Nueva ley NO reconoce «todos los espacios que existen» en la comunicación, como afirmó Díaz-Canel

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una entrevista con el canal ruso RT en Español, publicada en junio de 2023, que la nueva Ley de Comunicación Social aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el pasado 25 de mayo «reconoce todos los espacios que existen hoy en el ámbito de la comunicación» en el país.

La afirmación es FALSA. Esta legislación no reconoce a los medios de comunicación independientes, aunque el gobernante y otros funcionarios saben de su existencia y han mostrado interés oficial por desarticularlos. 

Díaz-Canel definió en el minuto 14 de su intervención la norma como «una ley moderna, que reconoce todos los espacios que existen hoy en el ámbito de la comunicación, plantea las interrelaciones en esos espacios, está centrada hacia el bienestar del pueblo (…) [y] también al aporte de la comunicación social como pilar de nuestro gobierno (…)».

Sin embargo, el Estado cubano, y su normativa jurídica, sólo acepta como medios nacionales legítimos a la prensa controlada por el Partido Comunista de Cuba (PCC) o por organizaciones afines a su régimen político e ideológico. En el ranking anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) con los países con menor libertad de prensa en América Latina, Cuba es ubicada cada año en los peores puestos de la región y su situación se considera «muy grave».

La ley que Díaz-Canel celebró ante las cámaras de RT en Español es la primera creada en Cuba desde el triunfo de la revolución de 1959 para los medios de comunicación. «Tiene como objeto regular el Sistema de Comunicación Social para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales», indica la norma jurídica.

Más control del Estado sobre la comunicación

José Raúl Gallego Ramos, periodista cubano y Dr. en Comunicación por la Universidad Iberoamericana (México), declaró a Martí Noticias tras la aprobación de la normativa en mayo: «El principal problema de esta ley y de todas las que hagan es que no cuestionan el orden establecido (que es el problema). Al contrario, lo apuntalan. Más allá de que esta ley no reconozca al periodismo independiente (...) el problema principal está en que sigue siendo pensada para sostener al sistema y reconoce al PCC como rector de la comunicación social».

La carta magna aprobada en 2019 recoge que los medios nacionales «son de propiedad socialista» y «no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad». El Artículo 28 de la Ley de Comunicación Social, también dicta que los medios «son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad».

Además, la ley establece en su Artículo 5.1 que el sistema de comunicación «actúa conforme al Estado socialista de derecho», siguiendo «el ejemplo de [José] Martí y Fidel [Castro], y las ideas de Marx, Engels y Lenin».

La nueva ley omite todo un ecosistema de medios digitales surgidos al margen y en varios casos en abierta oposición al PCC, que han ganado reconocimiento entre las audiencias cubanas y entre sus colegas del hemisferio.

No se trata de un grupo reducido de publicaciones. Para su tesis doctoral, Gallego Ramos identificó 56 medios en activo hasta abril de 2022, enfocados en la producción de información sobre temas de actualidad cubana, realizados por más de una persona y sujetos a procesos editoriales.

Por su parte Ted Henken, profesor titular de Sociología en el Baruch College (CUNY, Estados Unidos), afirmó en declaraciones a Martí Verifica sobre lo dicho por Díaz-Canel: «Eso es mentir».

El autor de artículos y libros sobre el surgimiento y desarrollo de nuevos medios digitales en Cuba, explica que la ley «sólo reconoce los espacios oficiales controlados por el Partido Comunista y, tal vez, de farándula o entretenimiento, y no los espacios vitales de periodismo investigativo, el que pide al Estado rendir cuentas, que trata de fiscalizar al poder».

Henken dijo a Martí Verifica que «esa ley no es para facilitar la comunicación social, sino para dar más herramientas al Estado [cubano], al Partido y a la Seguridad del Estado, de presionar, sancionar, encarcelar o exiliar a los comunicadores que no siguen las reglas del juego que ellos quieren poner».

Conocidos, pero omitidos

Díaz-Canel sabe de la existencia de los medios de prensa independiente cubanos, pero hace referencia a ellos como parte de supuestas «acciones mercenarias e imperialistas contra Cuba». Su régimen ha recrudecido la represión contra los reporteros que no se apegan a la línea oficialista.

En el IX Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), celebrado en 2013 y donde acudió en su función de entonces como Primer Vicepresidente de los Consejo de Estado y de Ministros, Díaz-Canel incluyó a los medios de comunicación independientes como parte de la «subversión política e ideológica» de los Estados Unidos contra Cuba, calificando de «contrarrevolucionarios» a los periodistas que colaboraban con ellos, como señala en un artículo la Dra. Sara García Santamaría.

Desde que fue designado presidente en 2018, en Cuba se han aprobado normas para afianzar el control estatal sobre la comunicación, coartar la libre expresión en redes sociales e ilegalizar la prensa independiente, como los decretos-leyes 370, 389 y 35 y el nuevo Código Penal que entró en vigor en diciembre de 2022.

«Todo [este arsenal jurídico] es legalizando la represión y el acoso sobre la comunicación en Cuba, que más que social y libre, es socialista y controlada», opina Ted Henken.

El propio Díaz-Canel subrayó en el marco de la aprobación de la Ley en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se trata de una norma jurídica que «tiene un fuerte impacto para la seguridad nacional, en un contexto de intensa guerra mediática».

Por su parte, la diputada nacional Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba -y quien en otro momento ha denostado a los medios independientes llamándolos «timbiriches digitales»-, resaltó que esta es «la primera ley superior derivada directamente de una Constitución socialista».

Cuando Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Comunicación e Información Social (antes ICRT), presentó el proyecto de ley a los diputados dijo que la norma permitiría seguir defendiendo «la ideología de nuestra sociedad socialista» y «la independencia, soberanía y seguridad de la patria, un aporte de mayor trascendencia en el escenario de guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural que enfrenta la Revolución cubana», reportó Cubadebate.

Consultado por Martí Noticias tras la aprobación de la nueva ley, el académico José Raúl Gallego opinó que «mientras se mantenga intacta la base de la estructura política de Cuba y los medios subordinados a ella, es imposible que el sistema de medios estatales produzca periodismo y no propaganda, entendido el primero como una actividad que tiene en su centro el cuestionamiento del poder».

Según el profesor Henken, la estructura de la prensa oficial y el control político sobre ella ha provocado un éxodo de periodistas. El experto destaca que los nuevos espacios independientes han sido abiertos por profesionales del periodismo, «la gran mayoría de ellos entrenados en las universidades dentro de Cuba, pero que han decidido no colaborar con los medios oficiales, los voceros del Partido y el Estado, y han decidido trabajar en la tradición liberal de periodismo que fiscaliza al poder y ofrece información de interés público».

Ley de Comunicación Social «legaliza la censura»

Varias organizaciones internacionales han expresado rechazo a la nueva legislación cubana. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación ante la aprobación de la Ley de Comunicación Social en Cuba, que «contraviene estándares internacionales de derechos humanos e intensifica la censura».

El Gobierno cubano también fue criticado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tras aprobarse «una ley que le permitirá reforzar su coacción en contra de la libertad de prensa» y «restringir aún más la libertad de expresión de los ciudadanos».

Michael Greenspon, presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, afirmó que «después de expulsar a varios periodistas del país y restringir a medios y periodistas, el régimen legaliza la censura con una nueva ley que le permite, a sus anchas, acabar con las críticas del periodismo independiente y con las opiniones de sus ciudadanos en Internet».

Por su parte, Artur Romeu, director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras en América Latina, se pronunció sobre la aprobación de la ley: «Es un día terrible para el periodismo en Cuba. (...) Al consagrar la prohibición de cualquier medio de comunicación fuera del marco del Estado y del control del Partido Comunista, el parlamento cubano aniquila este frágil espacio de libertad que había surgido, hiriendo de muerte a la libertad de prensa en Cuba. RSF (...) pide la retirada inmediata de esta ley represiva».

La organización Artículo 19, en un informe sobre «la libertad de expresión en Cuba durante el primer semestre de 2023», expone que en la isla son sistemáticas «las detenciones arbitrarias a periodistas, lareclusión domiciliariay el hostigamiento».

«Estas agresiones se dan de la mano de un marco restrictivo que viola libertades fundamentales y no observa compromisos internacionales», señala el documento. La ONG indicó, además, que «desde 2018 existe un incremento en las disposiciones normativas del derecho administrativo y el derecho penal orientadas a la limitación de la libertad de expresión en Cuba. (…) Una serie de decretos ley fueron formalizados entre 2018 y 2022 con este fin, junto a la reciente aprobación del Código Penal de 2022 y la Ley de Comunicación de 2023».

Un espacio de la comunicación insoslayable en el contexto cubano es el periodismo independiente. Sin embargo, el Gobierno cubano no lo reconoce y criminaliza a los periodistas y comunicadores que no se apegan a la ideología estatal.