Crisis de la vivienda: ¿Cuba se derrumba?

El deterioro del fondo habitacional en Cuba no tiene solución a la vista en medio de un contexto de crisis económica, con inflación, desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos básicos, así como un éxodo masivo sin precedentes.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en ciudades de América Latina y el Caribe con dos millones o menos de habitantes hay un déficit habitacional promedio de un 6 %. En La Habana no es menor  al 20%, aunque las autoridades no ofrecen de forma regular información actualizada sobre la crisis de la vivienda en el país.

Tampoco los reportes gubernamentales pueden ser contrastados en el terreno por organizaciones independientes. 

El propio Gobierno cubano ha reconocido que en la capital colapsan unas 1.000 viviendas cada año. Los derrumbes han provocado la muerte de adultos y niños.  

Numerosas familias a lo largo de todo el país viven en albergues colectivos, administrados por el Estado, que carecen de las condiciones básicas necesarias para vivir. Otras sobreviven en el peligro de casas o edificaciones en mal estado, apuntalados y al borde del colapso. 

Las necesidades de viviendas y la pobreza generalizada también han provocado el surgimiento de improvisados asentamientos en zonas periféricas de algunas ciudades, principalmente en La Habana. Dichas comunidades, conocidas como «llega y pon», crecen sin sistema de agua potable y electricidad. En ellas las personas desamparadas van «armando», como pueden, un techo para resguardarse. 

El Estado también ha informado sobre la carencia de materiales de la construcción y el incumplimiento del llamado «Programa Nacional de Vivienda», que según el primer ministro, Manuel Marrero Cruz: «no acaba de despegar». Es una urgencia para contrarrestar el déficit habitacional acumulado, pero postergada por las autoridades que priorizan la construcción de hoteles para el turismo. 

¿Cuál es el estado del fondo habitacional en Cuba?

Según las cifras oficiales, en 2020 —año de los últimos datos disponibles— el déficit habitacional en el país era de 862 879 unidades; mientras que el 37 % del fondo habitacional (3 946 747) tenía un estado técnico regular o malo. Aunque el Gobierno cubano no se pronuncie al respecto, es probable que las cifras hayan cambiado para mal. En la actualidad la situación parece peor, si tomamos en cuenta las constantes denuncias de cubanos de todo el país en redes sociales. 

Tomando como referencia el déficit oficial y considerando a tres personas por hogar, habría en la isla unos 2,58 millones de cubanos sin vivienda aceptable, ni propia, ni rentada, según indica un reporte de Diario de Cuba. 

Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI),  indican que en la capital cubana hay no menos de 600.000 personas sin una vivienda adecuada, propia, o rentada. 

De las viviendas de Cuba, 853.000 se encuentran en mal estado o regular, y hay que reconstruirlas o darles mantenimiento, dijo en septiembre de 2023 el ministro de Construcción, René Mesa Villafaña, en el programa televisivo Mesa Redonda.

Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, Randel Coloma, informó en julio de 2023, que «este deterioro [del fondo habitacional] se debe fundamentalmente al efecto de los eventos climatológicos, la rehabilitación y conservación a baja escala y el no cumplimiento del Programa de la Vivienda».

¿Qué es el Programa Nacional de la Vivienda y por qué se incumple?

El Programa Nacional de la Vivienda, supuestamente un «proyecto social priorizado», aprobado en 2018 y que también incluye entregar viviendas a madres con tres o más hijos, en aras de estimular la natalidad, se incumple cada año en el país.

El Gobierno cubano reconoció en julio de 2023 que apenas se habían construido en el país 7.221 viviendas, de las 25.134 previstas el pasado año: sólo el 29 %.

Coloma señaló en una reunión de diputados del Parlamento en 2023 que el programa más atrasado es el de las casas construidas a través de subsidios estatales. «Se cumplen al 13 %, ejecutándose sólo 822 de las previstas, lo que corrobora que es el programa más atrasado en la isla», detalló. 

Por otro lado, el funcionario indicó que sólo se cubrió el 41 por ciento del plan de rehabilitación del año (se terminaron 10 mil cuatro acciones constructivas), «muy distante de las necesidades existentes».

Tampoco se avanzó en la erradicación de pisos de tierra ni las llamadas cuarterías (unas 9.000 viviendas y cuartos en precarias condiciones, ubicados sobre todo en comunidades vulnerables). De las casas con pisos de tierra identificadas, según datos oficiales (61.559), sólo se eliminaron supuestamente unas 2.103, el 9 % de las 22.540 previstas para ser erradicadas en 2023, de acuerdo con Coloma.

Según el informe presentado, las afectaciones climatológicas sin solución de años anteriores, constituyen una de las mayores insatisfacciones de la población: aún quedan afectadas 109 mil 185 viviendas y de ellas 60 mil 590 son derrumbes totales y parciales.

Por mencionar un ejemplo, de acuerdo con datos oficiales, el huracán Ian dejó 13 174 derrumbes totales en Pinar del Río, y sus moradores han pasado a engrosar la larga lisa de cubanos que esperan por una solución gubernamental ante la pérdida de viviendas.

Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda del Ministerio de la Construcción,  precisó durante una reunión del Consejo de Ministros en octubre de 2023, donde se discutieron los atrasos en el cumplimiento de la llamada Política de la vivienda, que los mayores problemas son por «atrasos en subsidios y por el incumplimiento de las inversiones previstas para incrementar la producción de materiales de la construcción o el equipamiento necesario para ampliar la capacidad constructiva y su sostenibilidad».

El Gobierno promovió la «política de la vivienda» para acabar con el déficit habitacional en el transcurso de una década. Desde que comenzó a implementarse la referida Política, según Rodríguez Salazar en Cuba se han concluido 127 345 viviendas, y en 106 332 se han realizado acciones de rehabilitación. 

¿Qué provincias son las más afectadas?

Las provincias con una situación más compleja son La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey, según precisó Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, durante una reunión del Consejo de Ministros en octubre de 2023, donde se discutieron los atrasos en el cumplimiento de la llamada Política de la vivienda. 

La Gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Jhonson Urrutio, dijo en febrero de 2021 en un análisis sobre el incumplimiento del programa de la vivienda en la provincia: «explicar aquí, frente a la dirección del país, es tan difícil como explicarle a las más de mil familias santiaguera que este año [haciendo referencia al 2020] por irresponsabilidad nuestra no le llegamos». 

Según expuso Rodríguez Salazar, se terminaron en el país unos «1.310 hogares y otros 65 esperan el certificado de habitable por falta de servicio eléctrico, acueducto y documentación técnica». Las provincias de Villa Clara, Camagüey y Sancti Spíritus son las que más inciden.

Víctimas por derrumbes: ¿qué responden las autoridades? 

En la prensa independiente, y en los últimos tiempos también en la estatal, son frecuentes los reportes de derrumbes parciales o totales de edificios. El paso de huracanes y un tornado, las lluvias y los vientos, han deteriorado o destruido un fondo habitacional frágil. Durante la temporada húmeda, de junio a noviembre, este tipo de accidentes son más comunes.

Antes que un edificio sea demolido o se haya derrumbado, el protocolo indica que debe haber pasado al menos una revisión técnica y haber sido declarado inhabitable o irreparable. Las familias que residan en esas viviendas deben ser desalojadas y, si hay balcones, deben ser apuntalados, cosa que no siempre se hace.

En 2019 el Gobierno de la capital demolió las casas de diez familias habaneras que residían en la calle San Antonio No.4 entre Calzada de Puentes Grandes y Santa Rosa, con la promesa de hacerles viviendas nuevas. A mediados de 2023 recibieron por parte de las autoridades la noticia de que no continuarían las obras por «falta de presupuesto», según informó a Diario de Cuba, Héctor Javier Tamayo, uno de los afectados. 

Tres niñas murieron el 27 de enero de 2020, cuando se desplomó un balcón de un inmueble en el barrio Jesús María, de la Habana Vieja. La noticia se difundió en medios internacionales y la prensa estatal dijo que se trató de un «triste accidente». Los nombres de las niñas son María Karla Fuentes y Lisnavy Valdés, de 11 años, y Rocío García, de 10.

La periodista cubana Mónica Baró dijo en su momento que los derrumbes, «en la mayoría de los casos, no son accidentes». Baró investigó el fallecimiento de las tres niñas, habló con vecinos y especialistas y concluyó que este derrumbe ocurrió por negligencia estatal.

Como respuesta a la muerte de las niñas, una parte de la sociedad civil creó la iniciativa #peligrodederrumbe, un mapa de Google donde están señalados solares en peligro de colapso. La iniciativa fue impulsada y ampliada por los medios YucaByte y el proyecto Inventario.

En esa ocasión las autoridades ofrecieron una indemnización a sus familias de 350 pesos mensuales y las presionaron -según sus testimonios- para que no ofrecieran declaraciones públicas o la prensa independiente, después de que lo ocurrido provocara la indignación entre los cubanos de dentro y fuera de la isla. 

Otro caso similar ocurrió en septiembre de 2022. Una menor falleció en Guantánamo, víctima del derrumbe de una pared de la escuela a la que asistía.

«Muy contenta se levantaba todos los días y le daba un beso a su papá antes de irse para la escuela y hoy en la escuela de San José, municipio de El Salvador, cae una pared podrida y le quita la hija a sus padres por una escuela sin condiciones en el 2022» escribió en su perfil -citada por Diario Las Américas- de Facebook Mryan de Cuba, quien es natural de Guantánamo y reside en Bélgica.

Esa publicación fue compartida por Yexenia Omaña, familiar de la niña, quien compartió fotos de la menor con el mensaje: «Pido por favor que tomen conciencia de lo que acaba de pasar. Por despreocupación los más pequeños son los que pagan las consecuencias».

Un mes después, otra niña cubana de cinco años murió el 17 de octubre de 2022 víctima de un derrumbe ocurrido en un edificio de La Habana Vieja. 

Y en 2023, una funcionaria de vivienda citada por el medio alemán Deutsche Welle afirmó estar «sorprendida» del derrumbe de un recinto en la Habana Vieja (uno de los municipios más afectados) que no estaba apuntalado. Durante las labores de rescate fallecieron dos bomberos, además de un hombre de 79 años.

Planes oficiales para «beneficiar a familias numerosas» vs. realidad

En mayo de 2021 entró en vigor el Acuerdo 9009, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No.57, que establece la supuesta asignación de viviendas y recursos financieros para la construcción, rehabilitación, ampliación o remodelación de inmuebles a las madres, padres o tutores legales con tres hijos o más (hasta 17 años).

La disposición, que forma parte del Programa de Atención a la Dinámica Demográfica, que pretende estimular la natalidad y fecundidad ante el alto envejecimiento poblacional en el país, también ofrece «beneficios» a las parejas jóvenes con uno o más hijos que presentan problemas habitacionales. Por ejemplo, según difundió la prensa estatal, las administraciones locales del Poder Popular podrían «comprar viviendas de prioridad personal para su asignación, siempre que sea más rentable que construirla».

Sin embargo, según los numerosos testimonios de madres cubanas con tres hijos (o más) y que viven en muy precarias viviendas, con peligro de derrumbe o no tienen un lugar donde permanecer, a pesar de comunicar su situación a los funcionarios locales, no han obtenido ninguna respuesta ni solución. 

A inicios del pasado noviembre, Yudisnelis González, madre de tres menores de edad, ocupó la biblioteca municipal de San Germán, en la provincia de Holguín, por no tener un lugar donde vivir a pesar de haber solicitado ayuda a las autoridades, según declaró a Martí Noticias.

A pesar de que el lugar está en peligro de derrumbe y no tiene agua, ni electricidad, González aseguró que no saldría de allí hasta no tener donde permanecer junto a sus tres hijos. «Yo vivía en la calle 30, final. La casa era un ranchito, las paredes eran de trapo y de sacos viejos, entonces se mojaba más adentro que afuera cada vez que llovía. Estaba viviendo al aire libre, por eso fue que tomé la decisión de meterme allí», contó. 

González denunció que no obtuvo ninguna respuesta de las autoridades locales: «Fui a Vivienda, fui al gobierno también; iba casi todos los días y no me hacían caso».

¿Cuál es la situación de las personas sin una vivienda?

Depende. Algunas viven con otros familiares u ocupan asentamientos ilegales conocidos como «llega y pon», otras están en situación de calle y otras viven en albergues, como se llama coloquialmente en Cuba a refugios administrados por el Gobierno. El nombre oficial de estos edificios es «comunidades de tránsito», que implica que la situación de los albergados es «transitoria» y «temporal». Pero hay personas que llevan más de 20 años residiendo en esos locales.

Un reportaje publicado en la prensa independiente describió un albergue ubicado en la periferia de La Habana como una nave con «diminutos cubículos» en los que pueden convivir familias de hasta 6 personas. Las condiciones en esos lugares suelen ser difíciles y el acceso a los servicios básicos es limitado. Las plagas de roedores o insectos, la poca higiene, en ocasiones ausencia de baños o habitaciones y la mala calidad de elementos estructurales como el techo o las paredes son algunas de las cosas que enfrentan quienes viven albergados.

El 8 de enero de 2021 residentes en uno de estos locales protestaron en la noche y pidieron su traslado a una edificación con mejores condiciones. «Muchos niños y adultos han enfermado, no soportamos más», afirmaron los manifestantes.

La arquitecta Marta Garcilaso de la Vega apuntó en su tesis doctoral que quienes residen en estos albergues son personas empobrecidas. Garcilaso de la Vega añadió que, por la caída del campo socialista europeo a principios de los años 90’, se afectó considerablemente el sector de la construcción en el país y que por eso los plazos de entrega de nuevas viviendas a perjudicados se suelen dilatar en el tiempo.

La prensa oficialista estableció en 105 el número de estas comunidades de tránsito en la capital, una cifra que es difícil de comprobar, pues las autoridades no son transparentes ni existen instituciones independientes que puedan levantar esa información con fiabilidad. No encontramos datos disponibles en otras provincias.

Más de 132.000 personas se encontraban en anuencia de albergue en La Habana a finales de 2014, es decir, habitando en viviendas declaradas inhabitables. Debido a la ausencia de datos actualizados es complicado aseverar cuánto puede haber variado esa cifra. El deterioro de las viviendas cubanas por falta de recursos, los derrumbes causados por eventos meteorológicos y la mala gestión gubernamental han sido señalados como algunas de las causas del colapso del sistema estatal de albergues.

Por su parte, es normal que el Gobierno prometa mejoras y soluciones. Una noticia de principios de 2020 aseguró que el poder iba a «transformar» los albergues en «viviendas dignas y decorosas». «Comenzó el conteo regresivo que marcará la erradicación de las comunidades de tránsito», se pudo leer en un periódico regional. Hasta el momento, no parecen haber indicios de mejora y el fondo habitacional continúa su deterioro.

Por otro lado, en La Habana hay decenas de barrios marginales insalubres, por ejemplo en: 

Los Sitios (32.700 habitantes) 

Cocosolo (31.484 habitantes) 

Los Pocitos (28,102 habitantes)

Otras comunidades en precarias condiciones son, según un reporte de DDC, El Fanguito, El Hueco, Los Mangos, La Timba, La Jata, Palo Cagao,  Atarés, La Güinera, El Palenque, La Escalera, Indaya, Cambute, La Isla del Polvo, Alturas del Diezmero, El Tropical, Ruta 11, El Canal, El Plátano, Las Cañas, Núñez, El Casino, La Yuca, La Ceiba, Los Bloques, Jesús María, La Corea, La Cuevita, La Loma del Burro, y muchos otros. 

Crítico fondo habitacional v/s inversión en hoteles

Desde hace años el sector de los servicios inmobiliarios, las actividades empresariales y de alquiler es el que lidera las inversiones del Estado cubano. Dentro de este sector está incluida la construcción de nuevos hoteles e instalaciones turísticas, algo que la ciudadanía ha criticado con ahínco.

Solo de enero a junio de 2023, el Estado invirtió 16.360,1 millones de pesos en un sector que tuvo un crecimiento por debajo de lo esperado y que no acaba de recuperarse. En contraste, las inversiones en el sector de la construcción fueron de 1023,4 millones de pesos, siendo uno de los que menos dinero recibe.

Según el economista Pedro Monreal, el patrón de inversión en el país está «deformado», debido a que el principal objeto inversionista, el turismo, no aporta todo lo que debería al crecimiento económico.

A finales de 2023, autoridades partidistas admitieron a la prensa que sólo cumplieron alrededor del 50% del plan de vivienda contemplado para ese año. El principal motivo del incumplimiento, dijo el primer ministro Manuel Marrero Cruz, fue la escasez de cemento y acero. Para finales del mes de octubre estaban terminados 13.300 inmuebles, pero no se sabe exactamente si serán otorgados a personas en condiciones de vulnerabilidad.

Si bien los estados son soberanos para decidir en qué rubros colocar sus inversiones, para muchos activistas de la sociedad civil la crisis actual resulta incoherente con la narrativa de protección social que constantemente utiliza el poder.

Tanto la ciudadanía como el Estado deben recurrir a «materiales alternativos», como los ladrillos hechos de arcilla, para edificar viviendas. El aumento de los costos de los insumos de construcción provoca que ni siquiera quienes califiquen para acceder a subsidios estatales puedan permitirse levantar una casa: el valor de las cabillas, los bloques o la grava aumenta sin que lo haga la asignación estatal.

Y mientras la ciudadanía no cuenta con materiales fiables o de calidad, representantes gubernamentales hablan de la existencia de 81.000 habitaciones y de la apertura de nuevos hoteles. El urbanismo hotelero crece y lo hace, a diferencia de otros sectores de inversión, con dinero fundamentalmente cubano.