Díaz-Canel hace campaña por Maduro en Venezuela con propaganda y desinformaciones

El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dio un discurso en la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos  (ALBA-TCP), el 24 de abril en Venezuela, en el que replicó la narrativa propagandística del chavismo-madurismo, incluyendo desinformaciones sobre el contexto político venezolano.

Según Díaz-Canel, designado por el general Raúl Castro para sucederlo en el cargo de presidente de Cuba en 2018, el proceso electoral venezolano se desarrolla «en un clima de paz y en apego a su Constitución». Sin embargo, esta afirmación es FALSA.

Desde que inició el proceso con las primarias opositoras de 2023, candidatos (críticos del oficialismo) y sus equipos de trabajo han sido víctimas de acoso, agresiones o irregularidades ejecutadas por partidarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y funcionarios del Estado.

El 27 de abril, Ámbar Márquez, Víctor Castillo y Óscar Castañeda, partidarios de Machado, fueron arrestados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el estado Portuguesa, tras un concurrido mitín electoral.

El 20 de marzo de 2024 fueron detenidos forzosamente Henry Alviarez y Dignora Hernández, dirigentes de Vente Venezuela (VV), el partido de la líder opositora María Corina Machado. A 40 días del arresto, ni sus familiares ni sus abogados han podido verlos.

Por otra parte, también fue bloqueada, a finales de marzo, la candidatura de Corina Yoris, profesora y miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, a quien Machado apoyó para que ocupara su lugar en la carrera presidencial, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia rechazara, en enero de 2024, una demanda contra la inhabilitación de Machado.

A Yoris le impidieron inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral mediante el sistema automatizado de postulaciones.

La Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, manifestó su preocupación por las «medidas tomadas para limitar indebidamente el espacio democrático y cívico, incluyendo casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de la oposición».

El mismo Nicolás Maduro ha utilizado un lenguaje lejos de la conciliación y la paz, como cuando en enero de 2024 amenazó a sus adversarios con activar «la furia bolivariana», escudado en supuestas conspiraciones de magnicidio.

Marino Alvarado, directivo de la ONG venezolana Provea, dijo a la Voz de América que la estrategia denominada como «furia bolivariana», incluye «detenciones» y «perseguir para obligar al exilio a líderes políticos y sociales, e intimidar». En opinión del defensor de derechos humanos, «se trata de meterle miedo a la gente» para que no forme parte de ningún voluntariado de cara a las elecciones presidenciales.

Luego, en un acto público para celebrar el 32 aniversario del fallido golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez (4 de febrero de 1992), liderado por Hugo Chávez (1954-2013​), el sucesor designado por éste dijo que ganaría las elecciones «por las buenas o por las malas».

Barreras inconstitucionales 

La Contraloría venezolana ha decretado varias inhabilitaciones políticas a opositores, incluida la ganadora de las primarias María Corina Machado, a quien impiden participar en las elecciones del 28 de julio.

Según expertos, estas medidas son inconstitucionales pues no están fundamentadas en sentencias firmes tras juicios penales. 

Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmara las inhabilitaciones de Henrique Capriles Radonski y María Corina Machado, el abogado constitucionalista Gustavo Manzo declaró a Efecto Cocuyo: «En mi opinión se trata de unas decisiones del TSJ que comportan profundas violaciones del texto constitucional». 

De acuerdo con el especialista, «pareciera que se trata de un criterio de selección. Unos sí, otros no. Lo que evidentemente viola un principio de nuestra Constitución que es el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Esto continúa desmontando el Estado de derecho en Venezuela», añadió.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Venezuela a garantizar la participación de la oposición en las elecciones presidenciales y criticó la exclusión de Corina Yoris.

«Impedir la participación de algunas o determinadas candidaturas opositoras en el proceso electoral corrobora que el Poder Electoral no ofrece garantías de independencia e imparcialidad», y «anula la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas», expresó la CIDH en un comunicado, citado por France 24.

Tras las irregularidades y violaciones de derechos políticos, la oposición acordó unirse en torno al diplomático Edmundo González Urrutia, quien sí había logrado postularse el 26 de marzo.

Esta sucesión de hechos fueron omitidos por el gobernante cubano Díaz-Canel en su discurso, quien sí mencionó «la intentona de magnicidio contra el hermano Maduro hace apenas un mes». Pero el relato en torno a la investigación de los presuntos participantes presenta irregularidades, como se explica en esta verificación publicada por Cazadores de Fake News.

Informaciones confusas sobre «la intentona de magnicidio»

El Fiscal General, Tarek William Saab, presentó el 15 de abril declaraciones de los imputados Jerry Ostos y Carlos Castillo, que supuestamente implican al periodista y activista Carlos Julio Rojas en un intento de asesinar a Maduro el 25 de marzo de 2024.

«Estas acusaciones fueron reveladas un día después de la detención de Rojas, y se respaldaron con capturas de pantalla de WhatsApp, supuestamente extraídas del teléfono de Ostos, mostrando a Rojas dando instrucciones relacionadas con el plan», informó Cazadores de Fake News.

Sin embargo, la organización venezolana de fact-checking examinó el material y descubrió «múltiples indicios de manipulación», incluidos «errores ortográficos inusuales, tipos de fuente y formatos de mensajes atípicos y números de teléfono que no están expresados con el estándar usual de WhatsApp».

De acuerdo con Cazadores de Fake News, «estas anomalías sugieren que las pruebas podrían haber sido alteradas. Este contexto plantea preguntas críticas sobre la validez de las acusaciones y la autenticidad de las evidencias presentadas por el fiscal».

Tarek William Saab, quien no esconde su parcialidad a favor del chavismo-madurismo, fue condecorado recientemente por la Fiscalía General de la República de Cuba, por ser «defensor del respeto a la legalidad e institucionalidad».

Otra investigación de Cazadores de Fake News reveló que Jerry Ostos, uno de los detenidos por el supuesto complot, fue funcionario estatal y subalterno de un hermano de Diosdado Cabello, número dos del PSUV.

Ostos se comportó públicamente hasta 2021 como un «ferviente oficialista» que atacaba en redes sociales a quienes criticaban al gobierno. Ahora las autoridades chavistas intentan relacionarlo con Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado.

«Rechazamos categóricamente las acusaciones que Nicolás Maduro (...) que pretende involucrar a dos supuestos “miembros de nuestra organización” en un atentado en su contra; personas estas cuya identidad y vinculación con nuestro partido desconocemos y repudiamos», publicó Vente Venezuela en un comunicado.

Según la organización opositora, se trata de una «infundada acusación (...) para justificar más persecución y detenciones en contra de quienes hemos asumido el derecho de exigir los cambios democráticos que hoy piden los ciudadanos».

¿Por qué Díaz-Canel respalda la narrativa de Maduro?

Miguel Díaz-Canel también se quejó de las sanciones de Estados Unidos al Gobierno venezolano, pero omitió que Washington alivió restricciones en meses recientes, hasta que las restableció por considerar que Maduro incumplió parte del acuerdo de Barbados.

En las elecciones del 28 de julio no solo está en juego una transición en Venezuela. La Habana podría perder un fuerte aliado que le provee de recursos vitales como el petróleo, y de apoyo internacional.

Cuba ha colaborado en la permanencia del chavismo-madurismo en el poder con entrenamiento en técnicas de represión, reveló una investigación de Reuters publicada en 2019.

La agencia de noticias tuvo acceso a dos acuerdos suscritos en 2008 por Cuba y Venezuela, que dieron a las autoridades de la isla «un vasto acceso al sector militar de Venezuela y amplia libertad para espiarlo y reformarlo».

Los acuerdos «llevaron a la imposición de una estricta vigilancia de las tropas venezolanas a través de un servicio de inteligencia, ahora conocido como la Dirección General de Contrainteligencia Militar, o DGCIM», según Reuters.

Por otra parte, Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, declaró que exfuncionarios de la DGCIM informaron a la misión sobre el asesoramiento y la participación de «personal militar cubano» en la tortura de disidentes venezolanos.

Cuba es el país con más presos políticos en el continente, según organizaciones de derechos humanos que registran cifras cercanas a las 1000 personas recluidas por disentir del régimen. Luego le sigue Venezuela, con 270 presos políticos, de acuerdo con un reporte del 22 de abril de Foro Penal, una ONG con sede en el país sudamericano.