Viceministro del Minrex mintió al afirmar que todos los manifestantes procesados por el 11J fueron violentos

El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, dijo en una entrevista a una emisora de radio del sur de la Florida, el 29 de septiembre de 2023: «Miles de personas participaron en la manifestación en Cuba hace dos años. Miles, y cientos fueron procesados. Los que fueron procesados ​​no fue ​​por lo que pensaron o por lo que dijeron o por lo que gritaron o por lo que expresaron. Fueron procesados ​​por vandalismo, por atacar a personas, por asaltar una estación de policía, por volcar autos de policía y autos civiles».

Esta afirmación es FALSA. La gran mayoría de los detenidos por las protestas antigubernamentales de julio de 2021 (conocidas como 11J) tuvieron una conducta pacífica, según las pruebas visuales consultadas por nuestro equipo, los testimonios de familiares y la opinión de expertos. 

Actualmente, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Políticas Justicia 11J, que se encarga de monitorear la respuesta estatal a diversos escenarios de protesta desde julio de 2021, contabiliza 1887 detenidos totales, de los cuales 793 continúan en prisión.

No hay datos oficiales recientes, pero a principios de 2022 la Fiscalía General de la República informó que 790 personas habían sido procesadas por hechos relacionados con el 11J, de ellos 55 tenían entre 16 y 17 años. En Cuba la edad mínima de procesamiento penal es de 16 años, por lo que han sido condenadas personas que serían  consideradas menores de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Múltiples organizaciones independientes de derechos humanos han denunciado que en algunos de los juicios a los manifestantes, donde se les atribuyen hechos violentos, no fue respetado el debido proceso.

La ONG Amnistía Internacional (AI) considera que las fuerzas de seguridad cubanas detuvieron a cientos de personas de forma arbitraria sin informar a los familiares de su paradero. AI advierte que el Gobierno cubano utiliza delitos inconsistentes con el derecho internacional como «desórdenes públicos», «desacato» e «instigación a delinquir» para criminalizar a manifestantes.

La organización documentó a través de testimonios que algunos de los detenidos no tuvieron acceso a representación jurídica, a asistencia médica y estuvieron en desaparición forzada. Esto último podría considerarse una violación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la cual el Estado cubano es parte.

AI solicitó el acceso al país y a los juicios contra los presos políticos, pero no ha recibido respuesta.

Por su parte, la ONG Prisoners Defenders (PD) publicó un análisis de los casos de 17 personas que mostró cómo las autoridades utilizaron el delito de «sedición» en los juicios contra manifestantes. PD tuvo acceso a las sentencias y pudo constatar que la fiscalía consideró como prueba suficiente las consignas contra la «dirección del país» y, presuntamente, la incitación a que otros ciudadanos se unieran a las protestas.

La organización defensora de derechos humanos también denunció que varios testigos de las acusaciones fueron oficiales de la Policía o funcionarios del Gobierno. Según PD, en los casos analizados no se permitieron peritos independientes.

Raudiel Peña Barrios, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba y miembro del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex, dijo a Martí Verifica: «Las principales violaciones al debido proceso que hemos detectado en los juicios contra manifestantes del 11J se vinculan con el uso de videos y fotos tomados de las redes sociales para sancionarlos, y que los jueces consideraron como suficientes para ello, sin valorar la metodología usada por los instructores penales del Minint [Ministerio del Interior]. Por ejemplo, en algunas sentencias se establecieron los criterios de certeza y probabilidad sobre la participación de las personas en las manifestaciones, sin distinguir cómo se llegó a uno y cómo al otro».

Además, Peña Barrios resaltó otras violaciones del debido proceso relacionadas con el tratamiento no adecuado de pruebas de olor y añadió que la parte acusadora dio más peso y veracidad a los testimonios de agentes de la policía que a los de otras personas. «En las sentencias se nota el uso de un lenguaje más político que técnico-jurídico para ajustar la narrativa sobre cómo actuaron los manifestantes a delitos como el de sedición, lo cual es una forma de criminalizar la desobediencia civil», explicó el jurista.

Justicia 11J identificó tras las protestas en 2021 que al menos 120 de los manifestantes enfrentaban juicios acusados por la Fiscalía de sedición.

En un artículo de elTOQUE Jurídico se señala que la sedición está regulada en el artículo 100 del Código Penal cubano y establece sanciones que pueden llegar a 20 años de prisión o la muerte.

«Amén de que la figura genérica establece la necesidad de que se utilice la violencia para considerar la existencia de sedición, en un apartado subsiguiente del artículo se establece que también puede configurarse si la multitud no utiliza armas o violencia al perturbar el orden socialista, las elecciones, los referendos, el cumplimiento de una sentencia, disposición legal o medida dictada por el Gobierno. La diferencia entre la sedición violenta y la pacífica no descansa en la forma de expresión sino en las sanciones. La primera contempla la posibilidad de la pena de muerte y la segunda contempla solo la posibilidad de cárcel en la misma extensión que la primera: de 10 a 20 años», se explica en el texto.

En Cuba, el Gobierno cubano entiende la protesta social multitudinaria como un acto sedicioso (…) y se utiliza el delito de sedición para criminalizar las manifestaciones.

En el informe Human Rights Watch (HRW), llamado Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba, también se documentan violaciones a los DD.HH. durante las protestas del 11J y los «abusivos» procesos penales.

Según HRW, «jueces y fiscales, que en Cuba carecen de independencia respecto al Gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en los mismos (…) en la mayoría de los casos documentados mantuvieron a los detenidos incomunicados durante días, semanas o incluso meses, sin poder realizar llamadas telefónicas o recibir visitas de sus familiares o abogados».

La organización internacional señaló en el informe que los «funcionarios [cubanos] detuvieron de forma reiterada a personas que protestaban de manera pacífica y arrestaron a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones o les prohibieron salir de sus casas durante días o incluso semanas».

Martí Verifica seleccionó cinco ejemplos de manifestantes sancionados que, de acuerdo con las evidencias recopiladas, no tuvieron comportamientos violentos. Estas personas fueron escogidas porque han tenido visibilidad en la prensa independiente y sus casos están mejor documentados que los de otros presos políticos.

Detenidos del 11J en Cuba: presos políticos

Yoan de la Cruz, de la localidad de San Antonio de los Baños, fue sentenciado por emitir una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook. La transmisión del joven se hizo viral y motivó a muchas personas a salir a protestar el domingo 11 de julio de 2021.

La madre de Yoan declaró que las autoridades lo acusaron de «desacato» y «desorden público». «Yoan transmitió en directo por las redes sociales lo que acontecía, con lo que provocó que fueran visualizadas dentro y fuera del país y que en diferentes municipios y provincias se imitaran las nocivas acciones», indicó el expediente de la Fiscalía, en el que se asegura que el joven dijo consignas «contra el orden económico y social del país» y otras dirigidas a «denigrar la figura del Presidente de la República».

Testigos de la defensa, en cambio, aseguraron que se limitó a filmar las protestas. En el material que transmitió en Facebook no se aprecia que cometiera ningún acto violento. Actualmente de la Cruz cumple una condena de 5 años de prisión sin internamiento.

Walnier Luis Aguilar, residente en el barrio La Güinera, en La Habana, fue inicialmente sancionado con 23 años de privación de libertad que luego fueron rebajados a 12.

Su padre, Wilber Aguilar, aseguró que su hijo salió a comprar viandas para sus hermanas pequeñas y se encontró con los manifestantes. Walnier decidió unirse a ellos y días después, el 20 de julio, fue detenido y mantenido en desaparición forzada durante una semana.

Walnier tiene discapacidad intelectual. Según declaraciones de su familia, en los juicios aportaron evidencias de que el joven ha tenido atención psiquiátrica desde su niñez. Las pruebas fueron desestimadas, aunque la fiscalía sí admitió que Walnier tenía discapacidad.

En declaraciones a la prensa independiente, Wilber Aguilar afirmó que el juicio de su hijo fue «amañado». «El perito que fue (al juicio) no evaluó a mi hijo y se paró allí a mentir», comentó Wilber.

Fue condenado por el delito de «sedición». En la actualidad está recluido en la prisión del Combinado del Este, en La Habana, donde no recibe el tratamiento que necesita, según denuncias de sus familiares.

Jorge y Nadir Martín Perdomo, de San José de las Lajas, Mayabeque. Los hermanos Martín Perdomo fueron arrestados el 17 de julio, acusados por la policía de ser los cabecillas de las protestas en su localidad.

Los agentes que los detuvieron inicialmente les dijeron que solo iban a ser «entrevistados». Los condenaron a 8 (Jorge) y 6 (Nadir) años de prisión, por los delitos de «desórdenes públicos», «atentado» y «desacato» (agravados en el caso de Jorge). Marta Perdomo, madre de ambos, pide su libertad frecuentemente en redes sociales y mediante acciones de protesta.

De acuerdo con familiares que asistieron al juicio, celebrado en enero de 2022, la defensa rebatió las acusaciones. Según ellos, la fiscalía no presentó pruebas contra los hermanos y los testigos convocados por la parte acusadora mintieron.

En octubre de 2023 los jóvenes, que estaban juntos en el mismo centro penitenciario, fueron separados. Nadir se quedó en Quivicán y Jorge fue llevado a Canasí, a casi 100 kilómetros de distancia. Esta práctica de alejamiento y separación ha sido empleada contra otros presos políticos como Lizandra Góngora y Daniel Moreno.

Brusnelvis Cabrera, también residente en La Güinera, ni siquiera estuvo presente en las protestas, aseguró su madre Migdalia Gutiérrez. «Mi hijo no tuvo participación en la manifestación», relató Gutiérrez, y explicó que la prueba presentada por la Fiscalía es la foto de un joven en una motocicleta en la que no se muestran los tatuajes que su hijo tiene en la mano. «En eso es en lo que se basa la condena», recalcó a Martí Noticias.

Gutiérrez declaró que su hijo fue a una piscina y luego a trabajar en la finca donde estaba empleado. Llevó testigos y fotografías que probaban la presencia del joven en los lugares mencionados y que, según Gutiérrez, no se mostraron en el juicio.

En la sentencia se lee: «iba en el vehículo incitando, con la mano, a las personas». Cabrera fue condenado a 15 años en prisión por el delito de «sedición». Luego, en un proceso de casación, la sanción fue reducida a 10 años.

Andy García Lorenzo, de la provincia de Villa Clara, salió a protestar como muchos otros el 11J. Ese mismo día fue detenido por la policía. García Lorenzo no ofreció resistencia al arresto. Aún así, asegura su familia, fue golpeado por oficiales dentro de una patrulla.

Durante varios días, sus seres queridos no supieron de su paradero. Fue gracias a una amistad que lograron encontrarlo en uno de los centros de detención de la provincia.

El 16 de julio de 2021 la fiscal Daily Carranza emitió un auto de imposición de medida cautelar sobre García Lorenzo y otros manifestantes, cuya justificación apunta directamente a la libertad de expresión: «salieron por las calles del reparto y comenzaron a vociferar palabras ofensivas contra los líderes del país y en contra del proceso revolucionario e incitando a las personas que se encontraban en las inmediaciones de su zona de residencia a sumarse a las ofensas que gritaban en contra de la figura del presidente de la República de Cuba y del orden social establecido, a botar basuras y a realizar otros actos violentos», refiere el documento.

Sin embargo, no parece haber ningún hecho ni imputación que indique que García Lorenzo cometió actos violentos. Al contrario, la propia fiscalía reconoció que él trató de disuadir a otros manifestantes en su enfrentamiento verbal con las autoridades.

García Lorenzo fue condenado a 4 años de privación de libertad por los delitos de «atentado», «desacato» y «desórdenes públicos».

Cossío ya había negado relatos de sancionados del 11J anteriormente

En agosto de 2021 el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío,  cuestionó a una periodista de la BBC que le preguntó sobre la situación de un niño de 14 años que fue detenido. La respuesta del diplomático ante la interrogante fue: «¿Confías en tu fuente? Dudo lo que dices».

Fernández de Cossío, además, pidió ante las cámaras del medio británico que le mostraran pruebas de la inocencia de cualquier detenido en el contexto del 11J.

La historia que la periodista referenció es la del adolescente Christopher Lleonart. Según su madre, Lleonart no recibió la atención médica que necesitaba mientras estaba detenido y no se le permitió verlo durante varios días.

En abril de 2022, el presidente designado del país, Miguel Díaz-Canel, enunció la misma narrativa de Cossío en otra entrevista con un periodista extranjero. «Se procesó judicialmente a los que cometieron delitos fundamentalmente violentos», insistió.

A pesar de esta clasificación entre manifestantes pacíficos y violentos que utilizan representantes gubernamentales, parte de la sociedad civil aboga por la libertad de todos los presos políticos sin distinción. Ante esto, el abogado Raudiel Peña consideró que es fundamental mirar hacia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dos tratados que el Gobierno no ha ratificado.

«En ambos se reconoce el derecho de manifestación pacífica y en torno a su contenido se han definido estándares internacionales sobre cómo los Estados deben tramitar una manifestación pacífica y qué medidas deben cumplir para permitir que las personas se manifiesten pacíficamente», comentó Peña Barrios.

«Es importante considerar lo establecido en ellos para evaluar por qué se trató de actos de desobediencia civil que luego se criminalizaron por el Estado», sentenció.

Varias organizaciones y personalidades internacionales han pedido la libertad de los presos políticos cubanos. Desde Amnistía Internacional, pasando por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el papa Francisco, quien lo hizo a través de un representante, el cardenal Beniamino Stella. Hasta el momento, esos reclamos no han recibido respuesta de las autoridades cubanas.