La crisis de pensiones en Cuba, explicada

Dos de cada diez cubanos (21,9 % de la población) tiene al menos 60 años; una estadística que convierte a Cuba en el país más envejecido de América Latina y el Caribe. En ese contexto, varios economistas alertan que el Gobierno cubano carece de una política integrada y eficiente para afrontar esa condición.

Casi la mitad de los pensionados cubanos se encuentra en «situación de vulnerabilidad» con un ingreso igual o inferior a la mínima de 1.528 pesos, según datos del Gobierno cubano. Al situar la pensión media en 1.900 pesos —equivalente a 7.60 dólares en el mercado informal— varios investigadores aseguran que gran parte de ese grupo conformado por 1 millón 821 mil jubilados y pensionados, vive en la pobreza o en la más extrema dependencia familiar. 

Los economistas consultados también aseguran que la principal dificultad del sistema de pensiones radica en la situación económica precaria del país, su erosionado sistema de protección social y la falta de diálogo político para encontrar soluciones, más allá del entorno estatal. 

Para el catedrático de Economía y Estudios Latinoamericanos, Carmelo Mesa-Lago, uno de los retos radica en la insostenibilidad  financiera  del  sistema  de pensiones a  largo  plazo  y  la  caída  del valor real (ajustado a la inflación) del peso cubano. El analista advierte que tampoco existe en Cuba un fondo para contingencias.

Además, explica que «debido a que las pensiones no se han ajustado a la inflación, su valor real promedio se redujo en un 50 % desde 1989 y no cubre siquiera las necesidades alimenticias básicas, por lo que los jubilados y pensionados se encuentran entre los grupos más pobres de la población».

«Las pensiones son insuficientes y en realidad el sistema pensional cubano y el sistema salarial cubano, llevan un retraso desde prácticamente tres décadas o más, porque en Cuba, durante los años 80 y los 90, se estableció una ficción de que los precios eran fijos», dijo el Dr. en Economía Internacional, Mauricio de Miranda, en declaraciones a Martí Verifica. 

La realidad es que los precios eran «fijos» solamente en el mercado estatal, no en el informal donde se solucionaban una parte —que poco a poco fue creciendo— de las necesidades básicas. «Los salarios no se reajustaron durante muchísimo tiempo y las pensiones tampoco», advierte. 

A partir de varios estudios académicos, reportes de prensa, declaraciones públicas de funcionarios cubanos y datos oficiales, abordaremos el origen de esa crisis y su impacto en la vida cotidiana de quienes se encuentran en la situación más vulnerable: los adultos mayores. Un dato preocupa especialmente: para el año 2030, los cubanos de la tercera edad representarán el 30 % de una población que no sobrepasará los 10 millones de habitantes.

¿Cómo funciona el sistema de pensiones en Cuba?

El sistema de pensiones cubano es un sistema de reparto donde la Oficina de Administración Tributaria (ONAT) del Ministerio de Finanzas y Precios, recauda las contribuciones que van al Presupuesto de la Seguridad Social —que es parte del presupuesto del Estado— y este paga las pensiones a los jubilados. 

En Cuba, el acceso al sistema de pensiones es extenso que cubre, en teoría, a toda la población que se retira de su ámbito laboral. Sin embargo, ese mecanismo enfrenta problemas financieros debido a varios factores.

Según el investigador cubano Sergio Díaz-Briquets, el sistema de pensiones está en crisis debido a que el Estado se encuentra «en bancarrota, endeudado, sin reservas públicas o privadas». Por este motivo, en ausencia de fondos de retiro reales, se «recoge el dinero» de las contribuciones por concepto de impuestos para repartir esos fondos a los jubilados y el aparato estatal cubre la diferencia, advierte.

Por otro lado, refiere que la asignación de los fondos responde a una decisión política. Una muestra de ello es la inversión constante en la infraestructura hotelera para el turismo, la cual no se restringió, ni siquiera, durante la pandemia de COVID-19.

Con el objetivo de abordar los desafíos del envejecimiento demográfico y el consiguiente aumento de la población jubilada, el Gobierno cubano ha introducido varias medidas como reducir el gasto público y asignar un papel central a la familia en la atención de las personas mayores. 

Jorge Duany, Director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad de la Florida, precisó que «en las últimas décadas, el Gobierno cubano ha recortado el gasto social en salud, asistencia social y pensiones» y añade que «uno de los resultados de la retracción del Estado cubano de la protección social ha sido el aumento de la desigualdad (reestratificación social), junto con la “refamiliarización” y la “refeminización” de las cargas del cuidado de ancianos, niños y enfermos».

¿Qué cambios se implementaron en 2008 y 2021?

Para contrarrestar el impacto del envejecimiento en el costo de las pensiones, se estableció la Ley 24 de 2008 que introdujo cambios significativos al sistema de pensiones cubano. Por ejemplo, incrementó gradualmente las edades de retiro en cinco años (60 años para mujeres y 65 para hombres). Mantuvo el cálculo de la pensión basado en el promedio de los últimos cinco años de salario y aumentó la tasa de reemplazo aplicada al salario promedio de un 50 % a un 60 %.

Según Mesa-Lago, la reforma debía contener modestamente los gastos e incrementar un poco los ingresos. A corto plazo, la medida logró reducir el déficit financiado por el Estado y el costo de las pensiones. Sin embargo, a mediano y largo plazo, el déficit comenzó a aumentar nuevamente. 

La elevación de las edades de retiro indujo a una caída del déficit al 14,3 % en 2017. Sin embargo, el acelerado envejecimiento demográfico y las contribuciones relativamente bajas, entre otros factores, revirtieron esa caída. Ya en el año 2020 el déficit era de un 33,4 %.

También la Tarea Ordenamiento, iniciada por el Gobierno cubano en 2021, afectó a la población de modo general, pero impactó en mayor medida a los adultos mayores, según los analistas.

El economista Mauricio de Miranda declaró a Martí Verifica que en ese momento «el Estado cubano estaba prácticamente arruinado y un aumento de pensiones solamente se podría lograr emitiendo más dinero y, por tanto, elevando todavía más la inflación. Eso fue lo que hicieron».

De ese modo, la subida de salarios y pensiones sin respaldo en la oferta de bienes, «tenía que reflejarse en una subida de los precios, en una inflación que se ha ido agravando por el deterioro de la situación económica del país y por el deterioro de la situación política», asegura el investigador. 

¿Cómo incide el envejecimiento poblacional en el sistema de pensiones?

El envejecimiento poblacional representa un desafío crítico para la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. La carga sobre el sistema de pensiones aumenta a medida que más personas alcanzan la edad de retiro y menos trabajan para sostener ese mismo sistema. 

Según cifras del Ministerio de Finanzas y Precios, al cierre de 2022 había en Cuba 1 millón 821 mil jubilados y pensionados. Aún cuando el ingreso por concepto de retiro puede variar por sector económico, el monto mínimo establecido es de 1 528 pesos. 

Con contribuciones inadecuadas, el sistema enfrenta dificultades para cubrir el costo total de las pensiones, lo que resulta en un déficit creciente que requiere financiamiento estatal, poniendo en peligro la estabilidad económica a largo plazo. Carmelo Mesa-Lago considera que la reforma laboral implementada en 2009 se «quedó corta», pues con el envejecimiento acelerado de la población se está generando un «problema político tremendo».

Un aspecto esencial de este análisis es que la creciente inflación reduce el poder adquisitivo de los ingresos de las personas mayores. En marzo de 2023, datos de la ONEI reflejaban que los precios de los alimentos en Cuba habían subido un 72,6 % en el lapso de un año. En ese sentido, el economista Pedro Monreal aseguró que  «el aumento interanual general de precios en abril de 45,36 % y el crecimiento interanual de 70,67 % en el precio de los alimentos, presagia un nuevo año “maldito” para el poder adquisitivo de los salarios y pensiones en Cuba».

El investigador Omar Everleny también declaró en junio de 2023 que hay una situación compleja de estanflación (estancamiento e inflación) «donde la desigualdad se incrementa, dado que una gran parte de los 1,7 millones de jubilados no le alcanza lo que reciben para pagar los precios de los alimentos». 

Según Everleny, el costo de la vida de un cubano, a inicios de 2023, era de 267 dólares mensuales. Pero la mayoría de las pensiones no sobrepasan los 17 dólares, teniendo como referencia la tasa oficial; mientras que la tasa del mercado informal, las reduce a menos de 10. 

La realidad es que para sobrevivir muchos pensionados en Cuba necesitan recibir remesas, ayuda de familiares dentro o fuera del país; o incluso, deben trabajar por cuenta propia.

¿Qué porcentaje de las personas mayores de 60 años en Cuba depende de ayudas monetarias y cuántos trabajan?

La Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población publicada en 2019 concluyó que el 20 % de los hombres jubilados y el 10 % de las mujeres jubiladas trabajaban debido a «razones económicas».

Asimismo, otra investigación sistematizó a partir de esa encuesta que el 40 % de las mujeres mayores de 60 años y el 10 % de los hombres de esa edad, no cuentan con ingresos de ningún tipo (jubilaciones, salarios, ahorros) y dependen de ayudas monetarias transferidas, ya sea de familiares o de remesas externas.

Además, el 70 % de las personas mayores de 60 años que reciben jubilación o pensión afirman estar afectadas por privaciones y carencias, porque el ingreso que reciben «no alcanza» o «casi no alcanza». Entre la población mayor de 50 años, el 26 % de las mujeres y el 17 % de los hombres creen que no contarán con recursos para mantenerse en el futuro, revela el estudio.

Esa realidad se ha complejizado. Tan sólo en el primer semestre de 2022, casi 40.000 jubilados se incorporaron al empleo, según un reporte estatal. Ingrid Travieso Rosabal, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dijo que el sector presupuestado (puestos que dependen de la subvención del Estado), concentra el 68 % de los jubilados reintegrados. 

Ese proceso de reinserción fue fomentado mediante la aprobación del Decreto 36 de 2021, modificativo del Artículo 32 de la Ley 105 De Seguridad Social que autoriza la reincorporación de un pensionado —al mismo cargo desempeñado al momento de obtener su pensión— y devengar la pensión y el salario, siempre que responda al interés de la entidad. 

¿Cómo se ha comportado el gasto social y la inversión del Estado?

Entre 2009 y 2018, el gasto de salud, como porcentaje del presupuesto estatal, disminuyó del 19 al 17,1 %; y como proporción del PIB, del 12,8 al 10,5 %. Debido a este recorte, hubo una caída generalizada de todas las instalaciones hospitalarias en ese período. 

Los lineamientos 140 y 141 de la Política Económica y Social del Partido 2016-2021, pautaron una reducción, en cuanto a la participación  relativa  del  Presupuesto del  Estado, en el financiamiento  de  la  seguridad  social. En ellos se establece que la protección de la asistencia social se garantizará a las personas que «realmente la necesitan» por estar impedidas para el trabajo y no contar con familiares que le ofrezcan apoyo. Además, se explicita la importancia de eliminar prestaciones en el caso de que  puedan ser asumidas por los adultos mayores o sus parientes. 

En ese período, el gasto destinado a la asistencia social se redujo del 2,2 % al 0,3 %; mientras el número de beneficiarios asistenciales disminuyó de un 5,3 % a un 1,6 %. 

Actualmente también se ha deteriorado la calidad de los servicios sanitarios y la higiene debido a la falta de jabones, detergentes y otros productos; de igual modo, persisten las afectaciones en la recogida de la basura. Por otra parte, «el 40 % de las personas mayores se encuentran expuestas, al menos, a una condición medioambiental adversa, como falta de higiene o contaminación por suciedad», advierte el estudio. 

En julio de 2023 trascendió que el 44 % de los pensionados de la Seguridad Social reciben un ingreso igual o inferior a la mínima de 1 528 pesos. Mientras, la ayuda económica para asumir el costo de la canasta normada es entregada solamente a 328 320 asistenciados y a 33.814 pensionados, según dio a conocer en julio de 2023 el Ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández.

Los expertos consultados aseguran que la reducción del gasto social, la caída del salario medio estatal, la insuficiencia de las pensiones, el aumento de precios en bienes y servicios esenciales, y el deterioro en el acceso a la atención de salud han contribuido al aumento de la precariedad de los adultos mayores que permanecen en la isla. 

El economista Mauricio de Miranda aseguró que las pensiones en Cuba, a diferencia de otros países —como Colombia, por ejemplo— no se ajustan por inflación. «Eso ha significado un deterioro de la capacidad adquisitiva y, por tanto, se refleja en un decrecimiento del ingreso real de la población pensionada, que si no tiene familiares que le ayuden, está en condiciones de pobreza». Una pobreza no reconocida por las estadísticas oficiales.