¿Cómo los regímenes de Cuba y Venezuela reprimen el disenso político?

Tras los comicios presidenciales del 28 de julio en Venezuela y los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron a Nicolás Maduro como supuesto ganador, en el país sudamericano estallaron protestas y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, denunció que hubo «fraude». 

El régimen de Caracas comenzó a reprimir a quienes se manifestaban en contra de lo  anunciado por el CNE, una entidad bajo el control del oficialismo, y a perseguir a quienes respaldan al candidato presidencial de la PUD, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora María Corina Machado. Según las actas recolectadas, escaneadas y totalizadas por la oposición, González venció a Maduro en todos los estados de la nación con un 81,7 % de votos a su favor.

El chavismo-madurismo insiste en la victoria de Maduro a pesar de que observadores independientes del Centro Carter y un Panel de Expertos de Naciones Unidas, coinciden en que el proceso electoral no cumplió con «los requisitos básicos de transparencia e integridad», y varios gobiernos no reconocen los resultados del CNE. Para anular el disenso político y mantenerse en el poder, el régimen venezolano utiliza métodos similares a los de sus aliados en La Habana. 

Como ha ocurrido en las últimas semanas en Venezuela, durante las protestas antigubernamentales en Cuba de julio de 2021 (11J) -y en otros contextos de manifestaciones-, el régimen de La Habana realizó masivas detenciones arbitrarias, cortes de internet, desinformación en los medios controlados por el Estado, regulación de pasaportes, uso de leyes para criminalizar la oposición, entre otras acciones represivas. 

Detenciones arbitrarias para sofocar la disidencia

Según un balance de la represión postelectoral, publicado por la organización Foro Penal, al menos 1406 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. De ellas, 117 son adolescentes, 14 indígenas, 17 personas con discapacidad y 185 mujeres. 

Estos casos verificados por Foro Penal incluyen la detención arbitraria de manifestantes, líderes políticos, miembros de la oposición o a quienes se considera relacionados con ellos, defensores de derechos humanos, periodistas, así como de personas que actuaron como observadores electorales acreditados por los partidos de oposición en los centros de votación.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó el 13 de agosto su preocupación por el «elevado y continuo número de detenciones arbitrarias», así como por el uso desproporcionado de la fuerza reportados tras las elecciones presidenciales en Venezuela. 

«Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación» afirmó el Alto Comisionado.

Según declaraciones oficiales, más de 2400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. 

De acuerdo con la ONU, en la mayoría de los casos documentados no se ha permitido a las personas detenidas designar a un abogado ni tener contacto con sus familiares. Algunos constituirían desapariciones forzadas.

«Todas las muertes ocurridas en el contexto de las protestas deben ser investigadas y los responsables deben rendir cuentas y ser sancionados, en consonancia con las normas sobre el debido proceso y los juicios justos», añadió Türk.

En Cuba, la sistemática detención de manifestantes, activistas y opositores políticos también muestra una práctica institucional de criminalizar la protesta y la disidencia. 

De acuerdo con información proporcionada a Martí Verifica por el grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J, al menos 1972 personas han sido detenidas desde julio de 2021 en relación con protestas. De ellas, 66 tenían menos de 18 años al momento de la detención, y aún continúan en prisión al menos 806 personas.

Human Rights Watch denunció en 2021 que «el Gobierno cubano ha llevado a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio». 

«Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta», advirtió la organización internacional. 

La ONG Cubalex también señala que, en Cuba, la práctica sistemática de detenciones arbitrarias por parte del régimen «se traduce en una violación flagrante de los derechos humanos de los ciudadanos. Las detenciones son utilizadas como herramienta para sofocar la disidencia y reprimir no solo a periodistas independientes y opositores políticos, sino a cualquier ciudadano que se exprese críticamente».

Limitar el acceso a la información en redes sociales y cortes de Internet

Nicolás Maduro ordenó el 8 de agosto, bloquear por 10 días el acceso en Venezuela a la red social X (antes Twitter). 

La decisión se produjo en medio de un cruce de mensajes entre el mandatario venezolano y Elon Musk, dueño de la plataforma y quien ha publicado contenido con críticas al chavismo y  de apoyo a María Corina Machado y Edmundo González. Además, varios actores de la oposición y ciudadanos utilizan esta plataforma para cuestionar la falta de transparencia del oficialismo en las elecciones del 28 de julio.

Melanio Escobar, periodista y experto en ciberseguridad, advierte sobre las repercusiones de este tipo de decisiones gubernamentales que afectan el libre flujo informativo: «Aparentemente es un bloqueo temporal, pero que podría prolongarse en el tiempo», señaló en declaraciones a CNN.

Maduro también pidió a sus seguidores el «retiro voluntario, progresivo y radical» de la aplicación de mensajería WhatsApp. 

El cierre masivo de más de 400 medios de comunicación en Venezuela durante la última década, llevó a que las personas migren hacia otras plataformas digitales en busca de información y en un intento de escapar de los estrictos controles oficiales.

En Cuba, durante los escenarios de protestas antigubernamentales, el régimen corta las comunicaciones y las señales de internet para evitar que el mundo pueda observar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, según expertos y observatorios digitales, el tráfico de Internet cuando las protestas del 11J llegó a ser casi cero. 

El Gobierno cubano fue el que más cortes de internet realizó en 2022 en América Latina, según un informe de la ONG Access Now, que monitorea los apagones de internet en todo el mundo. 

La falta de conectividad, según este informe, «socavó la capacidad de la población para hacer oír su voz, participar en procesos democráticos y permanecer segura y conectada durante períodos de disturbios, y constituye una amenaza fundamental para los derechos humanos». 

La organización Freedom House también ha documentado que Cuba ocupa el cuarto puesto entre los países con menos libertad de Internet a nivel global.

En Cuba, son habituales además, los reportes de violaciones digitales, especialmente contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes, quienes sufren cortes selectivos de internet en sus teléfonos celulares. 

Política de Estado: regulación de pasaportes, destierro y exilio de voces críticas 

El régimen venezolano también invalidó los pasaportes de decenas de opositores de su gestión en los últimos días. Sólo en el estado occidental de Zulia serían más de 30 activistas políticos perjudicados.

A Romer Rubio, coordinador de la Plataforma Unitaria de partidos opositores venezolanos en Chile, una fuente de confianza en su país le advirtió los primeros días de agosto que revisara el estatus de su pasaporte en el sistema gubernamental de documentación. Así confirmó que su documento estaba  «anulado».

«Es una nueva forma de destierro», comentó Rubio a la Voz de América desde Chile. Su pasaporte debía estar vigente por nueve años más.

El medio venezolano Efecto Cocuyo, reportó que se retomó en el país la anulación de pasaportes a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, en medio de la crisis política que enfrenta Venezuela tras la realización de la elección presidencial.

Se han documentado al menos 16 casos de periodistas y defensores de derechos humanos con pasaportes anulados desde el pasado 29 de julio, detalló la ONG Espacio Público. 

«Estamos frente a una violación de los derechos ciudadanos, que atenta contra el libre desplazamiento, la libre movilidad y vulnera el derecho a la identidad, contemplado en la Constitución Nacional», explicó el activista venezolano Carlos Correa, quien dirige la organización. 

En Cuba el Estado también utiliza como política la regulación migratoria: impide arbitrariamente que periodistas independientes, activistas civiles y opositores políticos salgan del país. También se les prohíbe volver a algunas de las voces más frontales contra el régimen que se encuentran fuera del país y otras personas son obligadas a exiliarse.  

«Esto es un delito de lesa humanidad, retratado. No hay ninguna justificación legal para desterrar a una persona de Cuba. Absolutamente ninguna. No existe ni en los cánones cubanos ni internacionales», advierte el jurista cubano Eloy Viera Cañive.

ARTICLE 19 documentó el exilio forzado entre 2021 y los primeros diez meses de 2022 tras las protestas del 11J, de ocho periodistas que declararon expresamente que salieron de Cuba por presiones de los agentes de la policía política. «Padecen una agresión de doble vía: no solo son forzadas a salir de Cuba sino que también se les impide regresar debido a que las autoridades le imponen una restricción de ingreso al país donde nacieron y del cual son ciudadanas. Al obligarles a salir e impedirles regresar por su condición de periodistas, el Estado cubano viola los derechos a las libertades de expresión y prensa, al acceso a la información y al libre tránsito», denunció la organización. 

Desinformación en medios estatales

El modelo hegemónico de medios de comunicación de los regímenes de Cuba y Venezuela provocan desinformación y la falta de libertad de prensa. 

La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Venezuela como el tercer país del continente latinoamericano con peor libertad de prensa, solo por debajo de Cuba y Nicaragua.

En contextos de protestas, los medios estatales de ambos países alinean sus contenidos y replican la misma propaganda. Para más detalles puede revisar las siguientes verificaciones: 

Granma desinforma: «nuevos datos» NO confirman a Maduro «como presidente electo por mayoría»

Prensa estatal de Cuba publica desinformaciones sobre elecciones y protestas en Venezuela

Cubadebate publica encuesta falsa sobre elecciones en Venezuela

3 desinformaciones del corresponsal de canal ruso RT en la Televisión Cubana sobre elecciones de Venezuela

Estos son sólo algunos ejemplos, de cómo operan de la misma forma las autoridades de Cuba y Venezuela en contextos de protestas ciudadanas.  

Las organizaciones que impulsan la campaña «Está pasando de nuevo» advirtieron que alrededor de 18 180 personas han sido víctimas de la represión en Venezuela, Nicaragua y Cuba en la última década.