Es FALSO que el régimen cubano tenga «voluntad política de transparentar su gestión» con nueva ley

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) -Parlamento cubano- aprobó el 18 de julio de 2024 una «Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública». Esta normativa, que según expertos y organizaciones independientes «no cumple con los más mínimos estándares internacionales y regionales», debe entrar en vigor 180 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.

«Esta ley, es la más alta expresión de la voluntad política del Estado y el Gobierno cubanos de transparentar su gestión», declaró Eduardo Martínez Díaz, titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), organismo que trabajó en la elaboración del proyecto de ley. La afirmación es FALSA. 

Aunque en teoría, y por primera vez en la historia legal del país, esta ley supuestamente debe respaldar el derecho de los cubanos a obtener información oficial de forma «veraz, objetiva y oportuna», varias organizaciones aseguran que con la futura implementación de esta normativa se continuará restringiendo el acceso a la información en un entorno de mayor desinformación y control estatal.

En ese sentido, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, alertó sobre «las notables vacancias y limitaciones» del proyecto de ley antes de su aprobación. Según esta organización, implementarla perpetúa un entendimiento restrictivo de lo que constituye información pública.

En la presentación de la ley, el titular del Citma citó varias veces al general Raúl Castro para señalar que, a pesar de lo que indica la normativa, «siempre un Estado tendrá que mantener un lógico secreto en algunos asuntos, eso es algo que nadie discute». Sin embargo, el ministro Martínez Díaz dijo que «es preciso poner sobre la mesa toda la información y los argumentos que fundamentan cada decisión».

Derecho a la información vs. control estatal en Cuba

La ley adopta una definición restrictiva de información pública y deja fuera del control del Citma a varios órganos esenciales como los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y del Interior (Minint), lo que podría limitar el acceso a información crucial y mantener un alto nivel de secretismo estatal.

Según el anteproyecto de ley aprobado, entre las responsabilidades del Citma -ministerio que asume algunas atribuciones que en otros países corresponden a instituciones garantes independientes- estaría «controlar a los sujetos obligados, con excepción de los órganos superiores del Estado, los ministerios del Interior, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y de Relaciones Exteriores, que asumen la rectoría de su propio Sistema de Transparencia y Acceso a la Información Pública».

Otras instituciones importantes como del ámbito judicial, la ANPP y el Consejo de Estado, no están obligadas a transparentar la información, reduciendo significativamente la supuesta eficacia de la ley en promover la transparencia gubernamental.

El abogado y analista Eloy Viera Cañive refirió que esta ley «implica una restricción intolerable al libre intercambio de información pública», al ponderar que los «solicitantes son responsables del uso de la información a la que acceden; por lo que, de hacerlo indebidamente, puede generar responsabilidad administrativa, civil o penal conforme con la legislación vigente».

La normativa prevé amplias excepciones que permiten a las autoridades negar el acceso a la información por motivos de «seguridad nacional» y «orden público». Estas cláusulas son vistas como demasiado imprecisas y pueden ser utilizadas para justificar la no divulgación de información crítica.

Por otro lado, la implementación de la legislación estará  en manos de instituciones que no son independientes del Gobierno, lo que genera dudas sobre la imparcialidad en la gestión de las solicitudes de información. Es por eso que existe el riesgo de consolidar la cultura del secretismo gubernamental en lugar de fomentar una mayor transparencia.

José Raúl Gallego, periodista e investigador cubano exiliado en México, advirtió en redes sociales: «nadie que conozca cómo funciona Cuba puede pensar que, como dice el texto, todo ciudadano sin discriminación de ninguna índole tiene derecho a acceder con celeridad a información pública de calidad, cuando ni siquiera permiten la existencia de periodismo independiente y cuando la mentira y el ocultamiento de información constituyen el día a día de la narrativa del régimen cubano».

En ese sentido, el también doctor en Comunicaciones, señaló la existencia de una gran contradicción en el discurso estatal: «¿Va a ser transparente un sistema que niega la existencia de presos políticos? ¿Que miente con las cifras de todos los indicadores sociales? ¿Que los dirigentes no rinden cuentas? ¿Que tiene todo un entramado empresarial militar al que ni siquiera tiene acceso la propia Contraloría? No puede. Estructuralmente es imposible».

El exjuez cubano Edel González Jiménez alertó recientemente sobre la posibilidad de negar el acceso a información a disidentes, activistas y periodistas independientes.

«El inciso (j) del Artículo 4, referido a los principios que fundan la ley deja fuera, intencionalmente, la discriminación por razones de pensamiento, conciencia, ideología y/o políticos, una de las prácticas de discriminación más lesivas existentes Cuba», advirtió.

Para González, la ley «arrastra como problema serio no prever la creación de un órgano autónomo que garantice y supervise el acceso a la información pública».

Las organizaciones y actores independientes coinciden en que, sin acceso a datos fiables, los ciudadanos no pueden tener opiniones informadas sobre las políticas del Gobierno cubano. Además, alertan que la centralización de la información en manos del Estado y las prerrogativas del Minint y otros órganos oficiales, perpetúa una cultura de la desinformación en la isla.

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