¿En Villa Clara no hay trabajadores en la agricultura por «vagancia», como afirmó gobernador?

Alberto López Díaz, gobernador de la provincia cubana de Villa Clara, dijo en una reunión televisada en agosto de 2023, que no había suficientes personas para trabajar en el campo: «Tenemos veinte máquinas de riego, más de 3000 hectáreas y no tenemos fuerza de trabajo [en la agricultura]; ¿por qué no hay fuerza de trabajo?: por el problema demográfico, por los vagos y porque no le da la gana a la gente ir a trabajar duro». Esta afirmación es ENGAÑOSA.

Si bien es cierto que el país ha tenido un éxodo masivo y la migración cubana hacia Estados Unidos se ha multiplicado en el último año, superando incluso el exilio de los años ochenta y noventa, lo que dice el Gobernador es engañoso, omite otros aspectos relevantes del contexto actual. López Díaz repite una narrativa enunciada por varios funcionarios estatales y que busca culpables externos a responsabilidades gubernamentales.

Y aunque el problema demográfico sí afecta a la agricultura, también lo hace al resto de los sectores. Por otro lado, en su intervención López Díaz no da una definición de lo que considera «vagos» ni «gente que no quiere trabajar duro». Frases que parecen provenientes de su retórica política y que no son verificables.

Además, los datos contradicen la afirmación del funcionario sobre la fuerza de trabajo. Al revisar las estadísticas provinciales y nacionales encontramos que el sector de la agricultura, la silvicultura, la ganadería y la caza es el que más empleados tiene en el país. No obstante, estas cifras no pueden ser contrastadas por organismos independientes ni hay otros registros públicos disponibles.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), a nivel nacional en 2022 trabajaban en el sector un total de 802,9 mil  personas. En la provincia de Villa Clara la tendencia es similar, aunque los datos están actualizados solo hasta 2020: 71 417  individuos entregaban su fuerza de trabajo a la agricultura.

El Doctor en Economía, Pedro Monreal, señaló en la red social X que antes de seguir con el tópico de la «tierra sin agricultores», era importante señalar que el agro era el principal empleador a nivel nacional, con un 17,8 % del empleo total. «Pero con muy baja productividad, el tercer peor salario medio sectorial y con un desplome en 10 años desde 8% a 2,6% de la inversión nacional como % PIB». Es decir, que en esta última década el Estado invierte casi cuatro veces menos en agricultura y los salarios de quienes producen no alcanzan para cubrir los costos de vida.

Además, son comunes en la prensa independiente los reportes de impagos. En abril de 2023 fue el poder quien reconoció una deuda de 16.842.385 millones de pesos con los agricultores hasta diciembre de 2022.

La morosidad en los pagos podría ser una de las causas de la poca producción. Otra podría encontrarse en la alta burocratización y la mala gestión gubernamental. El productor Vladimir Ríos Cruz dijo a Martí Noticias en 2021 que: «Los campesinos no quieren negociar con el gobierno. Tú no puedes negociar con una persona que te impone sus condiciones, te hace sembrar 200 matas de mango, te contrata las producciones y luego el mango se echa a perder en el campo porque el camión de acopio no viene a recogerlo, y ya el campesino está desilusionado».

La crisis y las quejas han perdurado. En este fin de año 2023, agricultores cubanos dijeron que no tenían medios para producir y que los resultados que les exigía el régimen eran muy altos. «No hay petróleo, no hay fertilizantes, no hay nada. Aquí no hay nada para hacer una cosecha, mira la fecha en que estamos ya», explicó el campesino Osmani Poveda Hernández desde Pinar del Río.

Trascendió en noviembre pasado que en la misma Villa Clara varios productores de leche no entregaron los litros acordados con el Estado. La situación fue descrita como «casi» una huelga por parte de la prensa independiente.

Monreal reseñó en octubre la baja en la producción durante 2022 de alimentos muy consumidos en el país como el arroz, el maíz, las hortalizas y el boniato. «La crisis empezó antes de la pandemia y la política agropecuaria ha sido incapaz de resolverla», afirmó el economista.

Según datos de la ONEI el 78,7 % de la superficie agrícola está en manos del Estado quien, a su vez, debido a la mala gestión, entrega una parte en usufructo para que sea trabajada. Esto ha generado que funcionarios del Gobierno acusen a estos usufructuarios de la baja producción, y que en raras ocasiones admitan públicamente los errores. 

Un ejemplo de esto sería la entrega de tierras ociosas, algo que le corresponde hacer al Estado. El año pasado, 258.288 hectáreas de suelo considerado apto para la agricultura estaban sin trabajar.

En abril de 2021, el Gobierno aprobó 63 medidas para, en teoría, estimular la producción agrícola. Los resultados, al menos hasta finales de 2023, no parecen haber generado una mayor producción ni haber contribuido a la soberanía alimentaria del país. Mientras tanto, los productores se enfrentan a un mayor control de parte de las autoridades y a multas y sanciones por incumplir objetivos que consideran poco realistas.