Cambio de política de Administración Biden hacia Cuba: 3 desinformaciones del régimen de La Habana

Hay, al menos, tres narrativas desinformantes en las declaraciones públicas de las autoridades cubanas sobre el proceso de excarcelación de “553 personas sancionadas por delitos diversos”, tras el anuncio de la Administración del presidente Joe Biden que Cuba saldría de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, entre otras medidas con respecto de la política hacia la isla. 

Una vez más, los funcionarios gubernamentales niegan la existencia de presos políticos y aseguran que las “liberaciones” son demostrativas de la “naturaleza justa y humanitaria de los sistemas penal y penitenciario de Cuba”. Esto es FALSO. 

Además, de forma ENGAÑOSA el régimen de La Habana ha tratado de no relacionar las excarcelaciones como una medida adoptada tras los anuncios emitidos por Washington, sino que ha insistido en que se trata de una “práctica habitual en el ordenamiento legal” cubano, de una “decisión unilateral y soberana”. 

Sin embargo, en las comunicaciones del gobierno estadounidense sí se ha establecido una relación directa entre la salida de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y la excarcelación de presos políticos. 

Sistemas penal y penitenciario en Cuba: ni justo ni humanitario 

Luego de que la Casa Blanca, a menos de una semana de la salida del presidente Joe Biden, anunciara las nuevas medidas hacia Cuba, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), publicó en un comunicado:

“Como parte de las estrechas y fluidas relaciones con el Estado Vaticano, el gobierno de Cuba se ha mantenido en comunicación con el Papa Francisco y con sus representantes y, como en el pasado, ha informado a Su Santidad sobre procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad, práctica que es común en nuestro sistema de justicia y que ha caracterizado la trayectoria humanitaria de la Revolución”.  

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel compartió la nota oficial de la cancillería y añadió en redes sociales: “Como es práctica habitual en nuestro ordenamiento legal, tomamos la decisión unilateral y soberana de otorgar la libertad a 553 personas sancionadas por delitos diversos”.

La narrativa de la supuesta “naturaleza justa y humanitaria” del sistema penal cubano a partir de las recientes excarcelaciones, también fue replicada en los principales medios estatales, controlados por el Partido Comunista de Cuba (PCC) y voceros oficialistas (Ver 1, 2, 3, 4). Sin embargo, se trata de una afirmación FALSA. 

El Doctor en Ciencias Jurídicas, Julio Fernández Estrada, declaró a Martí Verifica que “los sistemas judiciales y penitenciarios de Cuba, no son ni justos ni humanitarios. No se le puede llamar 'justo' a un sistema que maneja delitos priorizados fuera de la ley y la Constitución, y que por esta clasificación los condenados no pueden beneficiarse, como por ejemplo, de la libertad condicional. Se trata de un sistema judicial que recibe directrices directamente de un partido único y del Estado -y esto sí es constitucional-, y que ha juzgado a personas en Cuba por sedición, por manifestarse libremente, usar la bandera nacional sobre los hombros en un performance, grabar unas manifestaciones o por sacar un cartel de forma pacífica para pedir la excarcelación de otras personas (…)”.

“Los presos políticos cubano son violentados, torturados psicológicamente, golpeados, castigados… No sólo los presos políticos, también los presos comunes, no reciben alimentación ni atención médica adecuadas (…) El sistema penitenciario cubano no es 'humanitario' en ningún sentido”, afirmó. 

De acuerdo con la ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, "las excarcelaciones anunciadas por el Estado cubano se están realizando sin transparencia sobre quiénes y cuándo serán beneficiados. Nos consta que este proceder está generando incertidumbre y desesperación entre numerosas personas presas por motivos políticos y sus familiares".

También en declaraciones a Martí Verifica, el abogado cubano Fernando Almeyda, sostuvo que “en principio, si se tratara de la aplicación de la naturaleza 'justa y humanitaria', no existiría punibilidad para el ejercicio de los derechos fundamentales (libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de asociación, reunión y manifestación)”. 

Exiliado en Serbia, Almeyda agregó que “por otro lado, el sistema penal de Cuba, aunque se hable que tiene como principios la reeducación y la reinserción del condenado en la sociedad, en la práctica impera otro paradigma”. 

“En regímenes como el cubano, la cárcel es un lugar para ser castigado. La existencia en el centro penitenciario es concomitante a ser torturado y maltratado. En otras palabras, el preso se deshumaniza y no es más una persona sino un objeto de la violencia descontrolada del Estado y los funcionarios. Con los disidentes esto se agrava porque pensar diferente al Partido Comunista te excluye del trato humano; y en la cárcel, por tanto, se te trata con un mayor ensañamiento”, señaló Almeyda. 

El también activista por los derechos humanos, añadió además, que en Cuba “el sistema judicial no es garantista; la privación de libertad como medida cautelar es regla y no excepción; y en ninguna de las fases del proceso -ni de internamiento- se cumplen los estándares internacionales para el trato humano de las personas”. 

Cuba sí tiene presos políticos 

Varias organizaciones independientes, defensoras de los derechos humanos en Cuba, tienen subregistros del número de presos políticos actualmente en la isla. Los listados están en constante actualización y se elaboran a partir de las denuncias de las víctimas y familiares, reportes de medios de prensa, informes de ONG y de activistas en la isla. En algunos casos las cifras difieren en el total, pero todas rondan alrededor de los mil prisioneros políticos.

La ONG Justicia 11J, que desde el estallido social de julio de 2021 ha documentado “la respuesta estatal a manifestaciones públicas de distinta tipología, en el espacio público y en centros de detención”, tenía registrado antes de las recientes excarcelaciones, al menos 879 personas privadas de libertad por razones políticas (57 de ellas mujeres), y 551 de estos casos tenían relación con el 11J.

Grupos de la sociedad civil han informado entre 900 y 1161 presos políticos, la mayoría condenados y juzgados por participar en las protestas del verano de 2021, en tanto las cifras oficiales, aseguran que hay unos 500 cubanos sancionados por pedir más libertades y mejores condiciones de vida en las multitudinarias protestas.

Johanna Cilano, investigadora regional de Amnistía Internacional, declaró a Martí Verifica que “los últimos años, y especialmente tras las protestas pacíficas celebradas en toda la nación el 11 y 12 de julio de 2021, las autoridades cubanas, con el presidente [Miguel] Díaz-Canel a la cabeza, han intensificado una política de represión, aplicada durante décadas, que criminaliza la protesta pacífica y encarcela y maltrata a personas cubanas de toda condición sólo por expresar sus opiniones. Desde Amnistía Internacional hemos dado cuenta de ese incremento de la represión, que incluye a centenares de personas detenidas y procesadas según dan cuenta organizaciones como Justicia 11J”.

En tanto, la organización de derechos humanos Prisoners Defenders (PD), señaló en un reciente informe que las protestas antigubernamentales de julio de 2021 “llevaron a prisión a más de mil manifestantes”. “Para hacernos una idea de la tragedia de los manifestantes, 225 de ellos fueron acusados de sedición y al menos 222 de entre ellos ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. Fue una muestra de la represión absoluta de un régimen que lanzaba un mensaje 'ejemplarizante' al pueblo de Cuba en caso de querer salir a la calle para pedir pacíficamente su derecho a la libertad”, advirtió la ONG con sede en Madrid. 

Otras organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Article 19, Freedom House, eurodiputados y líderes internacionales, también han denunciado la existencia de presos políticos en Cuba. En diversos foros de Naciones Unidas la sociedad civil cubana también ha exigido la liberación de los prisioneros por motivos políticos en la isla. 

No obstante, a lo largo de las últimas décadas el régimen cubano ha negado la existencia de los presos políticos. 

En el contexto actual, se volvió a expandir esta narrativa desinformadora. Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba, declaró en televisión nacional este 15 de enero que las personas excarceladas no son prisioneros políticos.

En este enlace puede seguir a las personas que están siendo excarceladas actualmente en la isla. La mayoría son presos políticos del 11J, según los subregistros de las organizaciones independientes de derechos humanos. 

Según declaró en la televisión estatal cubana en la noche del 16 de enero, el Tribunal Supremo Popular de Cuba, 121 personas salieron de prisión bajo libertad condicional y seis bajo “licencia extrapenal”. Sin embargo, grupos de derechos humanos y familiares de presos políticos aseguran que son apenas 40 los excarcelados tras el anuncio del régimen cubano, como pude verse en el link citado anteriormente de la ONG Justicia 11J.

Entre 2010 y 2011, la mayoría de los prisioneros políticos detenidos durante la Primavera Negra de 2003 fueron liberados y forzados al exilio. 

En 2015, un nuevo grupo de 53 presos políticos fue  excarcelado, y algunos de ellos también fueron enviados al exilio como única opción para escapar de la presión de la Seguridad del Estado cubano.

 “Presos políticos, convertidos en moneda de cambio”

Las autoridades cubanas han evitado relacionar las recientes excarcelaciones con las medidas anunciadas por la Administración Biden. 

Las comunicaciones oficiales apuntan solamente a la mediación del Estado Vaticano y el Papa Francisco, y subrayan que ha sido una “decisión unilateral y soberana”.

No obstante, un alto funcionario estadounidense dijo en una llamada con periodistas para hacer el anuncio que se trataba de una decisión unilateral del gobierno norteamericano que contemplaba una promesa del régimen de La Habana a la Iglesia Católica de liberar a los presos políticos. Según el funcionario, la negociación se llevó a cabo con mediación de la Iglesia Católica, y que anticipaba en breve el anuncio de la liberación de un "número significativo de presos políticos".

Apenas una hora después del anuncio de Estados Unidos el régimen cubano anunció la liberación de 553 prisioneros. 

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también dijo que habían sido informados por la Iglesia católica que el Gobierno cubano comenzaría "pronto a liberar un número considerable de presos políticos".

Según su declaración, líderes mundiales, en especial de América Latina, alentaron a Biden "a tomar estas acciones respecto a la mejor manera de promover los derechos humanos del pueblo cubano".

Una de las primeras prisioneras políticas excarceladas fue Donaida Pérez Paseiro. “Yo sé que eso no ha sido más que el resultado de la campaña internacional que se ha hecho a favor de nosotros los presos políticos, que no tiene nada que ver con lo que haya hecho el régimen cubano. El régimen cubano, simplemente, nos utiliza como su moneda de cambio para que Cuba fuera sacada de la lista de los países terroristas”, declaró. 

Pérez Paseiro fue condenada a ocho años de prisión por desorden público, desobediencia, desacato y agresión luego de que, junto a su esposo, Loreto Hernández, asistieran a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Placetas, provincia Villa Clara. Ambos fueron considerados "presos de conciencia" por Amnistía Internacional.

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