidiendo que los ciudadanos tengan múltiples fuentes de información confiables.

6. Limita la Transparencia Activa y Presupuestaria: el proyecto carece de un reconocimiento explícito de la obligación de transparencia activa en aspectos críticos como el patrimonio de los funcionarios públicos y la información presupuestaria. Esto impide a los ciudadanos conocer cómo se manejan los recursos públicos y supervisar la corrupción y el mal manejo de fondos.

7. Usa el concepto de Seguridad Nacional como excusa para el hermetismo: la ley permite negar información si se considera que afecta la seguridad nacional, pero no define claramente qué constituye una amenaza a la seguridad nacional. Esto deja un amplio margen para la interpretación subjetiva por parte de las autoridades.

8. Exhibe un proceso de apelación opaco y sin garantías: la falta de un proceso claro y accesible para apelar las decisiones de denegación de información es una de las principales críticas. Sin un mecanismo de apelación independiente, los ciudadanos no tienen una vía efectiva para desafiar las decisiones gubernamentales. 

¿Qué dicen los expertos y las organizaciones independientes sobre la normativa?

Edel González Jiménez, jurista cubano, puntualizó que el control del Ministerio del Interior sobre la información clasificada es un obstáculo insalvable para el ejercicio del derecho a la información. Este control incluye la potestad de sancionar a aquellos que incumplen con las normativas de seguridad y protección de información. «El Minint es el que tiene el control y el monopolio de los datos y la información que debe clasificarse», dijo a Diario de Cuba.

También el Observatorio Legislativo Cubano señaló, en noviembre de 2023, que sin la existencia de medios de comunicación independientes, la ley de transparencia no puede cumplir su objetivo. Es decir, la criminalización de medios y periodistas independientes crea un ambiente represivo que restringe las libertades de expresión y prensa.

Incluso durante la concreción del anteproyecto, Raudiel Peña Barrios, Coordinador del Observatorio Legislativo —una iniciativa de la red DemoAmlat— expresó su preocupación por «los vacíos legales y otras cuestiones que están reguladas en la ley que tienen que ver con los sujetos obligados a entregar información pública sobre todo lo que ocurre en el Poder Judicial, la Asamblea Nacional del Poder Popular[ANPP] y el Consejo de Estado que son órganos que no están obligados por este anteproyecto a entregar información pública», declaró a Martí Noticias.

La organización Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información resaltó que el anteproyecto no cumplía con los mejores estándares internacionales, y que su implementación perpetúa un entendimiento restrictivo de lo que constituye información pública.

De igual modo, el jurista Eloy Viera Cañive refirió que el anteproyecto «implica una restricción intolerable al libre intercambio de información pública», al ponderar que los «solicitantes son responsables del uso de la información a la que acceden; por lo que, de hacerlo indebidamente, puede generar responsabilidad administrativa, civil o penal conforme con la legislación vigente».  

La normativa prevé amplias excepciones que permiten a las autoridades negar el acceso a la información por motivos de «seguridad nacional» y «orden público». Estas cláusulas son vistas como demasiado imprecisas y pueden ser utilizadas para justificar la no divulgación de información crítica.

Por otro lado, la implementación de la legislación estará  en manos de instituciones que no son independientes del Gobierno, lo que genera dudas sobre la imparcialidad en la gestión de las solicitudes de información. Es por eso que existe el riesgo de consolidar la cultura del secretismo gubernamental en lugar de fomentar una mayor transparencia.

El periodista, investigador y doctor en Comunicaciones, José Raúl Gallego, también advirtió en redes sociales: «nadie que conozca cómo funciona Cuba puede pensar que, como dice el texto, todo ciudadano sin discriminación de ninguna índole tiene derecho a acceder con celeridad a información pública de calidad, cuando ni siquiera permiten la existencia de periodismo independiente y cuando la mentira y el ocultamiento de información constituyen el día a día de la narrativa del régimen cubano». 

En ese sentido, denunció la existencia de una gran contradicción en el discurso estatal. «¿Va a ser transparente un sistema que niega la existencia de presos políticos? ¿Que miente con las cifras de todos los indicadores sociales? ¿Que los dirigentes no rinden cuentas? ¿Que tiene todo un entramado empresarial militar al que ni siquiera tiene acceso la propia Contraloría? No puede. Estructuralmente es imposible, pongan la ley que pongan», concluyó Gallego. 

Estas organizaciones y actores independientes coinciden en que, sin acceso a datos fiables, los ciudadanos no pueden tener opiniones informadas sobre las políticas del Gobierno cubano. Además, alertan que la centralización de la información en manos del Estado, y su control por parte del Minint, perpetúa una cultura de la desinformación en la isla.