Cuba no «mantiene una política de tolerancia cero frente a la trata de personas», como aseguró canciller

El 24 de junio el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, reiteró una narrativa desinformadora del régimen cubano, al expresar en su cuenta de X: «Cuba mantiene una política de tolerancia cero frente a la trata de personas». La afirmación es ENGAÑOSA.

De esta manera Rodríguez Parrilla respondió al reporte anual de tráfico de personas en el mundo, que publicó esta semana el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En el informe se señala a Cuba, Venezuela y Nicaragua como algunos de los países que no cumplen los estándares de lucha contra el tráfico de personas y «no hacen esfuerzos significativos» para detenerlo.

Los tres países latinoamericanos están en el nivel 3 del Informe sobre Trata de Personas presentado por el secretario de Estado, Antony Blinken, en la sede del Departamento de Estado en Washington D. C.

«Continua inclusión de nuestro país en informes unilaterales y arbitrarios del gobierno de EE. UU. Solo pretenden mantener y justificar política criminal de asfixia económica contra el pueblo cubano», aseguró el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

La trata de personas es asumida como un delito severo por las leyes cubanas, sin embargo, la ausencia de protocolos para asistir a las víctimas que se encuentran en el extranjero y la poca transparencia de las autoridades sobre los casos de trata, pueden incidir en el aumento de este tipo de delitos.

Verificadores de medios independientes ya han chequeado previamente afirmaciones similares a la expresada esta semana por el canciller cubano.

Trata de personas en Cuba

Según las Naciones Unidas, la trata de personas es «el proceso por el cual se somete y mantiene a un individuo en una situación de explotación con ánimo de extraer de él un beneficio económico».

En agosto de 2023 el Gobierno cubano publicó su propio informe sobre trata de personas en el país. El reporte del régimen de La Habana, con datos del 2022, afirmó que se juzgaron seis casos con rasgos típicos de delitos de trata.

En el texto las autoridades aseguraron que no había organizaciones delictivas de este tipo en el territorio nacional. Solo unos días después, se destapó una red que llevaba a cubanos residentes en la isla a participar en la invasión de Rusia a Ucrania, como explicó Martí Verifica. Algunas de las víctimas aseguraron haber sido engañadas.

Andorf Velázquez y Álex Vega, dos jóvenes cubanos en el ejército ruso que denunciaron esta situación, declararon no saber cómo contactar con los funcionarios de la embajada cubana o si estos podían ayudarlos.

Eloy Viera Cañive, abogado y coordinador de elTOQUE Jurídico, indicó que los protocolos de actuación ante casos de trata, «si existen, no son públicos, lo que impide que las víctimas tengan un referente sobre dónde acudir». Esto hace que algunas personas desconocen si pueden solicitar asistencia en las oficinas consulares cubanas en el exterior.

Por otro lado, un estudio de la revista Sexología y Sociedad identificó a 71 cubanos que fueron víctimas de trata en el extranjero entre 2010 y 2017.

El 48 % de las víctimas sufrió explotación sexual, un 36 % trabajo forzoso y un 8 % esclavitud. La identificación se realizó a través de agentes consulares cubanos.

Para Viera Cañive la idea de la «tolerancia cero» no se debe basar solamente en la judicialización, que es el acto de llevar un asunto por la vía judicial, sino en la creación de «mecanismos de prevención efectivos que impidan la proliferación de redes que puedan promover la trata». En ese sentido, el abogado resaltó la importancia de establecer mecanismos de asesoría para las víctimas en las oficinas cubanas en el extranjero.

Cuba forma parte de la Convención de Palermo contra el Crimen Transnacional Organizado y de su Protocolo sobre la trata de personas. Las autoridades de la isla aseguran combatir estos delitos mediante el intercambio de información con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y con organismos homólogos. En el país también existe un Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas.

Explotación de profesionales cubanos en el extranjero

El fenómeno de la trata de personas en Cuba también está vinculado a la exportación de personal médico y de otros sectores. Organizaciones internacionales informan de violaciones de derechos humanos en estos programas, señalando un patrón gubernamental para sacar provecho de la exportación de servicios profesionales con indicios de trabajo forzoso.

Entre los afectados se encuentran profesores, artistas, atletas y entrenadores, así como unos 7000 marineros, según se advierte en el citado informe del Departamento de Estado de EE. UU. Al finalizar el 2023, más de 22 000 trabajadores afiliados al régimen cubano estaban presentes en 53 países.

Las denuncias sobre las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud cubanos en el extranjero revelan el uso de tácticas engañosas y coercitivas, así como violación de derechos laborales. La venta de servicios médicos a partir de los contratos suscritos por el Gobierno cubano con naciones extranjeras ha sido cuestionado por Naciones Unidas y otras instituciones internacionales de derechos humanos, y descrito como «esclavitud moderna» y «trabajo forzoso».

En 2021, más de 1000 extrabajadores de misiones médicas, apoyados por la ONG Prisoners Defenders, denunciaron al Gobierno cubano ante la Corte Penal Internacional y la ONU. La mayoría de los denunciantes no se ofrecieron como voluntarios para el programa, no firmaron contratos y desconocían su destino final. Además, muchos tenían sus pasaportes confiscados y experimentaron restricciones de movimiento.

Otras ONG como Outreach Aid to the Americas y la Fundación Internacional para la Libertad, han denunciado que los médicos cubanos en misiones estatales trabajan en condiciones de «esclavitud moderna». Según reportes, el Gobierno cubano no informa a los participantes sobre los términos de sus contratos, que varían de un país a otro, y confisca sus pasaportes y salarios, amenazando a los profesionales y a sus familias si abandonan el programa.

El Parlamento Europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado preocupaciones similares sobre la explotación del personal médico cubano.

La investigadora Maria C. Werlau, directora de la organización sin fines de lucro Free Society Project-Archivo Cuba, destacó que los esquemas de exportación de servicios de salud implementados por el Estado cubano violan derechos laborales fundamentales.

El régimen recibe el pago en divisas de los países contratantes y paga a los trabajadores una fracción mínima de esos ingresos, quedando en su poder la mayor parte. Esta práctica contrasta con los convenios internacionales suscritos por el régimen, los cuales prohíben el trabajo forzoso y abogan por pagos justos.

«El gobierno le da mucha propaganda como si fuera un proyecto humanitario y altruista, cuando en realidad es un proyecto que devenga los recursos financieros más grandes que recibe el país», dijo Werlau a la Voz de América (VOA).

La investigadora y defensora de derechos humanos fue reconocida como una de las 10 personas «héroes» del Informe Sobre la Trata Humana que presentó el Departamento de Estado este lunes.

«Es importante dar a conocer a esas víctimas, a esas personas que hoy están en esas misiones y que han pasado las cosas más terribles que se pueden escuchar. Es una oportunidad de dar a conocer al mundo lo que sucede», concluyó María Werlau en sus declaraciones a VOA.