Cuba: en reuniones de rendición de cuentas “es nula la posibilidad de cuestionar aspectos estructurales del sistema político”

Varios reportes han sido publicados este mes en el diario Granma del Partido Comunista de Cuba (PCC) sobre Reuniones de Rendición de Cuentas (RRC) de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular a sus electores, previstas entre el 20 de septiembre y el 15 de noviembre del presente año (Ver artículos 1, 2, 3, 4). 

En la narrativa gubernamental se repite que las asambleas de rendición de cuentas (suspensiones en octubre de 2023 y enero de 2024) son un “espacio de participación popular”, de supuesto análisis colectivo y dan “cumplimiento a los principios de la democracia socialista”. 

“La rendición de cuenta resulta un ejercicio eminentemente político, democrático, participativo y singular; pilar esencial del sistema político cubano; en el que el pueblo participa activa y directamente, como genuino protagonista, en la gestión del Estado y el Gobierno, desde su propia patria chica, en el barrio y la comunidad”, declaró Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano, citado por Granma. 

Son afirmaciones ENGAÑOSAS. En las RRC, “la posibilidad de cuestionar aspectos estructurales del sistema político, como la necesidad de reformas profundas o la garantía de derechos fundamentales, es nula”, advierte la plataforma Demo Amlat, de la organización Transparencia Electoral. 

La Ley no. 132/2019 “De Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular y de los Consejos Populares”, establece que durante las Reuniones de Rendición de Cuentas los electores pueden presentar sus opiniones y plantear problemas locales a los delegados. Las RRC también sirven para informar a los ciudadanos sobre asuntos de su circunscripción, del municipio, y del país, promoviendo un análisis colectivo en busca de soluciones a nivel local. 

El abogado cubano Raudiel Peña Barrios, Coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba, señala que “las RRC son importantes porque representan el único espacio mínimamente deliberativo que tiene la población para expresar sus opiniones ante los representantes políticos”. Pero, según advierte el experto, “se trata de ejercicios de deliberación muy restringidos y poco eficaces en cuanto a su trascendencia para solucionar los problemas locales. También se niega u obstaculiza de alguna forma la participación de las personas que se oponen abiertamente al régimen político, como son los casos de opositores, periodistas independientes y activistas y defensores de derechos humanos”. 

De acuerdo con Peña Barrios “estos espacios deliberativos pueden ser útil para criticar la grave crisis de Cuba” y “cuestionar situaciones más estructurales del régimen político, como la necesidad de reconocer el pluralismo partidista y garantizar derechos y libertades civiles y políticas”. No obstante, “para valorar la posibilidad real de realización y la efectividad de estos planteamientos debe considerarse el carácter cerrado de la autocracia cubana, así como la exposición a las medidas represivas de las autoridades”, explicó en un artículo publicado recientemente. 

Sobre la suspensión de estas reuniones en dos ocasiones anteriores, el abogado considera que “las características autocráticas del régimen político cubano le permiten a la élite controlar cuándo y en qué circunstancias se efectúan estos espacios sin costos políticos muy elevados”.

Sin embargo, Peña Barrios apunta que en las actuales reuniones previstas “no debería desaprovecharse la oportunidad de participar y exponer, una vez más, las deficiencias democráticas del régimen cubano y su incapacidad de solucionar los problemas más elementales de los ciudadanos”. 

“Representación popular es sustituida por el control político”

Según Liván Alonso Izquierdo –antiguo secretario del Partido en Ciego de Ávila, promovido a La Habana–, las asambleas se proponen un objetivo: “defender el sistema político cubano”. 

“Parecería que este 18 período de mandato de las Asambleas Municipales del Poder Popular intenta recuperar las dinámicas perdidas de reafirmación revolucionaria en detrimento de las respuestas concretas a los problemas y necesidades acumuladas en las comunidades”, advirtieron las organizaciones Observadores de Derechos Electorales (ODE) y Ciudadanos de Procesos Electorales (COPE), representadas por Marthadela Tamayo y María M. Benítez. Recalcaron además que, con este mecanismo, “la representación popular es sustituida, y desvirtuada, por el control político de la ciudadanía tras la apariencia de la participación”. 

Las organizaciones alertan que “la búsqueda de respuestas concertadas de las y los delegados, tal y como se ha venido conociendo al menos en La Habana frente a los problemas del suministro de agua, de los servicios comunales, de viales, de vivienda y de suministro eléctrico parece estar indicando que las asambleas de rendición de cuentas convertirán a las y los delegados en los portavoces de la débil gestión del Estado; desvirtuando una vez más la evaluación popular a la gestión particular de cada delegada o delegado electo en comunidades específicas y diferenciadas”.

Las representantes de ODE y COPE indicaron que “no hay ni dinámica ni ambiente comunicacionales a nivel de las comunidades. La ciudadanía, en los recorridos que hemos hecho por algunos municipios, está al margen de lo que ocurrirá a partir del 20 de septiembre”, reportó Diario de Cuba.