Alena Douhan, relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el impacto de las sanciones unilaterales en los derechos humanos, dijo el 15 de septiembre en una rueda de prensa que estas medidas provocan el aumento de las tasas de mortalidad, incluso «en países como Cuba con un sistema sanitario muy desarrollado».

En el Consejo de DD.HH. de la ONU, Douhan –profesora de la Universidad Estatal de Bielorrusia, centro de altos estudios controlado por el gobierno de Aleksandr Lukashenko, cercano al régimen de La Habana–, presentó un informe que aborda la situación de los sistemas sanitarios de los países sancionados. En el caso de Cuba, la relatora afirmó que «los avances de la sanidad cubana» se podían constatar, por ejemplo, en los niveles de esperanza de vida en la isla y el desarrollo de los sistemas de prevención, aunque advirtió que «no todo puede producirlo Cuba, comenzando por equipamientos y materias primas para las medicinas».

Martí Verifica concluyó que la afirmación de Alena Douhan sobre que Cuba tiene «un sistema sanitario muy desarrollado» es INCOMPLETA, porque omite elementos relevantes del tema y el contexto actual.

Un relator especial de la ONU tiene como finalidad evaluar la situación de los derechos en un país. ¿Lo que informa sobre Cuba esta experta, es sólo lo que reproduce la narrativa gubernamental? ¿Sus conclusiones se basan exclusivamente en informes oficiales, sin el contraste de los reportes de organizaciones civiles independientes? ¿Coinciden los cubanos que viven en la isla en que tienen acceso en la actualidad a «un sistema sanitario muy desarrollado»?

En el informe oficial presentado por la relatora, se observa cómo en los temas de Cuba predominan los datos e informaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.

Del discurso oficial de «potencia médica» a las denuncias de cubanos

Según se indica en el sitio web del Ministerio de Salud Pública (Minsap), el Estado cubano regula, financia y presta los servicios públicos de salud, bajo el principio de que es «un derecho social inalienable», y a través de una red de asistencia médica y epidemiológica en hospitales, institutos de investigación, policlínicos y los llamados centros de «médicos de familia» ubicados en las comunidades.

De acuerdo a este diseño para la cobertura de salud y los «resultados» que promueve el oficialismo, el sistema sanitario cubano parece «una utopía en muchas regiones del mundo», como afirmó en la ONU el pasado 21 de septiembre, el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud de Cuba, en el segmento de alto nivel sobre «Cobertura Universal de Salud».

Sin embargo, constantemente ciudadanos cubanos y medios independientes, denuncian el deterioro del sistema de prevención de enfermedades a partir del funcionamiento del programa de Médicos de familia; las precarias condiciones e insalubridad en los hospitales, el desabastecimiento de medicinas e insumos, presuntas negligencias médicas, y la salida de miles de profesionales del sector, mientras habrían entre 34.000 y 50.000 especialistas sanitarios enviados por el gobierno a trabajar en más de 60 países, según un informe de 2022 de Human Rights Foundation (HRF), citado por Infobae.

También es frecuente ver en redes sociales el pedido de ayuda de cubanos en la isla, que necesitan sangre para una operación quirúrgica u otro procedimiento médico. Esa escasez contrasta con lo revelado en un informe publicado en 2021 por la ONG Archivo Cuba, donde se explica que, «según estadísticas de comercio asequibles en plataformas internacionales, de 1995 a 2019, Cuba exportó 794.2 millones de dólares en productos sanguíneos y 566.3 millones de dólares en productos derivados de glándulas, tejidos y órganos, lucrativo negocio de exportación a partir de 2005».

En Cuba los hospitales obtienen la sangre de manera gratuita y voluntaria en la mayoría de los casos, y los donantes desconocen sus otros usos.

Los cubanos también advierten en redes sociales sobre la carencia en el país de medicamentos para pacientes oncológicos, con VIH y enfermedades mentales; las roturas de equipos de somatom, quimioterapia, y la deficiente gestión gubernamental para asegurar la calidad de la atención médica. Además, varios indicadores de salud también muestran tasas negativas con respecto a años anteriores.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en España, publicó en octubre de 2022, por quinta ocasión, el informe «El estado de los derechos sociales en Cuba», realizado a partir de 1227 entrevistas personales en 59 municipios, de 14 de las 16 provincias de Cuba. El estudio arrojó que en el país «se mantiene la valoración negativa del sistema de salud, especialmente el estado de las instalaciones y del abastecimiento hospitalario (…) Para la mayoría de la población [56 %] es necesario hacer algún tipo de regalos o pagos para ser atendidos ellos mismos o su familia cercana».

Esto se suma a la consternación de un país que registra un éxodo masivo sin precedentes y tiene una de las cifras más altas del Continente en envejecimiento poblacional.

Crisis de salud en Cuba

Según un concepto que adoptó en 1947 la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte en un estudio que «gran parte de la calidad de los indicadores [de salud] depende de la calidad de los datos y sus fuentes».

Aunque las cifras e informes manejados por el Gobierno cubano están marcados por la opacidad y no pueden ser verificados por entidades independientes, hace apenas cinco años la OPS, basada en la información oficial, ubicó a la isla en el primer lugar de Latinoamérica en cuanto a la baja Mortalidad Infantil con 4.3 por cada mil nacidos vivos.

Sin embargo, en 2022 ese número subió a 7.5 fallecidos por cada mil, con tres mil 694 nacimientos menos que el año anterior.

«La tasa de mortalidad infantil mostró una tendencia sostenida a la reducción desde el año 59 a tener su más bajo indicador en el 2018, con tasas alrededor de 4. Luego hubo un incremento de las tasas, a 7.6 en 2021, 7.5 en 2022 y hoy tenemos una tasa de 7.9 [la más elevada en décadas] [Además hay] una tendencia a ir disminuyendo la tasa de fecundidad del país y llegar la cifra más baja el año pasado con 1.41», señaló en una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Dr. Reinol García Moreiro, viceministro de Salud.

Según la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas del Minsap, entre las principales causas de Mortalidad Infantil en el país están los nacimientos prematuros, el bajo peso al nacer y el crecimiento intrauterino retardado, parámetros a los que se le debe dar seguimiento durante todo el tiempo de gestación y están relacionados con la alimentación, la disposición de medicinas, insumos y otros cuidados y garantías, que hoy en la isla se dificultan para la mayoría de las familias.

Entre los años 2012 y 2020 fallecieron 4 646 niños menores de un año en Cuba, según datos del Anuario Estadístico de Salud de 2020. Las principales causas de defunción fueron las malformaciones congénitas, deformidades, anomalías cromosómicas y la septicemia.

Las autoridades cubanas no se han pronunciado sobre el incremento de los casos de sepsis o septicemia en menores de un año. Pero, según la OMS, más del 80 % de las muertes neonatales por infecciones podrían prevenirse con un diagnóstico temprano y un análisis clínico apropiado, con el sustento además de una infraestructura de salud adecuada y medidas de prevención de infecciones.

A inicios de este año murieron en La Habana, al menos, diez recién nacidos en el Hospital Materno Infantil de Diez de Octubre, conocido como Hijas de Galicia. En la primera nota informativa sobre el caso se señaló que los bebés nacieron prematuramente y con «bajo peso». En una segunda nota se indicó que una Comisión dictaminó la presencia de un brote de infección asociado a la asistencia sanitaria, en la sala de cuidados intensivos neonatales de la referida institución médica.

Por otro lado, la tasa de muerte perinatal tuvo un gran crecimiento en el país: de 231 registradas en 2018 a 469 fallecimientos, más del doble, en 2021, a pesar de que Cuba registró en 2021 el número más bajo de nacimientos (99.096), y la mayor cifra de fallecimientos (167.645), de las últimas seis décadas.

Otra problemática en el sector de la salud en Cuba es la escasez de fármacos. Una encuesta realizada por Cubadata y citada por Diario de Cuba, revela que más del 55 % de los cubanos encuestados califican el acceso a medicamentos como «imposible», y el 80 % informa dificultades significativas para obtenerlos. Esta realidad se contradice con la retórica oficial que presenta a Cuba como una «potencia médica».

«Hay un nivel de faltantes de medicamentos (281 faltas) El país tiene un alto costo para mantener el sistema de salud gratuito, por lo tanto, hay déficit de recursos, material gastable, hay problemas en el sistema de salud, que gradualmente, por diferentes esquemas que estamos implementando, lo estamos enfrentando», reconoció en el Parlamento en mayo de 2023, Alejandro Gil, vice primer ministro. Sin embargo, mientras persiste la escasez de medicamentos en el país, el Estado cubano exporta fármacos a 73 países.

Otro aspecto son las llamadas Enfermedades No Transmisibles, causantes de nueve de cada diez muertes que ocurren a diario en la isla. Según una Encuesta Nacional de Salud sobre la hipertensión arterial realizada entre 2018 y 2020, se conoció que el número de prehipertensos creció un 23 %, de un 15 % que se registraba en 2010, un indicio de que la cifra de personas con la enfermedad podría dispararse en los próximos años, a tono con el envejecimiento poblacional en el país.

Otra realidad que enfrentan los cubanos, es que más de 12,000 médicos salieron del Sistema de Salud Pública en 2022, según cifras divulgadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Además, unos 7,414 enfermeros abandonaron su profesión en las instituciones cubanas, al igual que 3,246 estomatólogos y 4,579 técnicos.

En el año 2005 la doctora cubana Hilda Molina, especialista en neurocirugía y restauración neurológica, durante un intercambio con estudiantes universitarios argentinos, señaló: «El sistema de salud [en Cuba] es absolutamente politizado. Se ejerce control político por el gobierno de las instituciones médicas y científicas, de las universidades, y de los profesionales; (…) las estadísticas médicas se controlan políticamente y no por especialistas independientes. Los procesos de validación al respecto, tanto los nacionales extra-gubernamentales, como los internacionales, son inexistentes. Esto ha permitido el manejo de los indicadores de salud, en función de intereses político-ideológicos, y con fines propagandísticos (…)».

Desde ese entonces, la científica y disidente advertía que «el concepto de gratuidad de los servicios de salud constituye un mito, sólo un mito, engendrado y nutrido por el régimen. El ciudadano cubano promedio reconoce que existe en nuestra Patria, un sistema de salud maltrecho e invadido por la corrupción; y esta triste realidad genera desilusión, angustia e inseguridad».

Impacto de las sanciones en el sector de la Salud, según versión oficial

En virtud de la resolución 77/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que pide poner fin al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos al Gobierno cubano desde 1962, las autoridades de la isla informaron que durante «el período que abarca este informe [entre el 1º de marzo de 2022 y el 28 de febrero de 2023], esta política causó pérdidas en el sector de la salud por un valor de 239 millones 803 mil 690 dólares, cifra que supera en casi 80 millones las afectaciones reportadas en el período previo a la pandemia de la COVID-19 (abril de 2019 a marzo de 2020)».

Según refiere el informe «los daños acumulados a los servicios en esta esfera durante más de seis décadas de aplicación del bloqueo ascienden a 3 mil 625 millones 840 mil 594 dólares». Estas cifras están basadas únicamente en datos de entidades del Gobierno cubano, sin verificación independiente, ni está clara la metodología utilizada para elaborar el informe.

En el documento se señala específicamente, que las «condiciones excepcionales» en las que Cuba tuvo que hacer frente a la pandemia del coronavirus fueron reconocidas por la relatora Alena Douhan, durante una conferencia ofrecida el 4 de mayo de 2023 en la Universidad de La Habana, en el marco de su visita académica a la isla. «Cuba fue el único país donde AliExpress [plataforma de ventas on-line] no pudo llevar y entregar donaciones por el efecto disuasivo de las sanciones unilaterales de los Estados Unidos. Eso es ilegal», dijo Douhan, según la cita que aparece en el informe.

El Gobierno cubano para mostrar el impacto de las sanciones en la resolución 77/7 de la ONU, puso como ejemplo el aumento de la tasa de mortalidad infantil en el país. «Las crecientes limitaciones financieras, la imposibilidad de acceder a insumos imprescindibles para el Programa Nacional de Atención Materno Infantil y la persecución a los socios tradicionales de Cuba para el suministro de medicamentos, equipamientos, tecnologías, entre otros, han tenido un impacto directo en la plena realización del derecho a la salud», afirmaron.

No se hace mención a nada relacionado con la muerte de recién nacidos por casos de sepsis u otras complicaciones internas.

En respuesta, Paul Folmsbee, representante de los Estados Unidos ante la ONU, dijo: «las sanciones son una serie de herramientas en nuestros esfuerzos amplios para que se adopte la democracia y fomentar el respeto a los derechos humanos en Cuba. Por eso nos oponemos a esta resolución».

El diplomático también señaló que, a pesar de que Cuba es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el régimen de la isla no ha aceptado las solicitudes para que la visiten expertos independientes «que ayudarían a hacer avanzar el respeto de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, la libertad de religión y la libertad de reunirse pacíficamente».

Folmsbee agregó que «las sanciones incluyen exenciones con respecto a importaciones de alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios a Cuba».

Douhan en La Habana: críticas de activistas de derechos humanos

Durante su visita a Cuba a inicios de mayo de este año, la relatora especial de la ONU se reunió con el gobernante Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez. El presidente cubano, designado por el general Raúl Castro para sustituirlo al frente del Estado, le aseguró a la relatora de la ONU que «Cuba está comprometida con todos los mecanismos de derechos humanos».

Alena Douhan sostuvo además, un encuentro con José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, quien le aseguró que, «pese a estas dificultades [las sanciones de EE. UU.], la salud antillana ha salido adelante no solo para mejorar la vida del país, sino en el mundo a través de la solidaridad y el reconocimiento de la contribución cubana en el impacto positivo a ese sector en otras latitudes».

La relatora ofreció una conferencia en la inauguración del evento «Diálogo académico sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en Cuba», organizado por la Universidad de La Habana.

«[Estoy] muy impresionada por la resiliencia y resistencia que los cubanos muestran», manifestó Douhan.

Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, una organización defensora de DD.HH. reconocida con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo (2005), advirtió en Facebook que Douhan «ignoró el acoso, persecución y encarcelamiento por razones políticas de los activistas de derechos humanos y opositores políticos; el trato cruel e inhumano a que son sometidos los más de 1000 presos políticos en las cárceles y prisiones cubanas; y la represión política y social en general».

«Estoy totalmente de acuerdo con ese pronunciamiento de las Damas de Blanco», añadió Guillermo “Coco” Fariñas, líder de la organización opositora Foro Antitotalitario Unido (Fantu), también ganador del Premio Sájarov (2010).

Sobre la visita de Douhan a La Habana, Ramón Zamora Rodríguez, director y vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, opinó que fue «un insulto a las tantas denuncias desde la isla sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos del régimen Castro Díaz-Canel al pueblo cubano».

El opositor declaró a Radio Martí: «Una vez más se demuestra el carácter cómplice de los relatores de este medio que llegan a validar al neocastrismo, ignorando las necesidades de una observancia de respeto dentro de las infernales cárceles, los destruidos hospitales, escuelas y universidades y el verdadero sentir de los trabajadores de los sectores estatales y privados».

Durante las últimas décadas, el régimen de La Habana ha recibido selectivamente a representantes de las Naciones Unidas. Desde las protestas antigubernamentales de julio de 2021 –según la información pública– ningún relator de derechos humanos ha podido visitar las cárceles de la isla, donde hay en la actualidad más de 1000 presos políticos, de acuerdo a los registros de organizaciones independientes de DD.HH.

A inicios de febrero de 2021 Alena Douhan también viajó a Venezuela. Desde 2018 alrededor de una docena de relatores especiales de la ONU han solicitado al régimen de Nicolás Maduro visitar al país sudamericano, pero sólo la bielorrusa fue recibida con «alfombra roja», según reportes de medios de prensa.

Durante su estadía de 12 días en Venezuela, la relatora no se reunió con las organizaciones independientes más reconocidas en materia de derechos humanos, al menos según la información pública. Su agenda estuvo enfocada en encuentros con políticos del régimen, organizaciones afines al chavismo y una reunión con Maduro en el Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo.

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