¿En qué consiste la nueva ola represiva en Cuba que denuncian medios y organizaciones internacionales?

Medios de prensa independientes y organizaciones internacionales denuncian una nueva ola represiva contra la sociedad civil cubana. 

elTOQUE alertó en un comunicado que desde mediados de septiembre han “podido confirmar que una veintena de colaboradores de varios medios de prensa independientes (activos o que renunciaron desde 2022) y también gestores de proyectos sociales o de emprendimiento, activistas y creadores de contenido, fueron llevados a declarar como 'testigos' de una supuesta instrucción penal por la comisión del delito de 'mercenarismo'”.  

Este delito está tipificado en el artículo 143 del Código Penal y  establece condenas de entre cuatro y diez años de cárcel para quienes reciban fondos que se empleen para realizar supuestas actividades “contrarias al Estado cubano y su orden constitucional”. 

Por su parte, el medio CubaNet informó que los más recientes reportes indican que “varios periodistas han sido amenazados, interrogados, obligados a renunciar a su labor y a devolver sumas de dinero supuestamente recibidas de programas formativos o colaboraciones con medios internacionales”.

“La dictadura cubana se ensaña nuevamente con los inocentes, con los más vulnerables, con quienes cometieron solamente el delito de pensar y hablar sin hipocresía”, denunció en redes sociales Elaine Díaz, directora de Periodismo de Barrio. 

¿Cuáles son las tácticas represivas identificadas? 

Los citados medios han denunciado que la Seguridad del Estado está condicionando la “colaboración” de las personas dándoles a escoger entre ser “acusados” o “testigos” de una investigación penal sobre una supuesta nueva “conspiración contra Cuba”. 

elTOQUE denunció que las declaraciones de los interrogados por la policía política son “obtenidas bajo coacción” y las sesiones de interrogatorios son de entre ocho y 12 horas, cargadas de amenazas y chantajes”.

El medio destacó que las declaraciones son adquiridas violando normas de procedimiento, “pues hasta el momento no se ha indicado contra quién se dirige la supuesta causa legal en la que deben declarar las personas interrogadas”. 

Según conoció el medio, “en los interrogatorios se grita y violenta verbalmente”, se ha “obligado a las personas a entregar cientos de dólares” por colaborar con medios independientes y se les “exige firmar un acta de entrega en la que reconocen haber recibido el dinero de parte de proyectos 'subversivos'.

“Se trata de un claro acto de extorsión, la Seguridad del Estado obliga a estas personas a autoinculparse por participar en actos que no existen y, en el proceso, fabrica las evidencias que no tiene”, advirtió el medio. 

Además, los agentes de la Seguridad del Estado obligan a las personas a realizar una declaración pública en la que renuncian a ejercer el periodismo independiente o participar en programas de formación con financiamiento extranjero. También en algunos casos, sus “confesiones” son grabadas.  

Claudia Padrón, editora de CubaNet declaró a Martí Noticias, que a algunos colaboradores del medio también se le habían confiscado sus equipos de trabajo y teléfonos. 

¿Por ser “testigos” tienen garantías legales? 

El abogado, analista y director de elTOQUE Jurídico, Eloy Viera Cañive, explicó en un texto publicado esta semana que “la calificación de 'testigo' no está diseñada para ofrecer garantías a los periodistas independientes sometidos a esos procesos. Por el contrario, está diseñada para negarles los mínimos derechos a los que podría apelar alguien que ha sido formalmente acusado: un abogado y el silencio.

El jurista advierte además, que estos “procesos extorsivos se produce en contextos que estuvieron precedidos por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas e interrogatorios ilegales”. 

Viera Cañive denunció también la “tortura psicológica” y los “tratos degradantes que pueden incluir la desnudez forzada” que sufren estas personas víctimas de la represión policial. 

“Quien elige “confesar” ante las autoridades cubanas debe entender que, aunque pueda obtener una pausa temporal en la represión, se trata de una pausa discrecional y no está garantizada. Si la ley no es garantía en Cuba, ¿cuán garante puede ser la palabra de un represor que usa seudónimo y detiene a personas ilegalmente?”, señaló. 

El abogado, experto en derechos humanos, apuntó además que “la extorsión bajo amenazas de prisión (colaboración) ha sido la estrategia preferida para forzar el exilio de generaciones completas de periodistas independientes en los últimos años”.

Al menos 150 periodistas cubanos se exiliaron entre 2022 y 2024 como causa del constante acoso de la policía política. La nueva oleada (la de estos días) ha sumado otros tres, hasta el momento, de acuerdo con el editorial publicado por elTOQUE. 

Este mes también se anunció el cierre de la revista independiente AM: PM, especializada en música, por presiones de la Seguridad del Estado contra su director, el periodista Rafael G. Escalona.

¿Qué organizaciones internacionales se han pronunciado? 

La organización de derechos humanos Raza e Igualdad rechazó este viernes las amenazas a periodistas cubanos y condenó “esta estrategia que busca acabar con el periodismo independiente en la isla”. 

“Los casos de hostigamiento se conocen en medio de la entrada en vigor de la nueva Ley de comunicación social en Cuba, que regula los contenidos de los medios y desconoce a la prensa independiente como figura jurídica”, señaló la organización en redes sociales. 

Por su parte el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina ( CADAL) solicitó a la Unión Europea en Cuba y a Josep Borrell, Alto Representante  para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), “aplicar frente a esta situación el punto 3 de la directriz del 2012 sobre la política exterior en Derechos Humanos de la UE y su compromiso con la sociedad civil” cubana. 

Johanna Cilano, investigadora de Amnistía Internacional, también denunció la nueva ola represiva en Cuba. 

Human Right Watch en su informe mundial 2023 advirtió que en Cuba los “periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica de las autoridades suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias” 

La organización internacional que defiende los derechos a la libertad de expresión y a la información, Artículo 19, documentó en 2023, al menos, 274 agresiones en Cuba contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes.

El Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) también contabilizó el pasado año al menos 210 incidentes de restricciones de Internet contra periodistas y medios independientes, que incluyeron cortes del servicio, bloqueo del acceso a las redes sociales o hackeo de las cuentas de los propios periodistas y de los sitios web de los medios para los que trabajan.