¿Por qué el Parlamento Europeo prohibió la entrada de autoridades cubanas a sus instalaciones?

El Parlamento Europeo (PE) prohibió la entrada a sus predios a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el parlamento unicameral de Cuba, y funcionarios del régimen. La medida se decidió el 14 de marzo pasado en la Conferencia de Presidentes del PE, y fue difundida en un comunicado este jueves 18 de abril de 2024 por la organización de derechos humanos Prisoners Defenders (PD).

La acción responde a la negativa de La Habana de permitir la entrada oficial a una delegación europea.

«Desde 2019 recuerdo agresiones verbales en los medios cubanos y por escrito al Parlamento Europeo y sus representantes. La última ha sido ignominiosa. No sólo prohibieron la entrada a una delegación conformada mediante acuerdo con el Gobierno de Cuba, sino que les llamaron terroristas a los europarlamentarios», dijo Javier Larrondo, presidente de la ONG  Prisoners Defenders, con sede en Madrid.

PD indicó que la decisión es «una herramienta» que «toma la temperatura política» que el gobierno comunista tendrá que afrontar en la próxima legislatura europea.

El eurodiputado español Javier Nart Peñalver (abogado, antiguo corresponsal de guerra y escritor) fue quien impulsó la medida tras la resolución aprobada -con 285 votos a favor, 172 en contra y 46 abstenciones- por el Parlamento Europeo el 29 de febrero de 2024, en la que se denuncia la sistemática violación  de los derechos humanos por parte de las autoridades cubanas.

«Esto es una medida muy extraordinaria, yo en diez años que llevo en el Parlamento Europeo la única vez que se ha producido algo semejante ha sido con algunas personalidades del gobierno o el Parlamento ruso, pero de forma muy puntual, y en este caso, es prohibición absoluta de que pongan los pies en el Parlamento Europeo, que es un parlamento democrático, esos elementos que se corresponden con un parlamento puramente aparente, que representa únicamente la voluntad de la dictadura», declaró a Martí Noticias Javier Nart, adscrito al Grupo Renew Europe.

De acuerdo con Nart, el fallo del Parlamento Europeo entró en vigor esta semana. Desde 2020 el eurodiputado español es miembro del Comité de Expertos de Prisoners Defenders International.

En tanto, fuentes de la institución también confirmaron a la agencia de noticias EFE que se tratan de «medidas temporales de reciprocidad con respecto a los miembros de la Asamblea cubana». 

En la resolución «Situación crítica en Cuba» se señala que, «a pesar de que se haya insistido desde hace años en la necesidad de visitar la isla, las autoridades cubanas se niegan sistemáticamente a permitir la entrada en Cuba o las visitas a presos por parte de comisiones oficiales, delegaciones y grupos políticos del Parlamento Europeo, organizaciones internacionales de derechos humanos y otros observadores independientes de la situación de los derechos humanos, incluidos los relatores especiales de las Naciones Unidas».

¿Qué influyó en tomar la medida? 

Según el comunicado de PD, en el otoño de 2023 el Parlamento Europeo, «tras múltiples peticiones, y ante la gravedad excepcional que había tomado la situación de los derechos humanos en la isla, tomó la decisión de conformar una Delegación para una misión ad hoc a Cuba». Los miembros de la delegación eligieron a Javier Nart como presidente de dicha comitiva.

El programa de los eurodiputados en la isla incluiría reuniones oficiales con altos funcionarios gubernamentales de la Cancillería cubana, autoridades judiciales y de la ANPP. También se previeron intercambios con activistas por los derechos humanos, incluidos los reconocidos con el Premio Sájarov, otorgado a la organización Damas de Blanco (2005) y al opositor Guillermo Fariñas (2010); familiares de los presos políticos, periodistas y representantes de la sociedad civil. Sería «un programa de trabajo fundamentado en democracia, transparencia y libertad», se precisó entonces. 

Javier Nart, como presidente de la delegación, envió una carta a Yaira Jiménez Roig, embajadora de Cuba ante la Unión Europea, expresándole «el valor que el Parlamento Europeo da a nuestras relaciones con la República de Cuba y en consecuencia la importancia de esta delegación ad hoc que facilitará el mejor mutuo entendimiento dentro de la normalidad que debe existir en el diálogo político entre la República de Cuba y la Unión Europea dentro del marco del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación que el Parlamento Europeo aprobó el 5 de julio de 2017».

En el documento el eurodiputado pedía, además, iniciar los trámites de la visita y fijar un calendario. 

La respuesta del Gobierno cubano fue la cancelación de la visita y dirigir una misiva a Roberta Metsola, Presidenta del Parlamento Europeo, en la que acusaron a Nart y a otros miembros de la comitiva de relacionarse «con una clase de terroristas internacionales sin precedentes».

Tras la aprobación de la medida que limita el acceso de funcionarios cubanos a la Eurocámara, Javier Nart declaró a Martí Noticias: «el resultado está ahí y los acuerdos del Parlamento Europeo no mueren con la legislatura que va a acabar. Se mantienen y, por lo tanto, el siguiente gobierno europeo, o sea la Comisión Europea, tendrá un comisario de Relaciones Exteriores que no será el que tenemos ahora, que es Josep Borrell, que, siendo una persona a la que yo respeto profundamente, en el caso de Cuba es algo que jamás he podido entender».

«Yo tengo la sensibilidad de haber vivido la dictadura en España y, evidentemente, quiero para los demás lo que quiero para mí: dignidad, libertad y democracia», añadió. 

El parlamentario denunció que en la isla hay «el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder represivo es todo uno. Existe en Gaesa, que es una institución fundamental porque es la que controla y gestiona los aspectos más importantes de la economía cubana y todo ello está en manos de generales (...) es una oligarquía que vive sobre la sangre del pueblo de Cuba, que se llama revolucionaria pero que no es más que la más sórdida reacción: el liberticidio. No hay nada más obsceno que el liberticidio, que es la oligarquía cubana. Bajo el nombre de la revolución que nunca existió».

¿Cuáles son las sedes de la Eurocámara a las que no pueden entrar los funcionarios cubanos?

El Parlamento Europeo tiene tres sedes: la de Estrasburgo (Francia); otra en Bruselas (Bélgica), donde se realizan la mayoría de las actividades de las comisiones parlamentarias; y la ubicada en Luxemburgo, donde radica la sede de la Secretaría General.

¿Qué más pide la resolución del Parlamento sobre Cuba? 

La resolución subraya que, «el 5 de julio de 2017, el Parlamento concedió su aprobación al Acuerdo UE-Cuba [Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros], con condiciones claras vinculadas con la mejora de los derechos humanos y la democracia en Cuba, entre ellas una cláusula de suspensión en caso de violación de las disposiciones en materia de derechos humanos; que en la Resolución que la acompañaba se pedía a las autoridades cubanas que permitieran a las delegaciones del Parlamento entrar en el país y tener acceso a sus interlocutores».

En el texto se advierte que «las organizaciones de derechos humanos siguen documentando la represión continuada del derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en ese país, y que las autoridades cubanas siguen acallando las voces disidentes y persiguiendo a los defensores de los derechos humanos». 

En la resolución que adoptó el 29 de febrero el Parlamento Europeo también se señala que, a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), «la situación de falta de democracia y libertades en Cuba no ha mejorado». 

Como indican en el inciso E, «el Instituto para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia actualizó el World Prison Brief (informe mundial sobre prisiones) en enero de 2024, en el que señalaba un aumento del número de presos en la isla que sitúa a Cuba en segundo puesto mundial en cuanto a su índice de encarcelamiento; que el Gobierno cubano sigue recurriendo a la detención arbitraria para acosar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas».

Además, se manifiesta en el texto la preocupación por el «alarmante aumento del número de presos políticos (...) lo que convierte a Cuba en la mayor prisión para activistas políticos y disidentes de América Latina»; se condena la exportación de profesionales por el Estado cubano y el «trabajo forzoso» del que son víctimas; se denuncia el aumento de los feminicidios en el país y la «preocupante situación» de poblaciones vulnerables como las mujeres, las minorías étnicas y la comunidad LGBTIQ+; se indica al Gobierno cubano que «debe realizarse una investigación totalmente transparente que lleve ante la justicia a los responsables de los asesinatos de Oswaldo Payá y Harold Cepero».

Asimismo la resolución hace un llamado al Consejo de la Unión para aplicar sanciones globales a los responsables de las «persistentes violaciones» de DD.HH. en la isla, «empezando por sancionar a Miguel Díaz-Canel, como figura de mayor rango en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas, así como a otros altos funcionarios del Gobierno cubano y a todos los responsables del encarcelamiento de presos políticos».

Al momento de publicar este Explicador, ni la Asamblea Nacional del Poder Popular ni la Cancillería cubana se habían pronunciado sobre este asunto.