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Una vez más la prensa oficial y una institución estatal omiten apuntar a las causas estructurales que han provocado el aumento de la pobreza en el país —que no es cuantificada oficialmente —; desinforman sobre la supuesta “asistencia social” del Estado a las personas vulnerables; responsabilizan a las familias; y amenazan con el uso de normativas jurídicas mientras no se plantea ninguna respuesta ante el empobrecimiento masivo, según advierten especialistas y organizaciones independientes. 

El periodista y vicepresidente de la UPEC reiteró la narrativa oficial que sostiene que los medios de comunicación estatales “están al servicio del pueblo y de los intereses nacionales”, pero en la práctica la prensa permitida en Cuba está controlada por el Estado y responde directamente a sus intereses y políticas.  

La inflación en el país se debe en gran medida a “la incapacidad gubernamental para proveer el necesario equilibrio macroeconómico”, como advierten expertos. La presentación “exitosa” en CEDAW, hace referencia a los informes oficiales, que no incluyen las principales demandas actuales de las mujeres cubanas. Y, las recomendaciones que Cuba no aceptó en el EPU 2023, tienen que ver, entre otros asuntos, con la liberación de los presos por motivos políticos; los derechos a la libertad de expresión y de asociación; el cese de la represión y el hostigamiento contra las voces disidentes; el acceso de observadores independientes a los juicios y a las prisiones; y el desarrollo de elecciones “libres y limpias”. 

La narrativa reproducida por Cubadebate es engañosa. Tanto lo dicho por la funcionaria diplomática, como la versión del medio oficial, justifica la ola migratoria por causas externas y omite el impacto de la crisis económica, estructural y sistémica en la sociedad cubana, tras políticas y medidas económicas fallidas implementadas por el PCC el último lustro. Además, se omiten las secuelas provocadas por la represión estatal tras las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021.

El monopolio estatal de la educación en Cuba se basa en el adoctrinamiento político, lo que no favorece un pensamiento “crítico y autónomo”, y socava el derecho a la libertad académica. Además, el régimen cubano es señalado por organizaciones nacionales e internacionales por las constantes violaciones de derechos humanos y la falta de libertades civiles. De las escuelas cubanas, han sido expulsados alumnos y profesores que critican el sistema político impuesto en el país.

«Expone varios argumentos no utilizados por el chavismo, así como otros ya usados por la tolda roja y que fueron desmentidos recientemente –como que la autenticidad de las actas se podría demostrar con los metadatos o los muertos que votaron el 28J–, para descalificar las actas reveladas por la oposición».

La trata de personas es asumida como un delito severo por las leyes cubanas, sin embargo, la ausencia de protocolos para asistir a las víctimas que se encuentran en el extranjero y la poca transparencia de las autoridades sobre los casos de trata, pueden incidir en el aumento de este tipo de delitos.

La declaración de Díaz-Canel contrasta con los informes de organizaciones independientes, reportes de prensa y denuncias de la sociedad civil, sobre los asesinatos y desapariciones en Cuba; así de la ineficiente respuesta estatal.

«El volumen de exportaciones totales de la isla (bienes y servicios) marcó el mínimo de la década (2010-2019) y la reducción de la actividad en los últimos cinco años del período. (…) las exportaciones de bienes en 2019 fueron las peores desde 2010, reduciéndose a casi la mitad (…) y la cifra de más de 4 millones de turistas es engañosa. Si bien durante cuatro años (2016-2019) se mantuvo la marca —llegó incluso a 4.7 millones en 2018— el análisis del número muestra otra realidad».

En el análisis de la entrevista del gobernante cubano predominan afirmaciones falsas y engañosas.

En el análisis de la entrevista del gobernante cubano predominan afirmaciones falsas y engañosas.

No se trata de la opinión editorial de la prestigiosa publicación de viajes y naturaleza, sino de una publicidad pagada por Exodus Adventure Travels, una empresa externa con sedes en Reino Unido y Estados Unidos, que recurre a cinco «expertos» propios.

Las personas encarceladas durante el periodo conocido como la Primavera Negra en Cuba eran presos de conciencia, no «mercenarios».

La afirmación absoluta del canciller cubano es ENGAÑOSA, al omitir la presencia de militares cubanos en varios países desde los primeros años del triunfo de la Revolución de 1959, tanto en conflictos armados como en operaciones de inteligencia para favorecer a un bando político en conflictos internos.

La afirmación de la funcionaria cubana está relacionada parcialmente con un hecho verdadero (la reforma constitucional de 2019), pero ignora el contexto de cómo se determinó incluir la cláusula de intangibilidad en la legislación cubana; y genera un mensaje en particular, que resulta ENGAÑOSO. 

«La nueva ley de Comunicación, al igual que la Constitución, proscribe y criminaliza espacios legítimos de comunicación que existen al margen del Estado, como son los medios independientes».

Las UMAP sí fueron campos de trabajos forzados, aunque no exclusivos para la comunidad LGBTIQ.