¿Cuba tiene un “gobierno progresista” como afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho diversas declaraciones públicas sobre el régimen de La Habana que provocaron polémica. Recientemente, mencionó los países de Latinoamérica que, según ella, tendrían “gobiernos progresistas”, entre los cuales incluyó a Cuba. 

“América Latina tiene a Chile, con [Gabriel] Boric; recientemente ganó el Frente Amplio en Uruguay, que recuperó este frente progresista del gobierno de Uruguay. Bolivia, que tiene su problemática particular, pero es un gobierno progresista. Por supuesto Brasil, con Lula [da Silva]; Honduras, con la presidenta Xiomara [Castro]; Guatemala, con el presidente [Bernardo] Arévalo y México. Venezuela, que tiene su problemática que todos conocemos; y Cuba, evidentemente”, dijo  Sheinbaum en su habitual conferencia matutina del 17 de diciembre al dibujar un supuesto mapa del progresismo en la región.

Pero en cuanto a la mención específica de Cuba, donde el Partido Comunista (PCC) monopoliza el poder desde hace décadas, la afirmación de la mandataria mexicana es FALSA.

Si bien en la retórica oficial del Estado cubano habla a favor de diversas causas sociales en el mundo, es señalado por limitar la existencia de otras organizaciones políticas y perseguir y castigar la diversidad ideológica, lo que contrasta con los principios progresistas de pluralidad y participación democrática. Además, la cuestionable gestión de los recursos genera desigualdad y acceso deficiente a servicios básicos.

Sin democracia ni libertades fundamentales, y con violaciones de DD. HH.

Durante su intervención, la heredera política de Andrés Manuel López Obrador, aliado del régimen cubano, no describió explícitamente lo que considera como “progresismo”.

Sin embargo, el término —que puede ser entendido de maneras ligeramente diferentes según el país—, en su esencia, de acuerdo con la Unión por las Libertades Civiles de Europa “tiene que ver con la igualdad, los derechos humanos y la igualdad de protección y trato ante la ley. También encarna el respeto a la democracia, ya que este sistema y sus instituciones políticas son los que mejor protegen los valores progresistas y los derechos fundamentales”. 

Diversos diccionarios definen el progresismo, en tanto doctrina política y social, con elementos comunes, como su defensa de “las ideas avanzadas, en especial aquellas que propugnan el estado del bienestar, el desarrollo cultural, la defensa de los derechos civiles y un cierto reparto de la riqueza”; o “el progreso en todos los órdenes, especialmente en el político”.

La contradicción entre el discurso supuestamente “progresista” de la llamada “Revolución cubana”, y la realidad de los derechos humanos en la isla, fue descrita por la prestigiosa ONG Human Rights Watch (HRW), al examinar el legado de Fidel Castro, de la siguiente manera: “El progreso en el plano de los derechos económicos, sociales y culturales nunca estuvo acompañado por avances similares en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos. Durante las décadas en que Castro se mantuvo en el poder, la negación de libertades fundamentales fue implacable”.

Según el abogado José Miguel Vivanco, exdirector para las Américas de HRW, “a medida que los países de América Latina abandonaban gradualmente los regímenes autoritarios, la Cuba de Fidel Castro siguió siendo el único país de la región que continuó reprimiendo prácticamente todos los derechos civiles y políticos”.

Para el Dr. Armando Chaguaceda, politólogo e historiador cubano, “ser progresista supone apostar a lo secular, la diversidad y el pluralismo” como idea de evolución social, “sin impulsarla mediante una ingeniería social revolucionaria, sin resistirla con la violencia reaccionaria, siendo ambas legados de los totalitarismos, de izquierda y de derecha, del siglo XX”.

Estos conceptos entran en contradicción con las prioridades del régimen de La Habana, si se consideran los disímiles cuestionamientos y denuncias de organizaciones internacionales de derechos humanos y la sociedad civil cubana, por la falta de libertades y la violación de DD. HH. en la isla, donde actualmente hay cientos de prisioneros políticos, según el registro de la ONG, Justicia 11J. 

Esta realidad fundamenta las consideraciones de expertos como Chaguaceda, quien en un artículo reciente ubica al Gobierno cubano como representante de una “izquierda iliberal”.

“Si evaluamos la realización de elecciones libres y justas (condición básica, aunque no suficiente, para el progreso de la política democrática), los casos de mayor vulneración son tres autocracias 'revolucionarias' (Cuba, Nicaragua y Venezuela)”, explicó Chaguaceda en otro artículo publicado en Diálogo Político.

Según se describe en el informe Democracia de papel (2021), publicado por la ONG internacional Article 19 en “en Cuba existe un sistema totalitario —aunque se dice democrático—, en que el partido único absorbe y decide todo sobre el ciudadano, lo que es y en lo que quiere que se convierta. Un lugar en donde las leyes, las instituciones, los funcionarios públicos y buena parte de la sociedad sirven a un ideal que, en términos prácticos para la libertad de expresión, no mata periodistas, pero sí 'ha matado el periodismo', pues existe una política de Estado para violentar la libertad de expresión, de información y de asociación”. 

Sobre la falta de democracia en la isla, el abogado cubano y analista político Eloy Viera Cañive, ha explicado que “el discurso de la burocracia cubana desde los primeros días del castrismo ha relegado la importancia de la representación” en la práctica política.

En un análisis publicado en video por el medio independiente elTOQUE, Viera Cañive argumenta: “Para justificar las notables diferencias del sistema electoral cubano, los ideólogos han apelado a conceptos como 'gobierno colectivo', 'poder popular', y a frases como la 'participación continua del pueblo en la toma de decisiones políticas es un principio básico en el funcionamiento del modelo socialista de democracia'. Pero (...) todo eso es poco menos que un lema, una construcción propagandística diseñada para tratar de justificar la persistencia durante más de seis décadas, de un modelo político excluyente, un modelo donde la gente no tiene capacidad, ni siquiera, para decidir el día y la forma en que recibirán el servicio de agua; mucho menos para participar en el juego político (...)”.

Crisis cubana: estructural y sistémica

En el texto ¿Qué significa ser ‘progresista’ hoy en día?, publicado por el medio español Catalunya Plural, se menciona que si escuchamos a alguien —o un gobierno, como es el caso— que se define como progresista, entendemos que “considera justo que se redistribuya la riqueza de los más ricos hacia los más pobres. Del mismo modo, se podría decir que un ‘progresista’ no cuestiona el statu quo (...), pero sí considera que el Estado debe intervenir de manera más firme en la economía para asegurar que todos puedan tener una vida digna”. Incluso desde ese punto de vista, el traje del “progresismo” le queda grande al régimen de Cuba.

Cuba cerró otro año con una aguda crisis económica y social, expresada en el aumento de la pobreza, la escasez generalizada, prolongados cortes eléctricos, afectaciones en los suministros de agua y gas, el éxodo masivo más grande en la historia del país y una decadente producción nacional de bienes.

A pesar de la crisis económica y las necesidades básicas insatisfechas de la población, la administración de Miguel Díaz-Canel, designado por el general Raúl Castro para sucederlo en la presidencia del país, ha priorizado los recursos para la construcción de hoteles para el turismo.Varios economistas han demostrado que en la isla se invierte más en desarrollar los servicios e inmuebles relacionados con el turismo, un sector con pérdidas en los últimos años y controlado principalmente por los militares, que en los deteriorados sectores de Salud Pública, Asistencia Social, Educación y en la Agricultura. 

Pedro Monreal, Doctor en Economía, ha explicado que entre el año 2020 y junio de 2024, la inversión principalmente asociada al turismo (suma de “hoteles y restaurantes” y de “servicios empresariales y actividad inmobiliaria”) promedió un 38,9 % de la inversión total del país, frente a 9,4 % de la inversión dedicada a electricidad, gas y agua”.

Tras la primera desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a mediados del pasado octubre, que provocó un apagón casi total en la isla, Monreal declaró: “El descalabro del sistema electroenergético cubano pone de relieve uno de los principales desaciertos de la política inversionista en Cuba: exagerada inversión asociada a un turismo con baja utilización de su capacidad y desatención a la desvencijada infraestructura del país”. 

Además, en el recién concluido período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) —parlamento unicameral—, las autoridades destacaron la importancia de priorizar el respaldo incondicional a la Policía y las Fuerzas Armadas (pilares del aparato represivo estatal), a la vez que reconocieron la falta de recursos en los sectores y programas sociales. 

Tras el triunfo de la revolución de 1959, se promovieron en la isla políticas gubernamentales destinadas a garantizar la alfabetización y el acceso a la salud para todos los ciudadanos. Sin embargo, en la actualidad los sistemas de Educación y Salud están marcados por la falta de profesionales, escasez de recursos y precarias infraestructuras. 

Por otro lado, casi la mitad de los pensionados cubanos se encuentra en “situación de vulnerabilidad” con un ingreso igual o inferior a la mínima de 1.528 pesos —equivalente a 5.09 dólares en el mercado informal—, según datos oficiales. Varios investigadores aseguran que gran parte de ese grupo conformado por 1 millón 821 mil jubilados y pensionados, vive en la pobreza o en la más extrema dependencia familiar. 

Según la narrativa del régimen la causa fundamental de la crisis son las sanciones económicas de Estados Unidos, pero expertos coinciden en que la situación del país se debe a “los problemas estructurales generados por políticas económicas fallidas acumuladas en el tiempo; restricciones al emprendimiento privado y al funcionamiento del mercado; mantenimiento de los mecanismos centralizados en las decisiones económicas; déficit capacidad de ahorro que limita el crecimiento de la inversión; inversiones estatales inadecuadamente localizadas sectorialmente; inserción económica internacional deficiente y alta vulnerabilidad externa, entre otras”.

También cabe destacar que el Gobierno cubano ha promovido una imagen de “avance” en áreas como la igualdad de género y el reconocimiento de derechos para las personas LGBTQ+ con la aprobación del nuevo Código de las Familias en 2022, lo que puede ser considerado un rasgo progresista. Sin embargo, en Martí Verifica hemos analizado la narrativa oficial y encontramos desinformaciones en cuanto a temas de género (ver aquí) y respeto a la diversidad sexual (ver aquí).

Expertos como el historiador Armando Chaguaceda han señalado que incidentes de “criminalización de la comunidad y el activismo LGBT en Venezuela y Cuba coinciden con la homofobia de aquellos liderazgos y movimientos iliberales de la derecha latinoamericana estrechamente aliados al fundamentalismo religioso”; lo que también cuestiona directamente la inscripción de los regímenes de Caracas y La Habana como parte de un eje “progresista” latinoamericano.

En este Explicador puedes conocer otras declaraciones públicas de Claudia Sheinbaum sobre el régimen de Cuba.

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