Día de la libertad de prensa: ¿por qué Cuba es uno de los peores países para hacer periodismo?

El 3 de mayo se celebra el Día de la Libertad de Prensa, establecido desde 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta fecha se evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial y se denuncian los ataques a los profesionales del periodismo. 

En el ranking anual de los países con menos libertad de prensa en América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Cuba es ubicada cada año en los peores puestos de la región. La situación en la isla se considera «muy grave».

Para la vicepresidenta de RSF, Edith Rodríguez Cachera, en el caso de Cuba «se tienen en cuenta el deterioro y la práctica inexistencia de la libertad de prensa». 

Rodríguez Cachera ha explicado que, si bien no se registran asesinatos de periodistas, «es un país sin pluralidad informativa, sin nada que se parezca a un periodismo libre; un país que ejerce un control férreo sobre las comunicaciones, sobre Internet y que tiene una especialidad propia que es enviar a los periodistas al exilio, acosarlos mediante la Seguridad del Estado, intimidarlos y atropellarlos».

Uno de los casos más recientes es el del periodista cubano José Luis Tan Estrada, arrestado arbitrariamente el viernes 26 de abril de 2024 y trasladado al  principal centro de detenciones de la Seguridad del Estado en La Habana, una unidad conocida como «Villa Marista». Organizaciones y activistas de derechos humanos pidieron la liberación inmediata del reportero independiente, colaborador de medios como CubaNet. El primero de mayo el reportero independiente fue excarcelado.

Tan Estrada, quien además es activista por los derechos humanos en la isla, antes de ser detenido en La Habana, fue citado en varias ocasiones por la policía política de Camagüey, donde reside. El 16 de abril denunció que le impusieron una multa de 3000 pesos cubanos (unos 125 dólares) por violar el Decreto Ley 370, empleado por las autoridades para criminalizar el discurso crítico en redes sociales.

PEN Internacional pidió «a las autoridades cubanas que detengan el hostigamiento a las voces críticas en su país».

La investigadora regional de Amnistía Internacional (AI), Johanna Cilano, también declaró en redes sociales sobre el caso de Tan: «Informar no es un delito. Ayudar a los que necesitan medicinas, alimentos, abrigo no es un delito. Mostrar solidaridad, civismo y compromiso no es delito». 

También el académico colombiano Sergio Ángel, director de Programa Cuba, condenó la detención y recordó que Tan Estrada fue expulsado por motivos políticos de la Universidad de Camagüey.

«Las autoridades cubanas le temen tanto a la libertad de prensa que detienen injustamente a periodistas. Sin libertad de prensa se reduce la auditoría y escrutinio de quienes ostenta el poder, por eso, la estrategia de los Estados que violan derechos humanos es silenciar al mensajero», escribió en X, Astrid Valencia, investigadora de AI. 

¿Qué se entiende por libertad de prensa?

Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». 

En tanto, la libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de comunicación de investigar y mantener informada a la sociedad en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden en el día a día, sin que por ello, puedan ser víctimas de censura, acoso, hostigamiento o algún tipo de coacción durante el ejercicio de su profesión, según establece Naciones Unidas.

«Esta edición del Día Mundial de la Libertad de Prensa destaca el importante papel que desempeña la prensa, el periodismo, el acceso y la difusión de la información para garantizar y asegurar un futuro sostenible que respete los derechos de las personas y su diversidad de voces, así como la igualdad de género», señaló la ONU. 

Cuba y la libertad de prensa: ¿qué dicen las organizaciones internacionales?

El Estado cubano, y su normativa jurídica, sólo acepta como medios nacionales legítimos a la prensa controlada por el Partido Comunista de Cuba (PCC) o por organizaciones afines a su régimen político e ideológico.

En un informe publicado el 22 de abril de 2024 por la oficina regional de la organización Artículo 19, se denuncia que «Cuba es el régimen totalitario más longevo de las Américas y a escala mundial sólo es superado por Corea del Norte. Es un país en el que no se permite ejercer los derechos humanos y se restringe inexorablemente la libertad de expresión». 

De acuerdo con la ONG que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, «ejercer el periodismo independiente está prohibido en Cuba, solo se permite la propaganda y comunicación oficial en los medios que controla el Partido Comunista». 

Durante 2023, Artículo 19 documentó 274 agresiones en Cuba contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes. 

La organización denunció además, en «el Estado cubano controla los medios de comunicación de “propiedad socialista” y los utiliza para hacer propaganda y desinformar». 

«El objetivo de este modelo es imponer una sola forma de pensamiento y restringir todo derecho que se ubique fuera del marco de la ideología del partido. Entre las restricciones se encuentra el derecho de las personas a recibir información, incluso las favorables al sistema y al gobierno, de forma independiente, es decir, que no pase por el sistema censor que el régimen ha construido durante décadas», advierte Artículo 19 en el informe citado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también manifestaron, el pasado febrero, su preocupación por«la persistencia de acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y prensa independiente».

En un comunicado, la CIDH y la RELE urgen «al Estado a cesar el hostigamiento, así como a respetar y garantizar la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación». También se alertó que en la isla continúa «una política estatal orientada a mantener un control sobre el flujo de información, limitando severamente el espacio cívico y el acceso a la información por parte de la sociedad cubana».

De acuerdo con la nota, «periodistas y medios de comunicación independientes enfrentan un entorno hostil, con restricciones legales y prácticas represivas por informar críticamente sobre el Gobierno. Esto incluye multas y sanciones, asedio y vigilancia policial en sus residencias, detenciones, e interrogatorios intimidatorios».

En el informe mundial 2023 de Human Rights Watch se denuncia además que, en Cuba «periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica de las autoridades suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias».  

Por su parte, el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó en 2023,  al menos, 210 incidentes de restricciones de Internet, entre los que se  incluyen cortes del servicio, bloquear arbitrariamente el acceso a las redes sociales o piratear las cuentas de los periodistas o los sitios web de los medios para los que trabajan, según el informe del ICLEP.

Normando Hernández, fundador y director general de ICLEP, con sede en Miami, dijo que interceptar el acceso telefónico o a Internet es una «estrategia recurrente del régimen para silenciar a los periodistas independientes».

El Departamento de Estado de Estados Unidos también criticó las «severas restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa» en la isla, en su informe sobre Derechos Humanos en el mundo, presentado el 22 de abril de 2024. 

¿Qué periodistas cubanos están en la cárcel por ejercer su profesión?

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) reconoció en el censo de 2023 al reportero cubano independiente Lázaro Yuri Valle Roca como el único periodista preso en la isla. Sin embargo, en el país también está tras las rejas el comunicador independiente Jorge Bello Domínguez, condenado a 15 años de cárcel  por manifestarse en las protestas masivas de julio de 2021. 

Valle Roca, de 60 años, fue arrestado el 15 de junio de 2021 y condenado —un año después— a cinco de cárcel acusado de «propaganda enemiga» y «resistencia», por publicar un video en el que se veía a activistas que lanzaban octavillas con frases de José Martí y Antonio Maceo. 

La organización de derechos humanos Prisoners Defenders, denunció que Valle Roca ha sido víctima de torturas durante su encarcelamiento; así como de falta de atención médica, trabajos forzados, confinamiento solitario, privación de agua y comida, amenazas y angustia provocada por la situación de sus familiares.

Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, se ha pronunciado por la liberación de Lázaro Yuri Valle. También exigen su excarcelación organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el CPJ, Artículo 19, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Por su parte, Jorge Bello Domínguez, de 48 años, se encuentra también en la cárcel del Combinado del Este, tras ser acusado por los presuntos delitos de «sabotaje con carácter continuado», «robo con fuerza», «desórdenes públicos» y «desacato».

En noviembre de 2023, Martha Domínguez, madre del periodista, denunció que su hijo fue «maltratado físicamente». Según declaró a Martí Noticias las represalias podían deberse a que Bello Domínguez hizo pública una carta de 42 presos políticos en rechazo a la postulación de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

El periodista Roberto Quiñones, hoy en el exilio, también sufrió prisión en 2019 y 2020, por su trabajo crítico del Gobierno cubano.

Los comunicadores independientes Esteban Rodríguez y Mary Karla Ares fueron detenidos el 30 de abril de 2021 durante una protesta en la calle Obispo, en La Habana. Rodríguez pasó ocho meses en la cárcel hasta enero de 2022, cuando fue forzado al exilio. Ares, a su vez, fue liberada con cambio de medida a reclusión domiciliaria en mayo de 2021 y se exilió en agosto de 2022.

Durante la llamada Primavera Negra en 2004, Reporteros Sin Fronteras denunció que en la isla 27 periodistas cubanos fueron arrestados. 

También fue presa política, de 1989 a 1990, la reportera Tania Díaz Castro, quien falleció recientemente, el 5 de febrero de 2024.

¿Silencio o exilio? El dilema que impone el Estado a los periodistas independientes

Luego de las protestas antigubernamentales de julio de 2021 en Cuba, Artículo 19 documentó que ocho periodistas fueron obligados a exiliarse -entre ese año y los primeros diez meses de 2022-, por presiones de la Seguridad del Estado, en el marco de una «agudización de la ola represiva desatada por las autoridades». 

De acuerdo con la organización, estas personas «no sólo son forzadas a salir de Cuba sino que también se les impide regresar debido a que las autoridades le imponen una restricción de ingreso al país donde nacieron y del cual son ciudadanas. Al obligarles a salir e impedirles regresar por su condición de periodistas, el Estado cubano viola los derechos a las libertades de expresión y prensa, al acceso a la información y al libre tránsito». 

Cuba registra en la actualidad el mayor éxodo de su historia. Entre quienes se han visto obligados a emigrar —por la represión de la Seguridad del Estado— se encuentran periodistas y colaboradores de varios medios independientes como Diario de Cuba, elTOQUE, 14ymedio, CubaNet, ADNCuba, entre otros. 

Aunque no existen estadísticas oficiales que recojan cuántos periodistas han salido de la isla en los últimos años, es una realidad que alarma a instituciones como Reporteros Sin Frontera. 

«Estamos espantados por el ritmo al que el periodismo cubano está siendo forzado al exilio. Somos testigos de cómo aterrizan en los aeropuertos de España, periódicamente, periodistas jóvenes cubanos que tenían la ilusión de emprender lo más parecido a un periodismo crítico en la isla; y cómo a base de acoso, represión psicológica, torturas emocionales, psicológicas, físicas y persecución de la Seguridad del Estado, al final deciden abandonar su país», expresó Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF.

¿Cómo la ley cubana coarta la libertad de prensa?

El Código Penal (CP), en vigor desde diciembre de 2022, establece en el artículo 143 penas de entre cuatro a diez años de cárcel para quien, «por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional». 

Varios periodistas han asegurado que, durante los interrogatorios, fueron amenazados con ir a prisión por el artículo 143 incluido en la figura delictiva «Otros actos contra la seguridad del Estado», reportó elTOQUE.  

En mayo de 2023, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó la Ley de Comunicación Social, la primera creada en Cuba desde el triunfo de la revolución de 1959 para los medios de comunicación. 

José Raúl Gallego Ramos, periodista cubano y Dr. en Comunicación por la Universidad Iberoamericana (México), declaró a Martí Noticias tras la aprobación de la normativa: «El principal problema de esta ley y de todas las que hagan, es que no cuestionan el orden establecido (que es el problema). Al contrario, lo apuntalan. Más allá de que esta ley no reconozca al periodismo independiente (...) el problema principal está en que sigue siendo pensada para sostener al sistema y reconoce al PCC como rector de la comunicación social».

La carta magna aprobada en 2019 recoge que los medios nacionales «son de propiedad socialista» y «no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad». El Artículo 28 de la Ley de Comunicación Social, también dicta que los medios «son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad».

Además, la ley establece en su Artículo 5.1 que el sistema de comunicación «actúa conforme al Estado socialista de derecho», siguiendo «el ejemplo de [José] Martí y Fidel [Castro], y las ideas de Marx, Engels y Lenin».

La nueva ley omite todo un ecosistema de medios digitales surgidos al margen y en varios casos en abierta oposición al PCC, que han ganado reconocimiento entre las audiencias cubanas y entre sus colegas del hemisferio.

Para su tesis doctoral, Gallego Ramos identificó 56 medios independientes en activo hasta abril de 2022. 

Por su parte Ted Henken, profesor titular de Sociología en el Baruch College (CUNY, Estados Unidos), afirmó en declaraciones a Martí Verifica que «esa ley no es para facilitar la comunicación social, sino para dar más herramientas al Estado [cubano], al Partido y a la Seguridad del Estado, de presionar, sancionar, encarcelar o exiliar a los comunicadores que no siguen las reglas del juego que ellos quieren poner»

Una de las etiquetas más empleadas por los reporteros cubanos hostigados es #InformarNoEsDelito.