Violaciones de DD.HH. en Cuba: ¿cuántas muertes se han registrado de personas bajo custodia policial?

El preso político cubano Manuel de Jesús Guillén Esplugas, de 29 años, murió este sábado 30 de noviembre en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana. 

La madre del joven, encarcelado tras participar en las protestas antigubernamentales de julio de 2021 —conocidas como 11J—, negó la versión oficial de que su hijo cometió suicidio.

“Lo mataron a golpes, lo torturaron, lo golpearon, le rompieron el tabique, lo ahorcaron con un cinto de zambrán (cinto militar), lo pisaron y le dieron tanto golpe que le levantaron el pulmón. Por eso se murió asfixiado, se orinó en los pantalones de los mismos golpes. Fue una muerte horrible”, dijo a Martí Noticias Dania María Esplugas Falco.

“Lo hicieron amarrado por las manos para darle golpes y el cinto zambrán por el cuello hasta que lo mataron”, agregó. 

Familiares del fallecido compartieron con Martí Noticias imágenes que muestran lesiones en la cabeza, la espalda y el cuello del cadáver.

El joven fue condenado a seis años de privación de libertad por supuestos hechos de “desorden público y hechos vandálicos”, en un juicio que se celebró luego de permanecer un año y medio encarcelado. Su madre presentó en dos ocasiones un habeas corpus exigiendo su liberación ante el Tribunal Provincial de La Habana, pero las solicitudes fueron desestimadas.

Manuel de Jesús es el tercer manifestante del 11J que muere en prisión. 

No se trata de un hecho aislado. Una investigación del medio independiente cubano elTOQUE y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó que al menos 95 personas murieron en Cuba a causa de la violencia policial, entre 2018 y 2023, y otras 287 sufrieron ataques sin consecuencias mortales. 

En el informe “Muerte en custodia en Cuba: un análisis de patrones represivos identificados por Cubalex”, presentado este año también se advierte que “el entorno en el que ocurren las muertes en custodia en la isla se caracteriza por una combinación compleja de factores sistémicos y comportamientos que revelan una profunda crisis de derechos humanos arraigada en el sistema de detención y custodia del país”.

95 personas murieron por violencia policial en Cuba entre 2018 y 2023

Según la citada investigación de elTOQUE y el OCDH “en Cuba han muerto al menos 95 personas de manos de las fuerzas del orden en los últimos cinco años; otras 287 han sufrido violencia policial no letal” entre 2018 y el pasado año. 

De las personas fallecidas, “76 estaban bajo custodia estatal”, “33 perdieron la vida” debido a problemas de salud, 28 por suicidios o “presuntos suicidios” y “12 por huelga de hambre, golpizas o accidentes”, mientras que se desconoce la causa de la muerte de otros tres, según estas organizaciones.

La mayoría de las personas violentadas por las fuerzas del orden “fueron víctimas de violencia policial debido a alguna motivación política —principalmente dentro del sistema penitenciario y durante las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 y otras protestas públicas en contra de las autoridades y del sistema político—”.

De acuerdo con este informe, las principales formas de violencia física que cometieron las autoridades fueron: abuso sexual, detención violenta o arbitraria, ejecución extrajudicial, negación de atención médica/negligencia médica, muerte bajo custodia, uso de arma de fuego, y uso excesivo de la fuerza. 

“Varias de las formas de violencia están motivadas por la discriminación política”, se precisa en la investigación. 

“Entre las víctimas hay algunos nombres y rostros conocidos, pero una gran parte continúa bajo la sombra de las injusticias cotidianas que el Gobierno intenta ocultar" en Cuba”, advirtieron en un comunicado.

Por su parte, el grupo de asesoría Cubalex registró que, de 2022 a enero de 2024, en Cuba se registraron 56 muertes bajo custodia, en su mayoría hombres (53), “mientras que se registraron tres casos de mujeres, incluyendo una detenida y dos víctimas de feminicidio. Solo se identificó la muerte de una persona sancionada por motivos políticos, una condición de vulnerabilidad en el contexto cubano”.

“En al menos 15 casos registrados, se obtuvo información sobre la edad, resultando en un promedio de 32 años para las 15 personas que fallecieron. No hubo víctimas menores de 16 años; se registraron tres casos de personas con 17 años”, detalló la ONG de derechos humanos. 

Muertes en custodia

Según lo documentado por Cubalex en 2018, Yuniel Cabrera Álvarez falleció en la prisión para enfermos de VIH/SIDA, localizada en el municipio San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque. Su muerte se produjo en una sala junto a personas contagiadas de tuberculosis y con pésimas condiciones de higiene, pese a su complejo estado de salud. 

Sus compañeros denunciaron que “Cabrera Álvarez no recibió atención médica adecuada desde que ingresó a la prisión y que fue golpeado por agentes policiales”, publicó la organización. 

Por otra parte, el 30 de mayo de 2023 se conoció la muerte de Carlos López López, quien murió por falta de asistencia médica en la prisión Combinado del Este, ubicada en La Habana. Su madre denunció que el fallecimiento se produjo por una golpiza propinada por funcionarios del centro penitenciario31. Una situación similar ocurrió con el recluso Lázaro Lenin Álvarez el 5 de septiembre de 2023, quien murió en la prisión conocida como Las Mangas, localizada cerca de la carretera central en el municipio de Bayamo, en la provincia de Granma. Su madre denunció que los funcionarios del penal no lo trasladaron a tiempo a un hospital, a pesar de vomitar sangre durante seis días.

El 7 de enero de 2024 Roleivis León murió en el Hospital Mario Muñoz Monroy del municipio de Colón, provincia de Matanzas. Esta persona estaba privada de libertad y tres días antes había recibido una paliza por parte de funcionarios de la prisión Canaleta mientras se encontraba en huelga de hambre. En su funeral hubo una amplia presencia militar y de agentes del Departamento de la Seguridad del Estado, quienes trataron de impedir que la familia estuviera presente durante el acomodo del cadáver.

Otros casos documentados por Cubalex incluyen los de Elio Norkis Sanamé Durán y Luis Barrios Díaz, dos reclusos que murieron mientras se encontraban en custodia de funcionarios del Ministerio del Interior (Minint).

Puede conocer otros casos de muertes bajo custodia estatal en la investigación  completa de Cubalex. Ver en enlace. 

El fallecimiento de Luis Barrios, preso político del 11J

Luis Barrios Díaz, de 36 años, falleció bajo la custodia de las autoridades cubanas el 19 de noviembre de 2023 luego de que su salud se deteriora irreversiblemente, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

El joven cumplía una condena de seis años de privación de libertad tras participar en las protestas del 11J en Arroyo Naranjo, en La Habana.

“En cualquier país, el principal sospechoso y responsable del deceso de un recluso es el Estado y la institución encargada de administrar su reclusión, en este caso el Ministerio del Interior (Minint)”, señaló Eloy Viera Cañive en un artículo publicado en elTOQUE Jurídico.  

Según el abogado y analista político, “la culpa o negligencia de las autoridades cubanas en el caso de Luis Barrios parece evidente”. “Los familiares y allegados aseguran que el deterioro de su salud fue paulatino y la negativa de atención médica fue deliberada. Los familiares han denunciado que tuvieron que gestionar antibióticos para que le fueran suministrados al recluso en prisión y que las autoridades se negaron —días antes de su muerte— a dejarlo ingresado en un hospital civil por no poder garantizar el personal de custodia”, explicó Viera Cañive. 

El director de elTOQUE Jurídico, advierte además, que “ante eventos trágicos como la muerte de Luis Barrios, es imprescindible que la sociedad en general exija justicia, exija al régimen cubano que cumpla con sus obligaciones de protección de los reclusos, sobre todo de los que han sido colocados en prisión como represalia por motivos políticos”. 

Estándares internacionales

Cubalex señala además en su estudio que el derecho internacional incluye regulaciones y principios que enfatizan la importancia de respetar y proteger la vida en todas las circunstancias, junto con la obligación de investigar cualquier violación del derecho a la vida, especialmente en casos de muertes ocurridas bajo custodia. Entre las principales, se pueden señalar: 

• Declaración Universal de Derechos Humanos establece principios fundamentales sobre el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal (artículo 3), así como la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, que busca proteger a los individuos de abusos y violaciones de derechos por parte del Estado o sus agentes. 

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos afirma el derecho a la vida y señala que este debe ser protegido por la ley (artículo 6)12, y establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada con humanidad y con respeto a la dignidad inherente al ser humano (artículo 10).

•  La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, un derecho que estará protegido por la ley, en general, a partir del momento de la concepción, y que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente (artículo 4.1)y Políticos afirma el derecho a la vida y señala que este debe ser protegido por la ley (artículo 6)12, y establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada con humanidad y con respeto a la dignidad inherente al ser humano (artículo 10). 

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, un derecho que estará protegido por la ley, en general, a partir del momento de la concepción, y que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente (artículo 4.1)

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha interpretado estas disposiciones como obligaciones de los Estados de investigar efectivamente las muertes bajo custodia.

Por la falta de transparencia y acceso a la información oficial, es limitado lo que se conoce de las cárceles en Cuba.

En un informe de la organización Human Rights Watch se advierte que “la negativa del Gobierno cubano a permitir el acceso de organizaciones de derechos humanos y humanitarias a sus prisiones demuestra la falta de una mínima transparencia (…) y demuestra una profunda falta de preocupación por el bienestar de dichos presos”. 

Según datos proporcionados por la organización Justicia 11J, de los más de mil presos políticos del 11J, hoy un total de 554 de esas personas permanecen en prisión, algunos con condenas que alcanzan hasta los 20 años de privación de libertad.