Canciller cubano presume de “protección y respeto” a los DD.HH., mientras el régimen mantiene cientos de presos políticos

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró en redes sociales este 10 de diciembre: “Celebramos el Día de los Derechos Humanos, reafirmando el compromiso de nuestro Estado y gobierno con su promoción, protección y respeto, como se consagra en la Constitución de la República”.

La afirmación del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) es ENGAÑOSA. Se trata de una narrativa desinformadora que sostienen los medios estatales cubanos y funcionarios gubernamentales. 

En Cuba persisten las violaciones de derechos humanos y la represión estatal. Múltiples informes recientes de organizaciones no gubernamentales advierten sobre violaciones que abarcan desde la censura y restricciones a la libertad de prensa y expresión, hasta el encarcelamiento arbitrario de opositores políticos, activistas, artistas y periodistas independientes. Además, se ha experimentado un retroceso en derechos sociales y económicos. 

El Observatorio de Derechos Humanos de Cuba (OCDH) reportó que “en noviembre se registraron en la isla al menos 253 acciones represivas, de las cuales 89 fueron detenciones arbitrarias y 164, otros abusos. Los principales abusos, además de las detenciones, fueron contra presos políticos, comunes y sus familiares”.

El 10 de diciembre, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, el OCDH también publicó en redes sociales denuncias de varios prisioneros políticos cubanos. 

Y el mismo día que el canciller Bruno Rodríguez hablaba de la supuesta “protección y respeto” de los DD.HH. en la isla, la senadora española Pilar Rojo Noguera se preguntaba “qué más tiene que pasar en Cuba para que todos apostemos por la llegada de la democracia al país”. 

“La diplomacia española creemos que debería liderar una posición común que condicione la relación con la isla a que se den avances incontestables en materia de democracia, libertad y respeto de los derechos humanos”, afirmó la política en el Senado de la nación europea. 

Represión de la disidencia política

Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado numerosos casos de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos a activistas, opositores, periodistas y artistas independientes.

La situación se agravó tras las históricas protestas antigubernamentales de julio de 2021, cuando más de mil manifestantes fueron encarcelados, algunos con penas que superan los 20 años de prisión.

Según los datos más recientes de la organización Justicia 11J, permanecen en las cárceles cubanas en relación con las protestas de julio de 2021, al menos 554 víctimas, del total de 1586 personas detenidas por esas fechas.

El reciente informe “Otro año sin justicia (2024)”, publicado por Justicia 11J, señala el contraste entre “el fortalecimiento de las relaciones del Estado cubano con diversos actores internacionales, mientras al interior del país se acentúan las violaciones de derechos humanos, en especial, las relacionadas con la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica”.

De los presos políticos del 11J han muerto en prisión bajo custodia policial, al menos, cuatro cubanos, según las denuncias de organizaciones de DD. HH. Una investigación de elTOQUE y el OCDH también registró que en Cuba han muerto al menos 95 personas de manos de las fuerzas del orden en los últimos cinco años; otras 287 han sufrido violencia policial no letal entre 2018 y 2023.

“Desde el 11J, el asesinato de presos políticos como Manuel de Jesús y las torturas sistemáticas a miles de cubanos encarcelados por defender derechos humanos fundamentales, como José Daniel Ferrer, no son casualidad. El régimen utiliza el terror de Estado para forzar a activistas y opositores presos a exiliarse”, declaró en redes sociales Michel Lima Cuadra, activista cubano residente en Canadá. 

“La respuesta del régimen cubano a las masivas y espontáneas movilizaciones desarrolladas a lo largo de toda la isla para, mayoritariamente, reclamar servicios básicos se ha concretado en 30 de los 34 nuevos presos políticos en noviembre en Cuba: 17 presos políticos en Villa Clara (Cuba), 3 presos políticos en Ciego de Ávila (Cuba), 2 presos políticos en Camagüey (Cuba), 7 presos políticos en Santiago de Cuba y 1 preso político en Pinar del Río (Cuba)”, denunció la organización Prisoners Defenders. 

Censura y restricciones a la libertad de expresión

La censura sigue siendo una herramienta clave del régimen cubano para controlar la narrativa pública. Los medios de comunicación están en manos del Estado, y los periodistas independientes enfrentan hostigamiento constante. Según han documentado Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, decenas de reporteros han sido detenidos o forzados al exilio en los últimos años. 

Las redes sociales, aunque han permitido un flujo más amplio de información, están sujetas a bloqueos y vigilancia constante.

Las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba continuaron con cifras alarmantes durante el mes de noviembre, informó esta semana el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

De acuerdo al más reciente informe de la organización, durante ese período se registró un total de 65 violaciones de las cuales 53 corresponden a la libertad de expresión y 12 a la libertad de prensa.

Limitaciones a las libertades de reunión y asociación

El derecho a la protesta pacífica es prácticamente inexistente en Cuba. Cualquier intento de organizar manifestaciones o reuniones de carácter opositor es rápidamente reprimido por las fuerzas de seguridad. 

Bruno Rodríguez Parrilla también mencionó en su publicación por el Día de los Derechos Humanos que “Cuba es parte de 44 instrumentos jurídicos internacionales de DD.HH.”. En este Explicador de Martí Verifica se señala que El régimen de La Habana también recibió recomendaciones de ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los trabajadores Migratorios y de Sus Familiares;  el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones; y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (versión de 2010). 

El Doctor en Ciencias Jurídicas, Julio Antonio Fernández Estrada, declaró a nuestra unidad de fact-checking que “Cuba no ratifica estos instrumentos internacionales porque todos ellos expondrían al Estado de la mayor isla del Caribe a un control, supervisión y obligaciones, derivadas del carácter vinculante de esos documentos, a los que no está dispuesto a someterse”.

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